Redacción Noticias MX.- La actualización de cifras sobre desapariciones en México, que rebasan las 61 mil personas, mientras 37 mil cuerpos esperan ser identificados en instalaciones forenses, hablan de la “catástrofe humanitaria” por la que atraviesa el país, sin que exista una política pública para contener más casos, ni una decisión de procurar justicia y verdad, lamentó José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch (HRW).
En el contexto de la presentación del Informe Mundial 2020 sobre la situación de derechos humanos en el mundo, Vivanco reprochó la “pasividad” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender la crisis de derechos humanos por la que transita México desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico”.
Tras señalar que tanto en el fuero federal como en el local hay sólo 50 sentencias por desapariciones, “que no se corresponden a las 61 mil víctimas”, Vivanco anunció que propondrá al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, “que como presidente del Consejo de la Judicatura diseñe y cree instancias judiciales especiales para investigar sobre casos de desaparecidos en México”.
En conferencia de prensa, el director de HRW para América Latina admitió la herencia de miles de desapariciones y muertes, derivadas de la estrategia de seguridad, pero criticó que el gobierno de López Obrador continúe con la misma línea al mantener al Ejército al frente de la seguridad pública, “ahora disfrazado de Guardia Nacional”.
Luego de precisar que la tragedia humanitaria “está en hombros de López Obrador y no de Peña Nieto ni de Felipe Calderón”, Vivanco resaltó que, de acuerdo con las cifras oficiales, de las 61 mil desapariciones, más de 5 mil se reportaron durante el actual gobierno, por lo que no sólo no se resuelven los casos de los sexenios anteriores, sino que “no se ha hecho nada para parar las desapariciones”.
El defensor valoró los esfuerzos del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, pero lamentó que hasta ahora no haya mayores evidencias de esfuerzos institucionales para enfrentar el problema, indicó Apro.
Ante los casos de 61 mil desaparecidos y 34 mil asesinados, hasta ahora en la impunidad, resaltó la falta de esfuerzos para establecer “quiénes son los responsables, quiénes cometieron estos hechos (…) porque son víctimas no de una catástrofe natural, no cayó un rayo, no son víctimas de un terremoto o del estallido de un volcán”.
Asimismo, sostuvo que hay una “profunda decepción” del gobierno de López Obrador, que –subrayó– llegó al poder ante la oferta de un cambio en la estrategia de seguridad y la promesa de acabar con la impunidad.
“No hay evidencia histórica que demuestre que con la atención de tres o cuatro casos emblemáticos se acaba la impunidad”, dijo Vivanco, luego de resaltar que “el país no es Ayotzinapa”, en clara referencia a los esfuerzos que el gobierno federal hace por dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.
“La realidad no sólo es Ayotzinapa, es un hecho atroz, es un escándalo mundial, pero es un solo caso, que está bien que se esclarezca, pero hay 61 mil más que también tienen que ser esclarecidos”, apuntó.
Insistió en que ante la impunidad prevaleciente, sobre todo en los casos de desaparición de personas, Human Rights Watch propondrá al presidente de la SCJN hacer uso de las facultades que constitucionalmente tiene como presidente del Consejo de la Judicatura para “crear un grupo de jueces para establecer circunstancias de desapariciones”.
Por los contextos en que se han dado las desapariciones, hay elementos para establecer que algunas fueron cometidas por miembros de los cárteles y del crimen organizado; otras más cometidas en colusión entre el crimen organizado y agentes del Estado, policías municipales, estatales y federales, así como miembros de la Marina y el Ejército, en tanto que otro porcentaje aún no establecido se atribuiría a miembros de las Fuerzas Armadas, dijo.
La intervención del Consejo de la Judicatura, abundó, se hace necesaria ante la falta de acciones concretas por parte del sistema de procuración de justicia.
“La Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado resultados; uno esperaría que a estas alturas hubiera un grupo de fiscales trabajando 24 horas al día para esclarecer las desapariciones y llegar a la verdad y hacer justicia”, recalcó.
Sobre la marcha convocada por Javier Sicilia, la próxima semana, expresó que es un “síntoma del descontento, de la desilusión y de la frustración de la sociedad por la enorme distancia entre los compromisos y realidad”, y urgió a “detener el espectáculo dantesco que México está dando al mundo”.
Vivanco informó que hasta ahora sólo ha sido recibido por el subsecretario Encinas y la comisionada Quintana, y espera entrevistarse en los próximos días con el presidente de la SCJN, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Entre los datos que se incluyen en el informe de HRW destacan 241 quejas interpuestas contra miembros de las Fuerzas Armadas entre enero y julio de 2019 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la integración de más de 9 mil carpetas de investigación por tortura, abiertas entre diciembre de 2012 y enero de 2018 por la FGR.
Además, la persistencia de agresiones a periodistas se refleja en la integración de más de mil investigaciones, y entre 2010 a 2018 se presentaron 186 cargos por delitos cometidos contra periodistas, “lo cual representa apenas el 16.3% de las denuncias recibidas”.
HRW también alertó sobre los “índices alarmantes de violencia de género”, reflejados en datos oficiales, al registrarse 540 feminicidios entre enero y julio de 2019, y al menos 9 mil 500 mujeres y niñas desaparecidas hasta abril de 2018.
En materia de migrantes, entre enero y septiembre de 2019 la CNDH recibió 599 quejas de abusos contra esa población, en las que se identificó a miembros de la Policía Federal.
JAM
