Lejanas togas de la abogacía romana expresaban en ciertos momentos de malogradas gobernanzas que ACTUM EST REPUBLICA, queriendo decir con ello que “es un acto de República aquél acto supremo de toda acción del Estado”, aunque no respetara ciertos derechos ciudadanos.
Desde gobiernos neoliberalistas, quien esto escribe, ha sostenido y seguirá sosteniendo, que a ningún justiciable le es permisible fundarse en conjeturas, suposiciones, presunciones, especulaciones o animadversiones para, sin pruebas contundentes denunciar a los más importantes narco-políticos de la historia nacional y el espíritu de justicia de quienes la procuran e imparten dentro de las instituciones del Estado, sea cuál sea su jerarquía.
Una vez expresadas las líneas a retro, habrá que decir también, que resulta imprescindible que el propio Estado no dé pábulo a una desconfianza de manera objetiva. Es dónde aquí y ahora cabe recordar la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, compartida por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentildo de que es suficiente para los justiciables constatar que la imparcialidad de los órganos que procuran e imparten justicia puedan y deban ser sometidos a duda, pues los agentes del ministerio público, fiscales, jueces y magistrados deben de inspirar a los gobernados la confianza que es indispensable en una sociedad democrática.
En éste segundo piso de la Cuarta Transformación de la República y de manera primordial la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de Primera Magistrada de la Nación, debería de cuidar al menos, ciertas formas ineludibles, no parece adecuado que su seudo Fiscal General de la República continúe con su omisión de investigar al narco-político más importante de la historia jurídica patria.
Se expresa lo antepuesto, en relación a aquella denuncia formulada con todos los protocolos de ley y veracidad, en contra del narco-delincuente político que dio inicio a que el Estado Mexicano se aliara y protegiera actividades vinculadas con el narcotráfico, las cuales hasta la fecha han deteriorado el Estado de Derecho y la imagen de los Estados Unidos Mexicanos.
No es precisamente ejemplar el hecho de que la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, persista en denegar la tramitación de aquella añeja petición contra la narco-política formulada por quien esto escribe, por ello confieso mi asombro jurídico ante una omisión de cuyos precedentes históricos no existen noticias.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C..
