MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
En vías de aprobarse la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal del 2020, el jueves de esta semana en la Cámara de Diputados, y con el resultado de la evaluación de la política de seguridad que ha dejado mal sabor de boca, sobre todo porque en la mañana que se presenta el informe en Palacio Nacional, en Michoacán el poderoso y sanguinario Cartel Jalisco Nueva Generación masacró a por lo menos 14 policías estatales, aunque una información reservada alude a 27 uniformados, la pregunta es elemental: ¿se abate a la corrupción?
Lamentablemente la corrupción es un mal contra el que no hay vacuna preventiva ni mecanismo sancionatorio que la frene, por más que se endurezcan penalidades y deslindes de venganzas políticas en la aplicación de la ley contra delincuentes de cuello blanco, porque incluso éstos pillos se han vinculado con el crimen organizado que se ha tornado sanguinario e inhumano.
Usted lo sabe bien, porque ha escuchado en los más recientes procesos electorales el recurrente intercambio de acusaciones entre aspirantes a cargos de elección popular de tener vínculos con el crimen organizado, de proteger a delincuentes cuando no incluso ser socio de ellos.
Y ha ocurrido, ahí está la información en redes sociales. Por supuesto hay la que tiene todo el halo del pago, el soborno, para hablar mal del contrincante; están las acusaciones sin sustento, éstas que se echan a andar con el objetivo de convertir en verdad a la mentira repetida mil veces y que acaba con famas públicas y destruye reputaciones.
Pero igual nos enteramos de cómo un alcalde o un gobernador se asociaron con el crimen organizado. Y están en prisión personajes como Roberto Borge, Tomás Yarrington Ruvalcaba o Javier Duarte, de comprobada complicidad y hasta jefatura en sociedades criminales de cuello blanco.
O aquel matrimonio imperial integrado por el presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez y su es posa María de los Ángeles Pineda Villa, a cuyos hermanos se vinculó con la organización Guerreros Unidos, asociados con el cartel Beltrán Leyva.
Porque está visto que en esto de las sociedades delictivas, siglas e ideología son asunto secundario aunque el poder que implican sus prohombres en el estrellato de las ligas mayores o menores, son del mismo tamaño de los negocios.
Y los poderes fácticos que representan en puntos estratégicos del país, se tejieron desde aquellos días en que la Procuraduría General de la República entró en el tobogán del descrédito y su actuar fue sinónimo de complicidades, como ocurrió en el momento en que un diputado federal del PAN ascendió a Procurador General de la República para supuestamente procurar justicia y dar con los responsables de los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu.
¿Alguien imaginó en diciembre de 1994 que Fernando Antonio Lozano Gracia sería un pésimo procurador que asumiría instrucciones presidenciales de dar con los autores de aquellos crímenes a como diera lugar?
Salvo quienes conocían los antecedentes de quien fuera el fiscal de esos casos, José Pablo Chapa Bezanilla, públicamente se le consideró probo junto con Lozano Gracia por el hecho de ser, éste, de un partido político diferente al de Ernesto Zedillo Ponce de León, es decir, el PRI, y Chapa un abogado si partido, metido a policía al servicio del mejor postor como luego se confirmó.
¿Honestos? Se echaron campanas al vuelo y, bien que mal, en la PGR se estimó que Lozano y Chapa integraban a una dupla que resolvería los casos. Y más hubo júbilo de políticos y partidos de oposición al PRI, cuando fue detenido Raúl Salinas de Gortari, ni más ni menos que el hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Golpe al PRI-gobierno asestado por uno de los suyos, el del máximo cargo, el Presidente de la República.
Y luego, en tiempo récord Chapa Bezanilla soltó a sus sabuesos junto con millones de pesos para comprar voluntades y armar el caso, fabricar delincuentes. Y lo mismo compró a una vidente, Francisca Zetina Chávez, que a testigos que señalaron a Raúl Salinas como autor material e intelectual del asesinato de José Francisco, y a Othón Cortés Vázquez en el papel de segundo tirador, cómplice de Mario Aburto en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
¿Alguien recuerda estos justicieros? En su momento, calificados honestos al final resultaron delincuentes que usaron al sistema de justicia, a la procuración e impartición de ésta para el servicio de fines políticos. ¿Y Ernesto Zedillo?
El señorpresidente Zedillo Ponce de León quedó a salvo de estos asuntos de corrupción en el gobierno, en casos en los que se usaron recursos públicos y los jueves que trataron las denuncias contra Lozano Gracia y Chapa Bezanilla los exoneraron. El ex procurador pisó los juzgados, fuera de la rejilla de prácticas, sin dormir en alguna celda del Reclusorio Sur.
Chapa huyo, fue detenido en España y antes de enfrentar un largo y costos juicio de extradición aceptó ser traído a México, donde pasó breve tiempo en el Reclusorio y luego, en libertad, fue absuelto de los cargos que se le imputaron; impune quedó libre de cargos pese a que se le comprobó todo, absolutamente todo de lo que se le acusó.
Lozano Gracia dirige un caro despacho de abogados con sede en las Lomas de Chapultepec, mientras Chapa Bezanilla se gana la vida litigando asuntos de mujeres solas, viudas y etcétera, etcétera, que le deja lo suficiente para vivir con comodidad en su residencia del Barrio del Niño Jesús, por los rumbos de Tlalpan.
Y el principal afectado por el uso faccioso de la procuración e impartición de justicia, Othón Cortés, junto con otros chivas expiatorios, algunos de ellos ya murieron, fueron marginados de la sociedad, señalados como delincuentes y, pese a comprobarse su inocencia, que no fueron responsables más que estar en la hora y el lugar equivocados, han vivido en la desgracia.
¿Honestos, honestos, honestos? No hay vacuna contra la corrupción, el ADN de la corrupción y la deshonestidad está en los genes de estos políticos y aprendices de brujo que arriban a las costas del poder en cada sexenio.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dijo ante senadores qye está comprometida a erradicar la corrupción de la vida pública.
Sostuvo que en la actual administración, en la dependencia a su cargo, ya no hay intocables ni siguen existiendo perseguidos políticos. Pero, informó que hay alrededor de 28 mil investigaciones en proceso por presuntas irregularidades, 30 por ciento más que en la administración pasada.
Y hay otros datos duros que arroja esta tarea de doña Irma Eréndira. Bien por la advertencia de que ya no hay intocables pero, ¿cómo está eso de que creció el número de investigaciones en proceso? Se ha actuado en lo que va de la actual administración contra funcionarios públicos. Mire usted, del nivel que sean el hecho es que evidencian que la pus emana de una herida abierta que se llama corrupción. ¿Honestos? Digo.
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