Por Mouris Salloum George*
Desde Filomeno Mata 8
La economía criminal en México es un reptil mordiéndose la cola.
Aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está haciendo lo que debió hacer desde su creación, no sería un ejercicio ocioso buscar el hilo conductor que vincula la política fiscal federal al financiamiento ilícito de los partidos y de las campañas electorales.
Una mojonera podría fijarse en 1984, cuando un grupo de plutócratas, bajo la denominación de Libre Empresa, S. A. (LESA) pujó por la adquisición de todas las empresas bajo gestión del Estado.
El proceso de privatizaciones ya estaba en marcha. Con miras a las elecciones presidenciales de 1988, algunos de aquellos magnates se concertaron para pasar la charola a fin de financiar la campaña del PRI.
Para 1990 ya estaba en el menú la joya de la corona: El sistema de banca y crédito. En 1993 los generosos donantes de nuevo compitieron para ver quién daba más a la campaña priista de 1994.
Existen pruebas documentales bastantes de que los entes públicos entregados a particulares fueron pagados con papeles chatarra. El rescate de bancos y empresas varias en el sexenio siguiente devino depósito de basura en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, donde permanecen en su nueva denominación, IPAB.
El giro se produjo en 2000 con la asociación de Amigos de Fox, en que por primera vez actuaron los tribunales judiciales.
Vicente Fox, accionista de 32 empresas privadas
El dato debe subrayarse habida cuenta que, concluido el mandato del guanajuatense, fue pillado con las manos en el botín: Apareció como accionista en al menos 32 empresas privadas. Me las regalaron, confesó Fox, con quien fue asociada la Señora Marta y los hijos del primero.
En 2006, ya irrumpió institucionalmente en la campaña de Felipe Caderón el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presidido por José Luis Barraza. Éste recibió, de entrada, la empresa Aeroméxico.
Es en la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto cuando el cáliz se derramó: Ya fue visible la mano esplendida de la brasileña Odebrecht.
El hilo conductor nos descubre que, como personas físicas o morales, apellidos y firmas revelados en 1984 son los mismos favorecidos con obsequios fiscales, contratos y concesiones por parte de los Presidentes que han sido, al mismo ritmo que el gobierno federal quedó atrapado en una deuda pública de más de 10 billones de pesos.
A eso conducen la economía criminal y la corrupción público-privada.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
