Lilia Arellano.
“No es triste considerar que sólo la desgracia hace a los hombres hermanos”: Benito Pérez Galdos
• Ingobernabilidad inocultable
• Arribismo de partidos a la propuesta de Morena
• Sismo impactará a partidos en comicios de 2018
• Organización ciudadana desplaza a partidocracia
• Congreso: $50,000 millones para reconstrucción
• Q. Roo inmerso en los escándalos de corrupción
• “Renunciar al TLC sería un desastre”: Donahue
Ciudad de México, 25 de septiembre de 21017.- El panorama político está sumamente enrarecido y eso contribuye en mucho a la inestabilidad con la cual se conduce la gente en la Ciudad de México, en donde ya se le mueve el piso ante cualquier pequeña réplica del temblor. La razón de tanta incertidumbre, del pánico que acompaña a los pobladores, se debe a la ingobernabilidad inocultable. De una y mil formas se han liquidado todas las instituciones, no queda una en la cual los ciudadanos confíen a ciegas, ni siquiera el clero al asegurarse en las redes, sin comprobación alguna, es Norberto Rivera el dueño del colapsado colegio Enrique Rébsamen. A todo ello se suma el arribismo de los partidos políticos al ofrecimiento de Andrés Manuel López Obrador de entregar el total de las prerrogativas para apurar la restauración de los daños causados por los sismos del 7 y 19 de este mes.
La farsa vuelve a ponerse en movimiento. No es posible la renuncia total a las prerrogativas, como lo planteó “Clavillazo” Ochoa Reza, dirigente nacional del tricolor, porque habría que cambiar la ley electoral a fin de evitar la llegada de capitales oscuros a las campañas. Cualquier modificación tendría validez en elecciones posteriores pero no en la del año próximo. Emilio Gamboa tuvo que enderezarle la plana tanto al ex director de la CFE como al propio César Camacho y puntualizar solamente sería el dinero del 2017 o lo que de él resta. En un afán de contrarrestar la simpatía con la cual la población recibió la propuesta del tabasqueño, hasta los dirigentes del Frente han salido a través de las redes a dar una demostración de que pueden tener actitudes magnánimas, solamente que la población ya abrió los ojos y reclama un dinero producto de sus impuestos, lo cual está alejado suficientemente de la expresión “donación”.
Los extremos a los cuáles han llegado hablan de una irritación mayor entre los mexicanos, víctimas o no de los sismos, en los próximos meses. Sumas de dinero van y vienen incluyendo la bofetada con “guante blanco” lanzada por el gobierno de Venezuela al ser el primero en enviar un avión cargado de artículos necesarios para la sobrevivencia de la gente en casos de tragedia como los sucedidos, pese a las declaraciones y enfrentamientos provocados por actitudes poco o nada diplomáticas del aprendiz de canciller, Luis Videgaray. Saltan cifras millonarias de donativos de mexicanos en el extranjero, de los gobiernos, de seguros para catástrofes –tanto de los contratados en México como los otorgados por organismos internacionales al considerar a México como un país en permanente peligro por el paso de huracanes, ciclones y sismos o terremotos-.
Pero un plan para la aplicación, la formación de algún consejo o grupo ciudadanos para seguir puntualmente la aplicación de esos ingresos, tal y como lo propusiera el dirigente nacional de Morena, no existe. De otra manera ya se hubiese recurrido a la presentación de un plan asentado en la realidad. Si las casas de interés social, incluyendo aquellas sobre las cuales el Infonavit otorga el crédito para adquirirlas, van de 220 a 280 mil pesos, el promedio es de 250 mil pesos por vivienda. A eso habría que descontarle el 16 por ciento de pago de IVA sobre los materiales. Es decir, para los adquiridos o entregados a través de un almacén instalado por el propio gobierno y con inspección ciudadana, quedarían exentos de este pago.
