Joel Hernández Santiago
Al final del gran debate, de las presiones políticas al Instituto Nacional Electoral (INE) y la caída de una Reforma Electoral por la que se quería transformar todo el sistema de elecciones y la institución que las coordina, y luego de una insistencia verdaderamente intensa por parte del gobierno de la 4-T, quedó el Plan B, por el que se busca deprimir al mismo INE hasta los huesos…
Esto es, ese Plan B parece que ni mandado a hacer para la preservación de la 4-T en el gobierno y para que el gobierno se haga de todos los mecanismos electorales, lo que sin duda incidirá en la vida política de México. Esto es. En términos generales lo que el Plan B que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, plantea en materia electoral es:
Una reestructuración del INE; la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral; se da manga ancha a partidos para hacer proselitismo y actos anticipados de campaña.
Este Plan B modifica cuatro leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación– lo que involucra más de 400 artículos.
Elimina la transferencia de votos a los partidos en riesgo de perder su registro -conocida como la vida eterna a los partidos- y pone un techo al sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que el Presidente de la República.
Se permite a personas en prisión preventiva votar y se establecen límites a las interpretaciones del INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a las declaraciones de funcionarios que podían considerarse propaganda y por las que se emiten sanciones.
Es decir, las manifestaciones de los servidores públicos que se realicen en el uso de su libertad de expresión o en el ejercicio de sus funciones públicas, no constituyen propaganda gubernamental, aunque lo sea.
Y así, en general el contenido del famoso Plan B, del que apenas el viernes pasado el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek admitió la controversia constitucional que interpuso el INE y concedió la suspensión solicitada por el organismo, por lo que frena por el momento la reforma.
Esto significa que la suspensión decretada es para que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y que rijan las disposiciones vigentes antes de la publicación de reformas a diversas disposiciones…
La expectativa era mucha. Las presiones sobre la SCJN eran extremadamente intensas desde Palacio Nacional y desde distintos operarios de gobierno de la 4-T que siguen a pie juntillas, sin análisis, sin criterio personal, sin un sentido mínimo de autocrítica, señalando a la Corte como “institución fallida” y sobre todo la “incapacidad” –así dicho- de la actual presidenta de la Corte, Norman Piña.
Por supuesto incomoda que la decisión contenga la frase fatídica de “frena por el momento”, por lo que podría haber un resquicio que pudiera ser utilizado para impugnar esta decisión. Es decir, todavía sigue un proceso de pruebas en favor y en contra hasta que la Corte pueda resolver al fondo –que es decir, definitivo- o revertir, lo que no se desea por muchos.
De cualquier modo, en tono extremadamente indignado, Palacio Nacional emitió un comunicado el día siguiente –sábado 25 de marzo-23—en el que acusa: “El ministro [Láinez] “arrancó hojas a la Constitución” y desconoce las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales”. Por tanto, impugnará esta decisión.
Del mismo modo, el gobierno federal dice que impugnará esta decisión Jurídica y legal para el caso de las elecciones en el Estado de México y Coahuila.
Esta determinación legal emitida por la SCJN es un respiro que se suma a otra disposición que también generó inconformidad en Palacio Nacional porque tiene que ver con su ímpetu reprobatorio de la estructura del INE, como fue la decisión legal de reponer al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, para que termine su gestión según tiene establecido la Ley.
Sigue ahora la lucha por imponer a los cuatro nuevos Consejeros Electorales del INE para lo que ya se echó a andar el procedimiento de selección, un proceso que muchos acusan inapropiado, toda vez que da la casualidad de que los finalistas –al momento—son personajes muy vinculados con el partido Morena…
En particular la señora Bertha María Alcalde Luján que según este procedimiento del Comité Técnico de Evaluación encabeza calificaciones, aunque se extraña por su vinculación política con Morena, debido a que es hermana de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde y ha tenido cargos en la administración actual.
En todo caso se ha resuelto que quien presida la siguiente etapa del INE deberá ser mujer, lo que supone que el nombramiento podría recaer en Bertha María, luego de un extraño proceso de selección.
Así las cosas, el riesgo electoral del Plan B, parece solucionarse en favor de la transparencia y la democracia; aunque preocupa que quienes ocupen los nuevos cargos de Consejeros sean particularmente favorables a Morena, con lo que esto significa para acotar los procesos democráticos y la transparencia electoral.
Veremos.
