MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Como no queriendo, a pregunta sembrada por uno de esos asistentes a la mañanera en Palacio Nacional –nadie garantiza sean periodistas quienes ocupan la fila mercenaria– el licenciado presidente se despachó la falacia del día:
“(…) Y nosotros no vamos a meternos a perseguir a nuestros adversarios, que en otros tiempos y en otras circunstancias aportaron dinero para esta guerra sucia en contra de nosotros.
“Ayer hablábamos del reportaje de Álvaro Delgado (Gómez, reportero de la revista Proceso), de cómo un grupo de empresarios está financiando a los que organizan toda la estrategia para reagrupar, hacer un bloque político en contra nuestra. Pues eso es lo que siempre ha sucedido, siempre se han unido”.
Falaz declaración que, en pretendida explicación, llevó la admisión del engaño encubierto; incluso, en la víspera, se entendió como orden a Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, la referencia de Andrés Manuel López Obrador de que se debiera investigar a las empresas que donan recursos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Y es que, en ámbitos del escuadrón justiciero de la 4T –la UIF, el SAT y la Secretaría de la Función Pública–, la palabra del inquilino de Palacio Nacional es entendida como una orden que implica congelar cuentas bancarias, terrorismo fiscal y abiertas amenazas de requerir el apoyo de la Fiscalía General de la República, cuando el opositor, incluso el incómodo integrante del partido oficial, son considerados amenaza para la causa del Corporativo Morena.
Por supuesto, empresarios que fondean apoyo económico a MCCI e incluso integrantes de esta organización ciudadana, están severamente preocupados porque ha sido recurrente que Santiago Nieto ordene más que solicitar al sistema bancario nacional, congele cuentas de los incómodos y críticos opositores.
¿Y qué de las cuentas de personajes como Pío López Obrador y David León, Manuel Bartlett Díaz, John Ackerman, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Ricardo Rodríguez Vargas (ex director del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado), Jorge Gage Francois, destituido de la coordinación del Programa Nacional de Fertilizante, un año después de haberse denunciado un fraude con la compra de semillas mejoradas mediante tráfico de influencias, por citar unos cuantos casos de corrupción en la 4T?
Bien, esa es parte demostrativa de la impunidad que galopa en los tres niveles del gobierno de la 4T.
Pero, ¿no se meterá López Obrador a perseguir a sus adversarios?
Mire usted. La noche del pasado martes, en la discusión del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en el pleno de la Cámara de Diputados, el legislador priista e integrante de la dirigencia nacional del Movimiento Antorchista, Brasil Acosta Peña, denunció en tribuna que su cuenta bancaria había sido congelada por órdenes de la UIF.
La causa, citó el diputado federal, su postura contraria al dictamen del PEF 2021 y, sobre todo, para intimidarlo y evitar que movilizara a integrantes de Antorcha. Incluso refirió que no se había movilizado a miles de antorchistas por respeto a las reglas sanitarias por la pandemia del coronavirus.
¿Sabe usted qué cuenta le congelaron al diputado? En la que le deposita su dieta el administrativo de la Cámara de Diputados. Bueno, de lo que se trata es de intimidar al incómodo opositor y enviar el mensaje a todos aquellos que disienten del gobierno del licenciado presidente.
El año pasado se aplicó esa medida contra diputados de Morena del estado de Hidalgo, maestros metidos a legisladores que se negaban a aprobar el paquete económico sin chistar, en apego a la línea marcada desde Palacio Nacional.
Incluso Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, el año pasado se enteró que sus cuentas bancarias estaban bloqueadas, justo cuando encabezaba, junto con maestros, la movilización que cercó al Palacio Legislativo de San Lázaro; entonces pertenecía a la bancada de Morena, hoy está en la del Partido del Trabajo.
“Y nosotros no vamos a meternos a perseguir a nuestros adversarios”, puntualizó falaz el señorpresidente cuando la doctora Sandoval Ballesteros ya había aplicado sanciones a María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura y quienes fueron, en su gestión, Oficial Mayor y Directora General de Administración, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
García Cepeda asumió el cargo a la muerte de Rafael Tovar y de Teresa, y junto sus ex colaboradores fueron inhabilitada por 10 años y multados con 19 millones 771 mil 154 pesos, cada uno.