Se reduce aún más el costo de la casa si se toma en cuenta el terreno ya existe y puede promediarse entre 35 y 40 mil pesos por uno. Se resta el porcentaje de utilidad de las constructoras, el cual no es menor al 40 por ciento, y el porcentaje de interés bancario que estas empresas pagan para su financiamiento. Así, el costo por vivienda es de aproximadamente 80 mil pesos, sin considerar podría todavía conseguirse un descuento en las bloqueras, cementeras y varilleras por el volumen de las adquisiciones. La madera para los colados puede pagarse por una sola vez y permitir el colado de cientos de viviendas. Con 4 mil millones de pesos quedarían en pie 45 mil viviendas como mínimo. Con los 8 o los 12 mil millones de pesos de los cuales se habla frecuentemente y al parecer sin bases jurídicas para una entrega legalizada, se lograría en tiempo record una reconstrucción.
Pero no han dado ni un solo paso para presentar un proyecto, una estrategia, un plan para llevar a cabo la reestructuración tantas veces anunciada y prometida para efectuarse en un tiempo record, inmediato, de entre un minuto o menos, cinco minutos, según mide el tiempo y declara el mexiquense inquilino provisional de Los Pinos. Lo propuesto señala una “ayuda” de entre 5 y 60 mil pesos para la construcción y otra “ayuda” de hasta tres mil pesos para pagar renta. ¿Ayuda, ayuda, ayuda? Sus cuentas siguen siendo una incomprensible operación en la cual entra mucho, sale demasiado y no se ve nada o si acaso se alcanzan migajas como las que pretenden entregar a las víctimas del terremoto cuando los fondos alcanzan para mucho, mucho más que cinco mil pesos.
Lo relacionado anteriormente forma parte de las fórmulas que la ciudadanía busca y expone para salir, efectivamente, del boquete creado por los sismos. A no ser que se persiga de manera ya planeada la irritación popular con fines aviesos, de esos con los cuales se han acompañado las acciones gubernamentales de los últimos tiempos, deberán verse acciones reales.
De otra forma seguirá siendo la fórmula mediática lo único que prive y seguirán intentando la generación de fábulas, de mentiras, de telenovelas de ínfima calidad como las que ya nos recetaron con el Chupacabras; con los náufragos que en altamar comieron gaviotas y llegaron a tierra con los dientes impecables, blanquísimos; o con la filmación de Florence Cassez; que tal la manipulación con otro pequeño, con Monchito, o justo en el presente en donde de nuevo vuelven a sacrificar en su credibilidad a los marinos al sacarse de la manga a la perra heroína casualmente de nombre Frida. Bastante tuvo la ciudadanía con percatarse del rostro del subsecretario de Marina, vicealmirante Ángel Enrique Sarmiento, al momento de pedir perdón a los mexicanos y leer con la cabeza gacha un comunicado. La vergüenza resultó inocultable cuando, si alguien está acostumbrado a rendir parte con información verídica, comprobable inclusive, son las fuerzas armadas.
Pero habremos de puntualizar en la etapa todavía del presente en la cual siguen en la búsqueda de sobrevivientes. Permanece el gobierno con la insensibilidad que llevó a los familiares de quienes se encuentran bajo los escombros a solicitar amparos para poder seguir con la búsqueda. Les han dado un plazo de tres días y trabajan aceleradamente antes de que lleguen con la maquinaria pesada y, como sucedió en 1985, retiren escombros con restos de seres humanos. El control y manejo de las crisis generadas por los errores cometidos por autoridades apanicadas lleva, sin detenerse, las mismas dosis de manejo mediático. No dejan ni por un momento la creación telenovelera. Lucía Zamora fue fotografiada supuestamente en el momento mismo de salir de los escombros y se ha ejemplificado con su sonrisa. No hubo tal expresión justo al salir, sino mucho después, cuando le fue solicitado el gesto a quien es consultora nada más y nada menos que de marketing. Maquillada, tranquila, ha estado dispuesta a dar todas las entrevistas requeridas.
