MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Ahí viene la profunda y radical reforma del sistema de Justicia. Pregunta obligada: ¿para cuándo la del sistema de seguridad pública? Porque cambios cosméticos no han sido sustento que posibilite recuperar la tranquilidad que hace tiempo perdimos los mexicanos.
Y es que, mire usted, convocados por el senador Ricardo Monreal Ávila, representantes de los tres Poderes de la Unión se reunieron en la casona de Xicoténcatl, ex sede del Senado de la República, para analizar propuestas de mecanismos que permitan abatir la impunidad y mejorar el sistema de justicia.
Se trata de cambiar hasta el modo de andar del aparato que representa el Poder Judicial de la Federación, centrado en las atribuciones y responsabilidades del Consejo de la Judicatura Federal y de las que tienen jueces, magistrados y ministros responsables de impartir justicia pronta y expedita sin concesiones de naturaleza alguna.
Pero, esta impartición de justicia va de la mano de la prevención y procuración de Justicia que implica una enorme responsabilidad para contar con funcionarios, personal responsable capacitado y vacunado contra la corrupción para atender esta materia pendiente que los mexicanos demandamos recurrentemente, pero la respuesta ha sido demagógica cuando no ocurrente. Veamos lo reciente.
¿Operación fallida? De lo ocurrido el jueves de la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, queda el mal sabor de boca, rabia e impotencia pero, sobre todo, miedo entre los ciudadanos de todos los colores y simpatías partidistas frente a un poder fáctico que demostró su poder superior al del Estado.
Miente quien diga lo contrario; blofea el que asuma defensa oficiosa de quienes son responsables de garantizar la seguridad de más de cien millones de mexicanos; porque el mal, la delincuencia organizada o no, está en todas partes y el miedo, sí, el miedo está en todos.
Patética imagen la de integrantes del gabinete de seguridad, en la conferencia de prensa ofrecida en Culiacán el viernes de resurrección, sí, porque a los culichis les volvió la vida que sintieron se les iba en ese cuasi estado de sitio a mano armada de sicarios de la banda del Cartel de Sinaloa, de El Chapo.
Patéticos, sorprendidos, pillados carentes de información específica, documentada, con sustento en hechos reales, estos funcionarios de alto nivel en el papel del velador al que le robaron los tabiques porque se quedó dormido.
Peor aún, como el vigilante del negocio que, frente al tamaño del asaltante sólo pudo exclamar en defensa propia: ¡para qué la pistola, jefe, si con unas cachetadas tengo!
La inseguridad en prácticamente todo el territorio nacional. ¡Ah!, el poder fáctico, los sicarios que seguramente se carcajean con esas expresiones que se recomienda usar para enfrentarlos. ¿Temen a sus abuelitas y sus mamacitas?
Por eso. Mienten autoridades de la Ciudad de México con ese discurso que soslaya y resta dimensión a los cárteles que se disputan plazas para el trasiego de drogas, venta de derecho de piso y son omisas en el combate a las bandas que asaltan en las calles, en los cruceros, afuera y dentro de las estaciones del Metro en las principales alcaldías de su geografía.
Incapaces de echar de este sistema de transporte a los vagoneros y desarticular a las bandas de carteristas, asaltantes y hasta tratantes de personas, todos los días demuestran que lo de ellos, lo de ellos –salvó las consabidas excepciones—es el entre, el cochupo, la sociedad malsana con delincuentes en zonas de alto riesgo lo mismo en Tláhuac que en Iztapalapa y hasta en la alcaldía Gustavo A. Madero.
¿Por qué dimitió Jesús Orta Martínez a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México? La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum le debe una explicación a los capitalinos antes de irse a hacer campaña pintado bardas, besando abuelitas y plantando arbolitos.
¿Quién garantiza seguridad a los chilangos? Ahí tiene usted el caso del maestro de artes marciales, un joven que sometió a tres ladrones y como se le chispó un tiro contra uno de los hampones, fue detenido y acusado de intento de homicidio.
Mienten los gobernadores que en cada informe se quejan de la ausencia de apoyos de la Federación, del regateo de recursos públicos para atender temas de seguridad, capacitación y mejoría salarial de su policía, cuando en cada reporte de la Auditoría Superior de la Federación está implícito el subejercicio y hasta el desvío de esos dineros para asuntos ajenos a su etiquetado.
Por eso fracasaron todos los intentos en administraciones pasadas para coordinar el combate al crimen. Cada quien jalaba para su molino y, hoy, cuando el asunto está grave no hay una cabeza en el gobierno federal que hile un operativo para atender esa solicitud de detener con fines de extradición a un narcotraficante.
Porque admitir que fue un operativo fallido y asumir el mea culpa de haberlo soltado porque era mejor dejar a un criminal suelto que a ciudadanos muertos, ejecutados por los sicarios que pusieron esa condición, es evidencia de que lo suyo, lo suyo no es el tema de la seguridad pública, de ninguno de estos personajes que, en la víspera, fue incapaz de saber qué hacia su mano izquierda mientras la derecha se cuadraba.
¿A quién echar la culpa de lo ocurrido en Culiacán esa tarde en la que el terror se respiraba en todo el municipio y lo compartían millones de mexicanos que seguían el caso por las redes sociales?
¿En qué momento el crimen organizado, los cárteles y las bandas delictivas de menor tamaño mas no menos peligrosas, se apoderaron del país y secuestraron a la tranquilidad y seguridad de los mexicanos?
Es hueca la defensa de aquellos que en las llamadas “benditas redes” se rasgan las vestimentas y echan incienso en la cabeza porque asumen una embestida de los enemigos del prócer. ¡Vaya!, hasta corre la versión de que todo se armó para desestabilizar al país e incluso opacar el acto en el que el ciudadano presidente relanzó la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.
Bien por Monreal en esta tarea en la que están implicados ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces, magistrados y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, para impulsar la prioritaria reforma al Poder Judicial.
En paralelo es recomendable entrarle a la reforma del sistema de seguridad pública. Son rimbombantes los cargos, las definiciones; impactan las explicaciones en el papel, sorprenden los rollos demagógicos porque implican burla al sentido común de quienes los escuchamos temprano y en estas ceremonias, actos en los que aparecen displicentes frente a los críticos. ¡Claro!, nunca aceptarán que fallaron, que los dobló el narco. ¿Renunciar? El daño está hecho. Digo.
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