El Sr. Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero ignora, o simula ignorar, que la actividad primordial de la Representación Social Federal lo es indagar todo aquél delito federal que sea cometido, sea quien fuere el responsable de ello, en razón a que la institución que dice representar con pulcritud, es un organismo añejo, desde su origen hasta la fecha, encargado por misión constitucional de investigar y solicitar la sanción correspondiente a quien resulte responsable de haber cometido un ilícito.
La Fiscalía General de la Federación, antes llamada de otra forma, tenía muy en el ayer una sólida raigambre histórico-jurídica, conocía, investigaba y solicitaba la sanción de todas aquellas infracciones penales consagradas en nuestro Código Penal Federal. Aquí cabe aclarar que el Señor Licenciado Gertz Manero, ignora o se hace el ignorante de que un conocido suyo, creó alianzas con el poder del narcotráfico y dado ello quizá pretenda justificar su omisión en no indagarlo.
El señor, si es que se le puede llamar así, Gertz Manero, afirmó en diversas entrevistas realizadas por múltiples medios de información, que las cosas en procuración de justicia marchan bien, y quien esto escribe sostiene que ello es radicalmente opuesto a la realidad, es decir, que miente el Señor Fiscal General de la República y que resulta incuestionable que la institución tantas veces citada se encuentra corrompida por el poder del narcotráfico, lo que ha dado pauta a ser cómplice por no indagar dicho fenómeno; resulta evidente que miente para encubrir a un conocido suyo.
No cabe duda de que, en principio, cualquier actividad contraria a la ley y que sea delictiva, debe ser investigada por aquellos organismos que velan por la procuración de justicia, ya que dichos entes jurídicos gozan de la presunción iuris tantum de que se ajustan al más estricto cumplimiento de la ley. En éste sentido cabe establecer una premisa fundamental –si existen denuncias al respecto, deben ser indagadas conforme a estricto derecho–.
Ahora bien, una vez aceptado éste planteamiento, ha de aceptarse también, que la protección otorgada a la delincuencia a fin de concederle impunidad es también delictiva ya que trasgrede el principio de legalidad. Es decir, que no se podrá ser omiso ni ocultar aquellos señalamientos que constituyan elementos de prueba para encarcelar a quien resulte responsable de la narco-política; como tampoco podrá reservarse, ni considerar razón o secreto de estado ninguna información que lleve a denotar la participación de un muy alto funcionario de la federación en la conducta efectuada a fin de organizar, consentir y proteger la “bajada de aviones” cargados con clorhidrato de cocaína en territorio mexicano, dado que la ejecución de esos hechos criminales debe de ser descubierta y sancionada.
En éste caso concreto de narco-política y dada de gravedad e importancia penal del tema y la tipicidad del ilícito penal aplicable, debe suponer el cése ipso facto de toda reserva o secreto sobre tales elementos, acusaciones u omisiones.
La pregunta actual sería ¿En qué se beneficia el Fiscal General de la República, por ser omiso en investigar el fenómeno de la narco-política?.
Es cuanto
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