Ni que decir de ese 1.18 por ciento de escuelas que iniciaron clases el día de ayer en la capital del país. A ese paso se llevarán mucho más de un mes para que las clases se normalicen y Aurelio Nuño no acierta a elaborar un nuevo calendario escolar con el cual puedan terminar el ciclo con la enseñanza programada. Nada más allá de la nariz es lo contemplado por el gabinetazo de EPN. Eso sí, el aspirante a candidato presidencial de manera inmediata se ha deslindado del colegio particular Enrique Rébsamen y señala no tienen ninguna facultad para hacer revisiones. Seguramente es por eso que sus propias escuelas, las públicas, al carecer de supervisión en su construcción, carecen de baños, de sanitarios para los profesores y por supuesto de los prometidos bebederos.
Las rechiflas, corretizas, jitomatazos, agresiones, mentadas de madre, corridas, etcétera, brindadas por la población a los funcionarios, entre ellos a Miguel Ángel Osorio Chong, a un par de delegados, al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a su esposa, al propio Enrique Peña Nieto, están debidamente justificadas, se las han ganado y a pulso, pusieron todo su empeño para ser merecedores a ello y esto es apenas el comienzo. Veremos todavía cual será el comportamiento de los legisladores en cuyas manos, en las de los diputados principalmente, está la cancelación de partidas presupuestales para los partidos políticos, reducción de gastos del INE, de los superfluos de los funcionarios, de las partidas especiales para Presidencia y otros gastos de secretarios, etcétera. El reacomodo de los Egresos es, en estos momentos, fundamental.
Es así que, en el Congreso, los partidos se ven apurados al verse rebasados por la sociedad. Dentro de la definición de la agenda legislativa por parte de los coordinadores parlamentarios, la cual deberá ser aprobada a más tardar el 15 de diciembre, destaca la creación de un fondo no menor a 50,000 millones de pesos para la reconstrucción, luego de los sismo de 8.2 y 7.1 grados que devastaron zonas de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Estado de México. Al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos para el 2018, los legisladores deberán asumir su gran responsabilidad para contribuir a la reconstrucción, sin afectar programas sociales, sino todo lo contrario, robusteciéndolos, pero…
DAÑOS POLÍTICOS
Además de los cuantiosos daños materiales y la pérdida de al menos 324 personas hasta el momento, los efectos políticos, económicos y sociales del sismo del pasado 19 de septiembre pueden derivar en el entierro del PRI como partido hegemónico en las elecciones del 2018. El despertar ciudadano detonado por el movimiento telúrico es similar al ocasionado por el terremoto de 1985, cuando se generó una ruptura política con el partido en el poder, la cual empujó la transición democrática y la pérdida para el PRI de la Presidencia de la República. El Revolucionario Institucional está en riesgo de convertirse en la tercera o cuarta fuerza electoral del país en el Congreso, empujado también por la administración del presidente Enrique Peña Nieto y la “nueva generación” de gobernadores priístas sumidos en escándalos de corrupción e investigados por desvíos de extraordinarios recursos del erario público.
Al reclamo de “agarra una pala” hecho al inquilino provisional de Los Pinos en Joquicingo, Estado de México, el domingo pasado por parte de airados jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), al cual se le puede traducir literalmente como “ponte a trabajar y déjate de grillas”, se le suman los gritos de residentes de Morelos al gobernador Graco Ramírez: “!Qué repartan, que repartan, que repartan!” y “¡Ratas, ratas, ratas!”, durante un recorrido por el municipio de Zinacantepec; y el repudio al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, en Chiautla de Tapia: “!No nos han traído nada, sólo se han hecho pendejos!”, “menos protocolo y más acciones inmediatas”, “no constructoras, apoyo directo y transparente”, “no nos prometan, el compromiso es hoy”. Miguel Ángel Mancera, tal vez el gobernante menos repudiado de las entidades afectadas por el movimiento telúrico, de plano fue obligado a cambiar de planes ante la emergencia y su búsqueda de la candidatura presidencial la dejo para después.