Similar inhabilitación por una década se aplicó esta semana a Guillermo García Alcocer, quien fuera, hasta junio pasado, titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La causa, refiere la Secretaría de la Función Pública, es por haber incurrido en conflictos de interés mediante la adjudicación de permisos, para comercializar combustibles, a una empresa vinculada con un familiar.
¿Cobro de facturas? Bueno, bueno. Sólo hay que recordar que García Alcocer discrepó pública y personalmente con Andrés Manuel López Obrador, quien lo persiguió hasta que decidió renunciar al cargo.
“Estamos acabando con la impunidad en el indolente manejo de los recursos públicos durante el régimen neoliberal”, dijo vehemente, respecto del caso de García Cepeda, la doctora Irma Eréndira, quien junto con su consorte John Ackerman fue acusada de haber comprado inmuebles, de contado, cuyo costo no corresponde a sus ingresos en conjunto. Ambos fueron exonerados y su caso se fue el archivo muerto.
La doctora Sandoval Ballesteros ha presumido que se aplica la ley pero, salvo los casos de Rosario Robles y Emilio Lozoya Austin, con la sumatoria del que podría ser nuevo chivato, Emilio Zebadúa, para declarar y dar nombres de implicados en la llamada “Estafa Maestra”, el tema de Genaro García Luna y el singular del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional que es competencia de la autoridad estadunidense, el resto es estridencia justiciera.
Vaya, incluso el tema del fallido Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construiría en terrenos del ex vaso de Texcoco, no tuvo observaciones de corrupción o derroche de recursos públicos en el arqueo levantado por la Auditoría Superior de la Federación, resultado que casualmente el licenciado López Obrador y sus amanuenses, amén de los mercenarios de las mañaneras, no han abordado.
Sin duda no se aboga por la impunidad contra quienes en pasadas administraciones hicieron de la gestión pública práctica del deporte de la corrupción y el enriquecimiento impune. Que vayan a prisión los responsables, que se aplique la ley es una demanda recurrente y bandera del licenciado en sus tiempos de opositor, adalid de la industria de la protesta que lo hizo millonario, porque eso del dólar y los 200 pesos es una broma de mal gusto.
Lo cierto es que dígase lo que se diga, pese a protestas y denuncias documentadas, la voluntad del inquilino de Palacio se ciñe a la máxima atribuida a Benito Juárez García: “A amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas”.
Y en ese ánimo se encuentra el hermano cómodo, Pío López Obrador, junto con el joven maravilla David León, a quienes Santiago Nieto puso a salvo e informó que no se les encontró irregularidad alguna en el manejo de sus cuentas bancarias. ¡Vaya! Los puso como ejemplo de pulcritud en manejo de sus recursos, prístino y honesto.
Pero. A Santiago Nieto debe ganarle la risa porque, no cabe duda, se burla del sentido común de los mexicanos.
Hay una máxima aplicable a los políticos mexicanos: son pillos pero no pendejos. Y esa es la figura que aplica el jefe de la UIF en su reporte. Por supuesto, Pío y David no iban a fondear en cuentas bancarias los millones de pesos entregados a la causa del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que los dineros eran para pagar requerimientos de su campaña. Se entregó y recibió y gastó en efectivo.
Por eso, la coordinadora de la diputación federal del PRD, Verónica Juárez Piña, acusó que la exoneración de Pío López Obrador, y de David León Romero, ex coordinador Nacional de Protección Civil, “confirma que la lucha anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una simulación”.
La legisladora jalisciense recordó que Pío López Obrador fue grabado en dos ocasiones recibiendo dinero de parte de David León, recurso que se presume utilizaría en actividades políticas de Andrés Manuel rumbo a las elecciones de 2018.
“Igual que en los tiempos de Peña Nieto, Andrés Manuel utiliza las instituciones para exonerar de presuntos actos de corrupción a familiares y amigos”, reprochó Juárez Piña. Lamentablemente la diputada es una voz en el desierto de la impunidad tejida por el adalid de la lucha contra la corrupción sujeto al proverbio: ¡Hágase justicia… en los bueyes de mi compadre! Conste.
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