Para que el Estado quede obligado a reembolsar a la población los gastos en servicios de salud incurridos debido a la omisión de servicios, como la entrega de medicamentos e insumos para la salud que le corresponde por parte de las instituciones públicas, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) impulsa una iniciativa que reforma el cuarto párrafo del artículo 4° de la Constitución Política.
Indica que la ley establecerá los mecanismos del reembolso. En los transitorios establece que el derecho al reembolso de los gastos que hayan tenido que realizar los derechohabientes, beneficiarios y población sin seguridad social para la atención médica preventiva, curativa, rehabilitatoria y paliativa será procedente cuando hayan recurrido a servicios privados o sociales de salud por el incumplimiento a que está obligada la institución pública de salud de que se trate.
También, cuando los insumos para la salud estén contenidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud y los medicamentos, dispositivos médicos, requerimientos clínicos y demás insumos para la salud hayan sido prescritos o indicados por profesionales de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud.
Añade que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud financiarán los reembolsos a que refiere el decreto con los recursos que anualmente se les asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ramírez Barba argumenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Estado se encuentra obligado al suministro del tratamiento de forma oportuna, permanente y constante y, además, debe ser entregado considerando el estado de salud del paciente.
Expone que, ante la interrupción del suministro de los medicamentos del tratamiento médico, las autoridades responsables deben reembolsar al paciente los gastos privados erogados por la adquisición del medicamento.
El legislador detalla que según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del INEGI, analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), un hogar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gasta un promedio de 5 mil 350 pesos al año en gastos privados, para adquirir los medicamentos que el sector público no le otorga, y el propio gobierno ha reconocido que se dejaron de surtir 45 millones de recetas en estos años.
Por ello, “estamos convencidos que la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, y es imperativo contar con un sistema de salud robusto, inclusivo y sustentable. La propuesta es un paso firme hacia la consolidación de un sistema de salud que verdaderamente proteja a todas y todos los mexicanos, especialmente a los más vulnerables”, agrega.
La iniciativa fue enviada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.
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