MÉRIDA, YUCATÁN. – Con el consentimiento del Gobernador, Mauricio Vila Dosal, los pacientes del Hospital Psiquiátrico “Yucatán” se convierten en “conejillos de indias” para el desarrollo de proyectos de investigación sin protocolos, por lo que, para ser más claros, se efectúan experimentos hasta con menores de edad, quienes están expuestos incluso a lobotomías.
Al destapar la cloaca solapada por el Secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, se confirmó que es el más beneficiado, pues son millonarias las ganancias obtenidas, seguido de los titulares de la Subdirección de Salud Mental, pues se busca conocer la eficacia de medicamentos aún por patentar.
De acuerdo con Sol Yucatán, el problema no es nuevo, pues el nosocomio, de 2005 a 2009 sirvió de laboratorio para el desarrollo de cuatro proyectos de investigación para la prueba de efectividad de medicamentos en personas con problemas de salud mental, estudios que, en un lapso de cuatro años, llevaron al cabo reconocidos especialistas, con financiamiento de una empresa farmacéutica internacional.
En los últimos dos años de la administración de Rolando Zapata Bello, la administración del Psiquiátrico la cedió al Gobierno Federal, pero Sauri Vivas canceló tal concesión, con tal de continuar con ilegales experimentos humanos.
De acuerdo con los documentos en poder de Sol Yucatán, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud Federal advirtió de los efectos adversos que podría causar la prueba del nuevo medicamento en personas con trastorno bipolar. Sin embargo, los especialistas aplicaron el producto en 585 usuarios de diversos nosocomios, entre ellos el de Yucatán, en un lapso de tres años.
Durante el tratamiento de uno de los medicamentos no se registraron defunciones, sin embargo, poco más de 300 personas presentaron desórdenes psiquiátricos y del sistema nervioso, y otro buen tanto otros problemas de salud y de comportamiento.
En la fase de experimentación en personas, los proyectos fueron autorizados por el actual Subdirector de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Arsenio Rosado Franco, teniendo como investigador principal de los estudios a Felipe Triay Peniche, quien presuntamente fue asesinado por el aquel entonces su coinvestigador, Luis Enrique Lara González.
De acuerdo con el expediente de las investigaciones realizadas en el Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, el cual consta de 178 hojas, todas ellas firmadas y selladas, de octubre de 2005 a abril de 2009, fueron cuatro los estudios de experimentación de fármacos en usuarios albergados en este nosocomio.
En dos ocasiones se trató a personas con esquizofrenia; asimismo, se trabajó con usuarios que padecían bipolaridad 1 y con pacientes con depresión bipolar aguda.
Cabe destacar que los proyectos se desarrollaron a finales de la administración gubernamental de Patricio Patrón Laviada, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), así como a principio de la gestión de Ivonne Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El primero fue el “Estudio abierto, prospectivo para explorar la tolerabilidad, la seguridad y la eficacia de Paliperidona ER en dosis flexibles en sujetos con esquizofrenia”, con número de protocolo RO76477SCH3017, de octubre de 2015 al mismo mes, pero de 2016.
Asimismo, se efectuó “Un estudio aleatorizado multicéntrico, para comparar la eficacia y seguridad del Fumarato de Quetiapina de liberación prolongada (Seroquel XR) en tabletas como monoterapia o en combinación con litio en el tratamiento de pacientes con depresión bipolar aguda”, con código D1443L00055.
En 2007 se efectuó “Un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos evaluando Palmitato de Paliperidona en la prevención de recurrencia en sujetos con esquizofrenia”, cuyo numeral del estudio clínico es el RO92670PSY3001, cuya suspensión inyectable de 100 mg se aplicó en los glúteos.
El 15 de noviembre de 2007, Triay Peniche le notificó al Psiquiatra Miguel Ángel Viveros Erosa que dejó de fungir como investigador principal del protocolo (estudio) correspondiente, y a partir de ese momento tomó ese cargo.