La movilización social observada en los últimos días debe seguirse con cuidado y a detalle pues está esbozando un nuevo México. El tambaleante sistema político mexicano sin duda será transformado. Mientras los efectos de las reformas estructurales del peñanietismo fueron contenidos en sus expresiones sociales, todo parece indicar no sucederá lo mismo con la organización ciudadana ante la parálisis gubernamental. La sociedad organizada rebasa con mucho la acción partidista y gubernamental y representa todo un reto para éstas en los próximos meses. La ruta electoral, la cual apuntaba a un derrota segura del PRI y sus candidatos en la elección federal del próximo año, para lo cual se trabajaba en un megafraude, al estilo del aplicado en los pasados comicios en el Estado de México, parece redefinirse y optar drásticamente por un cambio radical en la Presidencia de la República.
Peña Nieto se observa cercado en sus llamados a la unidad ante la emergencia provocada por el terremoto del 19 de septiembre. Sus peticiones a la sociedad mexicana a “no dejarse engañar ni confundir por la desinformación o noticias falsas” de las redes sociales, son esfuerzos inútiles ante la fuerza demostrada por la nueva generación de mexicanos volcados al rescate directo de los damnificados de los sismos, y quienes han utilizado las nuevas tecnologías como eficaz instrumento de comunicación. Al escribir estas líneas, estudiantes del IPN y la UNAM decidieron irse a paro para continuar en las labores de rescate de los derrumbes ocasionados por el sismo.
En cinco puntos de la capital del país seguía la búsqueda de personas: en Álvaro Obregón, el Colegio Enrique Rébsamen, Tlalpan y Gabriel Mancera; alrededor de 40 o 50 personas son rastreadas ahí, informó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien reportó van 9 mil inmuebles revisados, de los cuales, más de 8 mil tienen clasificación verde, es decir, son habitables; 700 inmuebles cuentan con clasificación amarilla, por lo cual necesitarán alguna reparación para poder ser habitables.
Rebasados se ven también desde el gobernador de Morelos, Graco Ramírez; y de Puebla, José Antonio Gali Fayad; hasta el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Ante hechos como los exhibidos en el Estado de Morelos, en donde el gobierno estatal se ha dedicado a despojar a la sociedad de la ayuda particular enviada a la entidad –sin el menor recato le han impuesto a las despensas entregadas una tarjeta con la leyenda: “con los atentos saludos del gobernador Graco Ramírez”, aún y cuando son donativos de los ciudadanos-, hay una gran coincidencia en los sectores sociales: la reconstrucción de la infraestructura dañada por el sismo debe cumplir con los estándares internacionales y debe estar libre de corrupción. Los recursos destinados para la reconstrucción deben ejercerse de manera transparente, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
El reto no es menor. Hay más de 140 mil edificaciones afectadas y la pérdida total de casi 50 mil inmuebles por los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasados, en ocho entidades. En Oaxaca y Chiapas se registraron daños en 116 mil 320 viviendas; en 37 mil 904 de los casos se dictaminó pérdida total, además de daños en 5 mil 366 comercios. En Morelos, hay dañadas al menos 10 mil viviendas; y en la Ciudad de México, la cifra alcanza los 140 mil 578 inmuebles afectados. Sin embargo, este reto cuenta con fondos suficientes si son aplicados con todo rigor, con honestidad, sin descontarles el consabido porcentaje que llega, en la mayoría de los casos, al 25 por ciento y haciendo negociaciones convenientes para casas de materiales, profesionistas encargados de supervisiones, etcétera.
PROTECCIÓN CIVIL EN ENTREDICHO
Para sumarle al infortunio, las áreas de protección civil no cuentan con suficiente personal especializado y tal parece que el gobierno en su complicidad con empresarios gigantes a los cuales ha enriquecido exponencialmente, no cuenta con calidad moral para exigir su colaboración. Ni los de OHL, ni los de Higa, ni ICA, ni Odebrecht, ni tantas y tantas subcontratadas por éstas o aquellas relacionadas con la familia Salinas, con Slim, con los Calderón, han movido un dedo para participar en las tareas de rescate y desaparecen cuando se aborda el renglón reestructuración o refundación, por la sencilla razón de no ser estos renglones en donde sus utilidades se vean con muchos ceros a la derecha.
