* Una vez concluido el sexenio de EPN y renovado el gobierno federal, la sociedad podrá percatarse que sólo fue un tongo lo de la controversia constitucional y el despliegue informativo, porque la corrupción irá de la mano de su hermana, la impunidad; nadie de grueso calibre e impactante poder pisará la cárcel
Gregorio Ortega Molina
“Los asuntos de Palacio, van despacio”, dice una vieja conseja política. Mi padre afirmó, siempre, habérsela escuchado a Adolfo Ruiz Cortines. Bajo esta óptica es necesario estar atentos al desarrollo de la controversia constitucional interpuesta por el gobierno federal contra tres gobernadores y sus congresos locales.
César Duarte de Ochoa de inmediato dio un paso atrás. Los caciques financieros de Quintana Roo y Chihuahua parecen persistir en la necesidad de ser ventaneados, porque están seguros, como buena parte de la sociedad, de que todo terminará en eso, pues de todas formas conservarán esa impunidad que disfrutan por anticipado, porque la corrupción y sus secuelas es como ese juego infantil: lo que hace la mano, hace el de atrás.
La exoneración garantizada por Virgilio Andrade a los más conspicuos personajes del sexenio, se convierte en una “gracia” generalizada a todo aquel que llenó las alforjas y, además, compartió con quien debía hacerlo.
Pensar en que la SCJN resolverá a tiempo y conforme a la justicia -más que de acuerdo a la ley- la controversia constitucional, es permanecer embelesado por esos programas televisivos de concurso: bailando por un sueño.
Y sí, ni el propio Eduardo Sánchez creyó lo que la PGR estaba dando a conocer desde Los Pinos, porque sabe de ese transcurrir tan necesario, para que los asuntos políticos se resuelvan de acuerdo a los intereses del que manda, jamás en beneficio de la sociedad.
De nada servirá que la PGR presentara acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN por la aprobación de leyes locales anticorrupción, “porque generarán inseguridad jurídica que pondría en riesgo las reglas de operación de dicho mecanismo establecido mediante reforma constitucional en mayo pasado”, dicen.
Lo que pretenden es que la SCJN advierta a las entidades federativas que carecen de facultades para crear sus Sistemas Locales Anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, lo que es más, que les quede absolutamente clara su imposibilidad de hacer nombramientos de funcionarios en dichas áreas.
Algún docto en derecho constitucional debe aclararnos si se afecta, o no, el pacto federal, porque de acuerdo a lo dado a conocer, a lo que aspiran es que a los gobernadores se les lea la cartilla.
Una vez concluido el sexenio de EPN y renovado el gobierno federal, la sociedad podrá percatarse que sólo fue un tongo lo de la controversia constitucional y el despliegue informativo, porque la corrupción irá de la mano de su hermana, la impunidad; nadie de grueso calibre e impactante poder pisará la cárcel.
