Se encuentra fuera de duda que en la actualidad los Estados Unidos Mexicanos, con y por su gobierno transita por lo que los entendidos conocen como un “régimen de izquierda”. Aún siendo así, éste gobierno de la Cuarta Transformación de la Nación, debe de dar cumplimiento con determinados deberes como es el respeto irrestricto a la Constitución Política. Thomas Paine quién fue en su momento un leído intelectual y revolucionario, promotor del liberalismo, la democracia y la izquierda política, en su obra “Los derechos del hombre”, nos ilustró diciendo: “Todo gobierno, aún en su mejor actuación, es un mal necesario, en su peor actuación, un mal intolerable”.
Al remontar nuestro pensar a las queridas aulas universitarias del sesenta y cinco, nos hizo recordar que: “El gobierno (aún de izquierda) no debe proscribir ni dispensar protección a ninguna doctrina; es ajeno a su instituto, que es el de observar y hacer observar las leyes”.
A la actual Cuarta Transformación de la Nación, se le debe de hacer saber que el gobierno de iure (como referían los más ilustres catedráticos y políticos de esa generación de abogados) o de derecho, es aquél que se ha constituido legalmente y que además debe de desempeñarse acorde a los principios jurídicos insertos en el espíritu y letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora en México se debe de saber que una transformación política, aún sea ésta la cuarta transformación, debe de llevarse a cabo únicamente a través de su orden jurídico, a contrario sensu, un régimen de Estado de Derecho, sería lamentablemente un régimen de hecho y ello acontecería cuando el gobernante o Poder Ejecutivo desconociera de propia autoridad el orden institucional. Tal podría ser el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador si sigue desconociendo el orden jurídico creado por la Carta de Carranza, lo que convertiría a nuestra Patria en una gobernanza de anarquía.
En la interrogante de la hora presente por la que atraviesa nuestro México, habría que dilucidar si nuestro gobierno es de derecho o de hecho, o si ambos encuentran vínculo en la actualidad, más que en algún otro sexenio.
Cualquier problema de trastocamiento del orden constitucional se convierte en una lucha de ideales, que según se observa, hoy mantiene un proceso contradictorio en toda la comunidad internacional. La gravedad de éste tópico debe de ser evitada en nuestro México.
No podemos dejar de referir lo que dice nuestro Pacto Federal, cuando un funcionario no reúne las características que la Ley determina. En ese caso ese gobernante debería de ser destituido o consignado a un juez en aplicación de las leyes secundarias o siguiendo el protocolo que establecen los artículos 108 y siguientes de la Carta Magna.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del
Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