Y ya llegó la situación a tal punto de gravedad que los partidos políticos, haciéndose de nuevo eco a la propuesta de López Obrador de formar un grupo administrador de los donativos, de todo el dinero destinado a la reestructuración de las zonas dañadas, agregan en sendas declaraciones su desconfianza hacia el INE como responsable del manejo de los recursos que no les entregarán. Ya la sábana económica se jalonea para ambos lados. La quieren unos y advierten la desconfianza en los otros y viceversa. ¿Cómo pueden pedirle a los ciudadanos confíen en su gobierno? Eso es más que solicitar el día se haga noche o al revés. Ya nada podrá ser igual, en efecto lograron el cambio y con él un despertar de la sociedad que puede arrojarlos del edén del cual han venido disfrutando PRI y PAN durante más de 80 años.
SIN HURACAN, PERO MOJADOS
Con los ojos llenos de lagañas pero eso sí con la declaración de la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, muy presente decretando el fin de la conjuntivitis, los quintanarroenses ven el sector educativo va de picada y llega hasta las universidades. No contentos con las escuelas “patito” autorizadas y cuyo funcionamiento carece de supervisión, enfrentan también saqueos. Tal es el caso de la denuncia interpuesta por la directiva del Sindicato de Trabajadores Académicos en contra del ex secretario, Miguel Ángel de la Cruz, a quien la nueva directiva señala del desvío de más de 35 millones de pesos. Le hacen cuentas muy largas y acudieron a la Fiscalía de Pech Cen desde el 20 de mayo. El expediente sigue inmóvil esperando vaya usted a saber qué.
Lo que parece ya no esperar mucho tiempo es la extradición de Roberto Borge. Dicen y no sin razón, puesto que en el pasado así se ha quedado registrado, la gente, los ciudadanos, quieren sangre en la arena, cárcel, venganza, y no repararán en los hechos y el comportamiento actual de quienes se dicen sus autoridades. Nos parece que ese tiempo ya pasó y se exigirá, como se debe, la aplicación de la justicia y la reposición del dinero desviado, pero ya la gente no emitirá votos dejándose engañar por las promesas o hará eco de las grandes farsas. Parece que por vez primera jerarquizarán que: “obras son amores y no buenas razones”.
Andar comprobando si el ex gobernador iba o no a fugarse es de primer orden en la estrategia de comunicación del gobierno estatal actual. Sacaron ya a relucir hasta tiempo y cercanía del penal en el cual se encuentra recluido para señalar el temor de los panameños porque se les escape al estilo Chapo o Kaplan, el del helicóptero en pleno campo deportivo de la cárcel de Santa Marta Acatitla, en el entonces Distrito Federal. Han hecho de la figura de Fabián Vallado al sujeto más leal conocido en el planeta después de Niza Puerto, por supuesto. Y así van y vienen los chismes carcelarios con todo y declaración de Juan Velázquez, ardidas todas porque no tiene al cozumeleño de cliente.
Ahora que, si no se portara tan drástico y alejado de calificativos en favor del trabajo de su competidor en relaciones con el gobierno, en matrimoniarse con guapísimas mujeres, en comparar cuentas bancarias abultadas, en la captura de clientes con recursos multimillonarios, en la contratación de abogados que sí manejan la ley y no las relaciones públicas, lograría ser el defensor de, por ejemplo, el ex gobernador Félix Arturo González Canto, a quien ya le llueve sobre mojado y le han sacado a la luz un mundo de empresas, socios con su nombre y con el prestado. Con la debida bendición, ventanean a Rodolfo Rosas, el de Mayazama, el de La Jornada Maya, el que se peleó con Donald Trump al cancelar el certamen de Miss Universo, a quien se le entregaron hectáreas sin límite de terrenos en Playa del Carmen y hasta le construyeron la infraestructura con todo y arco.