EL MÁS DOCUMENTADO
La investigación mejor documentada es el “Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con tratamiento activo, con grupo paralelo, para evaluar la eficacia y la seguridad de la risperidona inyectable de larga duración en la prevención de episodios del ánimo en el tratamiento de sujetos con trastorno bipolar I”, con protocolo número RIS-BMN-3001.
El estudio se realizó del 14 de noviembre de 2006 al 13 de abril de 2009, para el cual se reclutó a 585 usuarios, que en el caso del Psiquiátrico “Yucatán”, su desarrollo fue autorizado por el Presidente del Comité de Bioética del nosocomio, Arsenio Rosado Franco.
El 24 de noviembre del 2009, el titular de Cofepris, Gustavo Olaiz Fernández, autorizó la enmienda al protocolo de investigación correspondiente para diversos centros hospitalarios, es decir, la experimentación en humanos.
Tal el caso del Hospital Psiquiátrico Estatal, en Monterrey, Nuevo León; el consultorio privado, en Monterrey, Nuevo León; el Hospital “Ángel Leaño”, en Zapopan, Jalisco, y el Hospital Psiquiátrico “Yucatán”.
El proyecto fue patrocinado por Janssen Cilag EMEA Medical Affairs, una división de Janssen Pharmaceuticals N.V.
Para el estudio de la eficacia y/o seguridad se seleccionó a 667 personas, reclutándose a 585 sujetos, de los cuales fueron 280 masculinos y 305 femeninos, de entre 18 y 65 años de edad.
En el caso de Yucatán, la firma de consentimiento fue concedida por los propios especialistas, en lugar de los familiares.
De los 585 adultos a los cuales se les aplicó el antipsicótico o estabilizador del estado emocional, 385 presentaron al menos un evento adverso durante el tratamiento, de los cuales, en 34 casos fue de tipo severo.
Entre los resultados de incidencia de eventos adversos, 172 tuvieron desórdenes del sistema nervioso, el 29.4 por ciento, y 169 presentaron desórdenes psiquiátricos, el 28.9 porcentual.
Asimismo, 88 personas tuvieron insomnio, 58 con desórdenes gastrointestinales, 45 con infecciones e infestaciones, 40 con desórdenes del sistema reproductivo y mamas.
De igual forma, 33 con desórdenes generales y condiciones del sitio de administración, 32 con aumento de peso, 20 con manías, 18 con somnolencia y 17 con desórdenes del metabolismo y nutrición.
Pese a ello, según el informe, “el tratamiento a largo plazo con risperidona LAI fue generalmente seguro y bien tolerado”.
Incluso, se establece que “los hallazgos de este estudio y de dos estudios previos apoyan la eficacia y seguridad y tolerancia general de risperidona LAI en el tratamiento de mantenimiento de trastorno bipolar I”.
LOBOTOMÍAS A NIÑOS
Por otro lado, la Presidenta de la Fundación Mexicana para la Rehabilitación de Personas con Enfermedad Mental (FREM), Virginia González Torres, denunció que Yucatán es el único Estado del país en el cual se autorizará que los niños y niñas puedan ser recluidos en el Hospital Psiquiátrico, e incluso, sean expuestos a operaciones, principalmente lobotomías.
Calificó de aberrante la labor del diputado Manuel Díaz Suárez, pues fue quien “copió” las iniciativas desechadas en otras entidades del país para proponer al Congreso Local la Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, la cual permite que niños sean internados en el Hospital Psiquiátrico, e incluso, le practiquen todo tipo de operaciones.
La entrevistada comentó que desde 2018 se reúne con representantes de organismos no gubernamentales de Estados Unidos y México para denunciar las diversas irregularidades que prevalecen en la recién decretada Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, la cual permite que las niñas y los niños se conviertan en “conejillos de indias”.
Aclaró que dicha normatividad, validada por el aquel entonces Gobernador Rolando Zapata Bello, expone a la niñez yucateca, al permitir su internamiento en el Psiquiátrico, donde serían sometidos a intervenciones quirúrgicas que pondrían en mayor riesgo su estado de salud mental.
