Redacción MX Político. – El extinto Seguro Popular fue concebido para mejorar el sistema de salud mexicano, que desde 1943 (creado de manera paralela a la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social) ataba la protección de la salud al empleo formal, y al resto de la población ofrecía un modelo asistencialista.
En 2005 el entonces titular de Salud en la administración de Vicente Fox, Julio Frenk, refería que los objetivos del nuevo modelo eran: ofrecer un paquete de 255 intervenciones con sus medicamentos asociados, fomentar la atención oportuna y evitar la postergación de la visita médica.
También fortalecer el sistema público de salud y reducir la brecha de atención; contribuir a superar inequidades y rezagos; y reducir el gasto de bolsillo de millones en México.
En ese año, Frenk Mora diagnosticaba que el sistema de salud padecía varios males, en particular rompía con la solidaridad financiera y la “justicia en salud”, definida por la Organización Mundial de la Salud en su Informe de 2000 como el hecho de que “los individuos deben aportar de acuerdo con su capacidad de pago y recibir servicios en función de sus necesidades”.
Insistía que con el Seguro Popular se subsanaría el riesgo de que la transición demográfica y epidemiológica sobrepasara al sistema de salud; que se invertiría más en el rubro y se reduciría significativamente el “gasto de bolsillo”.
Este último es la proporción que las familias destinan a través de gastos directos a solventar sus requerimientos de atención de la salud, y que ascendía a poco más de 30 por ciento de su capacidad de pago en 2005.
Las cifras, pese a lo dicho hace 15 años, y lo declarado hace unos días (El Universal, 15.01.2020) por el ahora rector de la Universidad de Miami, muestran otra realidad.
En el libro Una reflexión crítica sobre la salud de los mexicanos, publicado por la UNAM en 2015, se señala que el INEGI reportó en 2010: 54 por ciento de los hogares del país incurrió en gastos de bolsillo, y entre 2008 y 2010 del total del gasto de bolsillo entre la derechohabiencia del Seguro Popular 62 por ciento se destinó a medicamentos.
Y continúa el texto: “el gasto de bolsillo es la forma menos eficiente para garantizar la justicia financiera en salud (…), ocasiona que sean los más pobres lo que más pagan, pues como sucede frecuentemente, suelen ser ellos los más enfermos”.
En la entrevista con El Universal, Julio Frenk advierte que con el Insabi se dará un retroceso de 40 años en el sistema de salud nacional, pues recentralizaría en el Gobierno Federal lo que ya hacían los estados, pero en 2005 señalaba lo contrario (con el Seguro Popular ya en marcha).
Decía que “todos los miembros de lo que hoy se llama población abierta va a ser derechohabientes del Seguro Popular (…) de hecho vamos a tener por primera vez en nuestro país un sistema nacional de seguridad social en salud”.
Y en el mismo documento donde aparece la entrevista se establece que la descentralización del sistema de salud no llevó aparejadas reglas claras de funcionamiento; la segmentación del sistema favorece la concentración de recursos inequitativa.
El especialista en salud declaraba hace unos días al diario que “por primera vez –con el Seguro Popular- se creó un fondo especial para la atención médica de alta especialidad, lo que se hizo con cuidadosísimos estudios actuariales”.
Pese a esto, en el Análisis a la Cuenta Pública de 2014 de la Auditoría Superior de la Federación, en su auditoría 1650, titulada Evaluación de la política pública del tercer nivel de atención en salud, Secretaría de Salud, se lee:
“Se registró una falta de articulación entre las acciones de distintas instituciones de alta especialidad médica. La carencia de información sobre los resultados obtenidos por dichas instancias implicó la falta de retroalimentación de la política para incidir en la toma de decisiones que reforzaran o corrigieran las acciones realizadas”.
Y dos años después la OCDE reportaba que el “gasto de bolsillo” en salud es uno de los más altos de la década y no se ha reducido exponencialmente pese a los esfuerzos del gobierno por ampliar la cobertura, lo que indica que se “está lejos de alcanzar una cobertura efectiva en los servicios de alta calidad”.
