Por Aurelio Contreras Moreno
La oleada mundial de protestas contra el racismo a raíz del asesinato de un hombre afroamericano a manos de un policía blanco en Estados Unidos encontró en los últimos días una inusitada réplica en México, donde los cuerpos de seguridad pública tampoco se caracterizan por el respeto a los derechos humanos.
En el estado de Jalisco, un albañil de 30 años de edad de nombre Giovanni López fue detenido el pasado 4 de mayo por policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. De acuerdo con la versión oficial, debido a un comportamiento violento. Pero según los testigos, por no usar cubrebocas en la vía pública, medida coercitiva decretada por el gobierno estatal que encabeza Enrique Alfaro, quien llegó al poder postulado por Movimiento Ciudadano.
Al otro día de su detención, a la familia de Giovanni López le fue notificado que tenía que ir por él. Pero no a la estación policiaca, sino al Servicio Médico Forense, pues estaba muerto. Lo cual solo podía ser responsabilidad de los policías que lo arrestaron, hecho que provocó una fuerte y justificada indignación en aquel estado, de la que de inmediato se buscaron colgar varios actores políticos.
Activistas de Morena y hasta funcionarios federales tomaron el asesinato de Giovanni López como bandera –y pretexto- para golpear al gobernador Alfaro, quien a su vez aprovechó la coyuntura para victimizarse y apuntalar sus aspiraciones de convertirse en la principal figura opositora a la “4t” y, en consecuencia, en candidato presidencial en 2024.
La politiquería terminó opacando el fondo: un caso de brutalidad policiaca como los que suceden no solamente en Jalisco. En Veracruz se registró un hecho idéntico prácticamente al mismo tiempo, hace poco más de un mes.
El viernes 1 de mayo, el serigrafista Carlos Andrés Navarro Landa salió de su domicilio en una colonia popular de la ciudad de Xalapa para aplicar unos vinilos y ya no regresó. Su familia comenzó su búsqueda al otro día y fue entonces que circuló en las redes el video de la transmisión en vivo que el hombre de 33 años de edad hizo del momento de su detención a manos de una docena de policías estatales –en la capital de Veracruz no hay policía municipal-, que lo sometieron con lujo de fuerza.
Navarro Landa fue trasladado a los separos del cuartel de San José, en el centro de la capital veracruzana. Pero resulta que el domingo 3 de mayo las autoridades se comunicaron con su familia para que fueran a reconocer su cuerpo, pues había fallecido de un “paro cardiaco”.
Sin embargo, en el acta de defunción de Navarro Landa aparece como causa de la muerte, junto a la de “infarto agudo al miocardio fulminante”, un “conjunto de traumatismos”. O sea, que los policías lo tundieron de tal manera que lo mataron a golpes, lo cual se podía apreciar directamente en el cadáver durante su funeral, pues aún amortajado eran visibles las huellas de la paliza.
A más de un mes de lo que fue un obvio homicidio cometido por los elementos de Seguridad Pública del estado de Veracruz, no hay un solo detenido. La dependencia lo único que hizo fue emitir un escueto comunicado en el que señaló que “pone a disposición de la autoridad competente los reportes policiales e informes correspondientes para la investigación y trámites de ley. Asimismo, expresamos a la familia nuestro más sentido pésame y reiteramos nuestro apoyo y colaboración para atender sus legítimos requerimientos”, sin dejar de insistir en que la muerte de Carlos Navarro fue solo a causa de un infarto.
A diferencia de lo sucedido en Jalisco, en este caso nadie –más que la familia de Carlos Andrés Navarro Landa- pide justicia. Aquí ninguno de los activistas que le tiran a todas las manifestaciones ha convocado a marcha alguna para repudiar la violencia de Estado contra un ciudadano. Por acá no se ha parado la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, para solidarizarse con las víctimas, como sí lo hizo este fin de semana en Guadalajara. Y este asesinato no le mereció un tuit a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el hashtag #JusticiaParaCarlos.
Y esto es así porque en Veracruz gobierna –es un decir- Morena. Tal parece que la indignación y la justicia son selectivas en los tiempos de la “cuarta transformación” y dependen del partido que gobierne.
Hipócritas.
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