“Zapata Bello la firmó por desconocimiento de la gravedad y el riesgo que hay para los yucatecos. Es una vergüenza que un mal trabajo legislativo ponga al Estado en la mira internacional como violador de los derechos de las niñas y los niños”, subrayó.
La funcionaria federal reprobó los artículos 57 y 58 de dicha Ley, en la cual se especifican los motivos y procedimientos por los cuales a un menor de edad se le puede internar en un psiquiátrico.
Lo peor de todo, los infantes pueden ser sometidos a cirugías, tal el caso de una lobotomía, es decir, procedimiento efectuado en los lóbulos frontales del cerebro, en la cual se destruye las vías nerviosas sin extirpación.
Según el Artículo 59, “Las intervenciones quirúrgicas en niños y niñas, únicamente han de realizarse en caso de enfermedad grave que ponga en riesgo su vida, previa indicación de su médico tratante, revisión del comité de ética e investigación de la institución y la autorización del representante legal”. Explicó que, “la decisión de efectuar dichas cirugías estaría a cargo de un comité de ética e investigación del Psiquiátrico, o sea, son ellos mismos quienes tomarán las medidas que consideren adecuadas para ellos, es decir, para su propio beneficio”.
Incluso, agregó que dicha normatividad permitiría que cualquier persona podría ser internada en el Psiquiátrico, ya sea por problemas políticos hasta por conflictos familiares, entre otros motivos.
Ante tales irregularidades, se reunió con el fundador y director ejecutivo de Disability Rights International (DRI), Erik Rosenthal; así como la titular de la Fundación “Sonríe estás vivo”, Valentina Baes Patiño; la encargada de “Todos comen”, Lizdah García Rodríguez; el representante de la “Fundación Dignidad”, Alejandro Acosta, y por parte de la Fundación Mexicana para la Rehabilitación de Personas con Enfermedad Mental, María Elena Bravo Bustamente.
Todos ellos coincidieron en elaborar un documento en el cual se denuncien tales anomalías, el cual será entregado en breve, tanto al Gobierno del Estado como al Congreso Local.
González Torres destacó las numerosas irregularidades plasmadas en esta ley, tal el caso recluir a menores de edad en hospitales psiquiátricos y efectuarles intervenciones quirúrgicas cerebrales, posturas que violan las normas internacionales.
Incluso, en dicha normatividad local, emitida de acuerdo con el Decreto 643/2018, publicado en el Diario Oficial del Estado el pasado 27 de agosto, se establece claramente que “cualquiera te puede meter al psiquiátrico, bajo cualquier argumento, hasta por represalia política”.
Ante tal problemática, aseveró que titulares de diversas ONG’s de Estados Unidos y México se reunieron para analizar las violaciones a los derechos humanos, en especial, en contra de los infantes, cuyos resultados se darán a conocer.
La funcionaria federal expresó que “la Ley viola los derechos humanos y las normas internacionales, al poner en riesgo la integridad de las niñas y los niños yucatecos, así como también los adultos están en riesgo de ser encerrados en el psiquiátrico por razones políticas”.
Enunció el artículo 55, el cual establece que “Toda autoridad, actor social o líder comunitario que esté en contacto con personas que sugieran sintomatología de trastornos mentales, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos”.
“La ley está muy mal elaborada, es un horror, fíjate nomás lo grave que es el hecho de que una persona con afinidad civil te pueda meter al psiquiátrico, es decir, tu propia suegra puede pedir tu reclusión bajo la excusa de que tienen un problema de salud mental”, indicó.
En su momento, la jefa del Centro Comunitario de Salud Mental (Cecosam), María del Pilar Bueno Muñiz, reprobó la puesta en vigor de la Ley de Salud Mental, acto que demostró “la desesperación y falta de preparación” de los representantes del Ejecutivo y Legislativo.
Afirmó que esa normatividad viola de manera flagrante los derechos humanos de los menores de edad, quienes serían internados en el nosocomio, y lo peor de todo, serían objetos de intervenciones quirúrgicas, entre ellas, lobotomías.
