Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La noche de este martes se consumó lo que en los hechos es el peor ataque a la división de poderes en México de los últimos 30 años, con la extinción de 13 de los fideicomisos con los que opera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Bajo una falsa premisa –los supuestos “privilegios” de los integrantes del Poder Judicial que serían financiados con ese dinero-, el obradorato no solo instrumentó su venganza contra la Corte por todas las leyes que le ha echado abajo por inconstitucionales. Fue también la primera piedra de lo que llaman el “plan C” para desbaratar la autonomía de los poderes de la Unión si Morena y sus aliados sanguijuelas llegan a obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión en las elecciones del año próximo.
En total, el régimen le arrebataría al Poder Judicial alrededor de 15 mil millones de pesos, afectando gravemente su funcionamiento, pero también las prestaciones y derechos de los trabajadores, lo cual miserablemente los palafreneros del régimen han querido negar.
Así lo explicó con gran claridad la oficial mayor de la SCJN, Gisela Morales, quien aclaró que esos fideicomisos no son privilegios, sino derechos y prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, entre éstos, las pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios.
En una reunión con diputados federales –que fue un diálogo de sordos con quienes en los hechos se comportan como meros testaferros del régimen y solo sirven para levantar el dedo-, la experimentada funcionaria de la SCJN les dejó en claro que conceptos que el morenato tilda de “privilegios” de los trabajadores de ese Poder, como la compensación garantizada y la gratificación de fin de año, aparecen en los recibos de nómina de los servidores públicos de todos los poderes. Sí, en el Ejecutivo y el Legislativo cobran eso mismo que aprobaron quitarle a los empleados del Poder Judicial.
Pero en tiempos como los actuales, en los que la verdad es sometida por los sofismas, las medias verdades y las mentiras completas, no hubo argumento que valiera. La instrucción del Ejecutivo a sus dóciles, serviles e ignorantes diputados fue darle una puñalada a la Corte para que, como dicen los sicarios –y como tal se comporta el obradorato-, “aprendan a respetar”. Así lo hicieron. Incluidos los dizque “rebeldes” legisladores afines al cada vez más patético Marcelo Ebrard.
El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador lleva un lustro buscando destruir cualquier contrapeso a sus ambiciones de poder absoluto, haciendo retroceder al país a los tiempos del partido oficial hegemónico y todopoderoso, símbolo del sistema presidencialista autocrático del que abrevó toda su vida el aprendiz de tirano que mal gobierna México como un priista de la más vieja y caduca guardia.
A pesar del golpe, probablemente la Corte encuentre la salida jurídica para evitar la consumación del atraco. Lo cual solo le dará al obradorismo un lema de campaña sobre el cual articular su discurso para pedir el voto: acabar con los “privilegios” a través del llamado “plan C”, que en los tiempos del priato se llamaba el “carro completo” y que le garantizó a éste continuidad. Pero sobre todo, impunidad.
En los ciudadanos está decidir si cometer o no un error histórico en 2024.
La peor Legislatura de la historia
¿Cómo no van a querer someter a la Corte, si tiro por viaje exhibe las pifias e incompetencia del morenato, como en Veracruz?
Por enésima vez, la SCJN tumbó una reforma mal hecha por el Congreso de Veracruz. Esta vez, emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad a una porción del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en la que se establecía que las facultades del Congreso del Estado en materia de ratificación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia son “soberanas”.
Las dos legislaturas que han sido “regentadas” por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín sin duda pueden considerarse como las peores de la historia de Veracruz. Y mire que la competencia estaba dura.
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