GRAVE RETROCESO
El 25 de agosto de 2016, la Secretaría de Salud Federal se encargó del Hospital Psiquiátrico “Yucatán” y, durante más de dos años, se desarrollaron diversas actividades a favor de los usuarios.
A partir de 2018, en el Estado empezó una nueva etapa de modernización de la atención psiquiátrica, con el establecimiento del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, pues ahora se encargará de la consulta externa, así como de programas de prevención, como es el caso del suicidio y la depresión, etc.
Anteriormente, “en las instalaciones se vivían con mucho calor y moscos, pues los únicos que tenían acceso al aire acondicionado era el director. Y hasta el pasado martes 1 del presente año, las cosas eran totalmente diferentes”.
Entre las carencias que había, era la falta de agua purificada, la comida era insuficiente y de mala calidad, prevalecía el desabasto de medicamentos, al agua potable era limitada, no había mosquiteros, etc.
Al mismo tiempo, los usuarios vivían encerrados y de manera discriminada se les aplicaban electrochoques, además que vivían con miedo, tristeza, desánimo y desesperanza.
Desde la puesta en marcha del proyecto, el estilo de vida de los usuarios cambió de manera notable, lo mismo que la forma de trabajar del personal del nosocomio.
Incluso, cuando fungió como Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), obtuvo recursos para la construcción de las Villas de Transición del Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, cuyo banderazo de inicio de los trabajos fue el 14 de marzo de 2018.
El Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud destinó para esta obra un techo financiero por 146 millones 876 mil 458 pesos, cuyo inmueble es aledaño a los hospitales Materno Infantil y de la Amistad Corea-México.
Destacó la importancia de esta unidad de atención médica especializada en servicios de salud mental, en la cual se brindará la atención a 120 usuarios, distribuidos en 10 villas, ya que representa una oportunidad de reintegrase a la sociedad y cuya atención será de corta, mediana y larga estancia.
Sin embargo, Vila Dosal dio un certero “sablazo” al Modelo Hidalgo, y las Villas se han convertido en un “elefante blanco”, debido al desuso, ya que el Gobierno pretende darle un uso diferente a lo planeado.
El 2 de enero de 2019, cerca de las 11 horas, en una inesperada y violenta actividad se destituyó a Jésica Andrade Márquez y otros directivos federales del nosocomio, y se dio posesión a Paris Hernández Sánchez como la titular, pero sin el respectivo protocolo de entrega-recepción.
Durante ese día, se cometieron numerosos actos de violación a los derechos humanos, tal el caso de la jefa y subjefa de Trabajo Social del nosocomio, Pilar Dzul y Fátima Duarte, respectivamente, quienes luego de ser expulsadas de la oficina donde laboraban, por parte de William Vela Peón, titular del Jurídico de la SSY, fueron empujadas y golpeadas en el pasillo que conduce a la dirección.
Tras la agresión interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero nunca procedieron. Posteriormente, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los atropellos cometidos fueron asentados en actas de la Unidad de Atención y Determinación de la FGE, en el caso de Dzul Pech, es la UNATD-G1/000102/2019, mientras en el caso de Fátima Duarte, es la UNATD-G1/000103/2019.
Los más afectados por la arbitraria actitud del “madruguete político” fueron los 80 usuarios, al perder todos sus privilegios, así como la cancelación del Programa de Rehabilitación Psicosocial, con el cual, a cada uno de los pacientes que participara en alguno de los talleres se les entregaba a diario un monto por 40 pesos.
Diversos fueron los motivos que originaron tal complot, pues se descubrió que en el Hospital habían 100 “aviadores”, los cuales sólo acudían al inmueble los días de quincena para cobrar sus respectivos honorarios, pero sin trabajar.
De ese total, 60 pertenecían al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, 20 eran funcionarios del Gobierno Estatal, y cifra similar de la Federación.
Tan sólo en 2018, el Ejecutivo Local erogó cerca de 16 millones de pesos como pago a los 58 aviadores que hay en el Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, trabajadores de base afiliados al sindicato de burócratas del Gobierno Estatal.
Entre los aviadores incorporados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas del Estado de Yucatán (Stspeidey), destacaban 29 enfermeras, 18 administrativos, cinco médicos, dos psicólogos, cifra similar de auxiliares de cocina, y el resto, hay un trabajador social y un dietista.
El que menor ganaba era un eventual, que quincenalmente percibía tres mil 728.50 pesos, el cual es hijo de una titular del gremio de burócratas, y el más alto sueldo lo tenía un Médico Especialista “A”, con 26 mil 404.40.
González Torres advirtió que, desde hace dos años, las condiciones en las cuales están los usuarios, pues “nuevamente se les encerró, por lo que desean recobrar la libertad que antes tenían”.
Indicó que, de acuerdo con personal que labora en el Psiquiátrico, los usuarios establecen que extrañan a los terapeutas, así como las actividades que antes realizaban, como salidas para socializar.
“Durante dos años se efectuaron cerca de 900 salidas de sociabilización, por lo que los usuarios fueron al puerto, al zoológico, a plazas comerciales, al restaurante e, incluso, a los bolos, sin que se tenga incidente alguno”, acotó. Por tal motivo, los usuarios optaron por darse a la fuga y, lo peor de todo, la nueva directiva nunca se percató de tal anomalía.
El primero que se escapó fue Miguel Concha Narváez, de 30 años de edad, quien a partir del 7 de enero de 2009 deambula por calles del Centro Histórico de Mérida, cuando fue detectado de manera casual por personal de la anterior administración.
“No me dan comida. No me dan colación. Nos trata mal”, expresó durante la primera entrevista que concedió al personal del nosocomio.
De acuerdo con el documento, con fecha del 29 de diciembre de 2018, se establece que “Miguel Concha Narváez, de 30 años de edad, es usuario de esta unidad desde el año de 2015, con número de expediente 259-15. Actualmente se encuentra hospitalizado en estancia crónica, con IDx Esquizofrenia Paranoide. Su tratamiento farmacológico está a cargo del Dr. Marco Israel Quintero Ávila”.
Secuela del “madruguete” y de la anulación en el Estado del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, la Secretaría de Salud Federal canceló el presupuesto de 3.5 millones de pesos destinados para la atención a los usuarios (pacientes) del Psiquiátrico “Yucatán”.
Lo peor de todo, a partir de abril de 2019 se comenzó a internar a menores de edad, todos ellos albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, así como en el Hospital de la Amistad Corea-México.
SITUACIÓN ACTUAL
Justo a dos años del madruguete político de Sauri Vivas, es deplorable la situación de los usuarios, además que está estrictamente prohibido a los medios de comunicación, en especial, los que revelan los atropellos cometidos por la actual administración.
Incluso, los eventos oficiales son privados, sólo acude personal de la dirección de Comunicación Social, para luego emitir el respectivo boletín de prensa.
Hasta el momento, no hay fecha para la inauguración de las Villas de Transición, y se desconoce el tipo de utilidad que Sauri Vivas le dará el inmueble.
Finalmente, González Torres consideró que es necesario y urgente el restablecimiento del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, para brindar un mejor tratamiento de los usuarios albergados en el nosocomio.
Asimismo, garantizó que el modelo permite la recuperación de los pacientes, al mismo tiempo que se reincorporan a la sociedad, tal como se demostró durante su aplicación en la entidad, durante poco más de dos años.
“Los yucatecos se merecen el servicio de salud mental que tuvieron en el Psiquiátrico, cuando se implementó el Modelo Hidalgo”, subrayó.
Destacó la importancia de devolver a los usuarios todos los beneficios que tenían, para obtener resultados favorables en su salud mental, tal como lo constataron los familiares y amigos de los pacientes.
“Los usuarios merecen tener un servicio gratuito y de excelencia, con todo lo necesario en atención psiquiátrica y psicológica, así como los medicamentos, los alimentos adecuados y artículos de primera necesidad, además de colchones, aire acondicionado para mitigar el calor y mosquiteros, etc.”, acotó.
Comentó que, “ante todo, como personas también merecen los mejores tratos, con total apego a los derechos humanos”.
AM.MX/fm
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