Ni de chiste sueltan la sociedad con Ricardo Vega Serrador, y hasta le endilgan la triangulación con el hijo de Dulce María Sauri, Luis Sierra, a sabiendas de ser un Borge el beneficiario mayoritario; desarrollos inmobiliarios, administradores hasta de placas de taxis y otros conforman un grueso expediente, del cual el senador consideró no se armaría y mucho menos sería presentado, pero no contaba con la facilidad para conseguir la documentación comprobatorio necesaria otorgada por el actual gobierno estatal. Como ha sido su costumbre, Carlos Manuel Joaquín González trata al ex gobernador con toda propiedad y calla cuando éste le cuestiona sobre estas apariciones muchas de las cuales giran en los medios de quien denunció a la “Dama de los Diezmos” y de quien, se sabe y se ha comprobado, conforma el grupo periodístico del sexenio.
Nada sencillo se la vienen pasando los quintanarroenses ante, por un lado, el destapadero de corruptelas y, por el otro, la inmovilidad del gobierno estatal para enfrentar las situaciones que, como la inseguridad, tienen impactados a los ciudadanos. Firmas falsificadas, declaraciones de funcionarios municipales emparentados con miembros de su gabinete, pasados inconvenientes, oposición abierta y declarada de hoteleros a iniciativa privada a nuevos impuestos, portales gubernamentales no actualizados con temas como la transparencia sumergida en dudas, retrasos en la aprehensión de ex funcionarios demandados y a Roberto Borge que no lo extraditan, conformarían la agenda estatal a cumplir, si realmente importara el ejercicio y asumir la responsabilidad de gobernar.
Juan Pablo Guillermo amenaza llevarse entre los pies a Eleazer Villanueva si es detenido. Y, del primero, existe una fuerte amistad entre su padre y el actual gobernador que imposibilita su captura y por ende el ser juzgado. Sobre el segundo está el manto protector del ex gobernador recientemente metido en cuanto lío ligado a la corrupción y a las asociaciones peligrosas se refiere. Juntos, ambos, quien sabe si tienen lo que se merecen, o les darán su merecido. Todo está en duda, más aún cuando solamente quedarán las acusaciones presentadas al cumplirse un año, es decir, al prescribir cualquier otra relacionada con su desempeño en el manejo de los fondos públicos o con los negocios hechos. A partir de hoy habrán de contar solamente los que se salvaron.
DE LOS PASILLOS
“Renunciar al TLC sería un desastre económico, político, y de seguridad nacional”, aseguró Thomas Donahue, líder de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En un artículo de opinión publicado el lunes en el diario The Wall Street Journal, destacó que con el fin del acuerdo sufriría especialmente el sector agrícola estadounidense, pues México podría responder con la imposición de aranceles y voltearía a otros mercados. “Atacar el TLC significaría un grave y costoso error que lastimaría a los granjeros, obreros, trabajadores y las familias que la Casa Blanca asegura proteger”, indicó Donahue, quien estimó en 14 millones el número de trabajos que dependen del comercio con México y Canadá.
Han pasado tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ninguno de los presuntos responsables ha sido sentenciado y sus procesos podrían tardar más de una década. El Ministerio Público Federal no ha concluido todas las líneas de investigación. Desde mayo de 2016, la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Raúl Cervantes Andrade, no ha incrementado la información pública de las investigaciones que se han realizado del caso, en el cual integrantes del cártel Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco atacaron, privaron de la libertad y presuntamente asesinaron a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reportó: el Juzgado de Control del Distrito Judicial Morelos decretó el embargo precautorio de 10 fincas propiedad del ex mandatario César Horacio Duarte Jáquez. Entre las propiedades se encuentran 9 fincas rústicas que representan más de 4,750 hectáreas, y una finca urbana de 1,619 metros cuadrados, localizadas en la zona sur de la entidad. Como parte de los trabajos de la “Operación Justicia para Chihuahua”, la Fiscalía General del Estado obtuvo resoluciones judiciales con el propósito de garantizar la reparación del daño a favor del estado de Chihuahua, correspondiente a los delitos de corrupción que se le atribuyen dentro de los procedimientos penales instruidos en su contra…
¿Será verdad? ¿Será mentira? La huelga de hambre emprendida por el ex gobernador Roberto Borge como queja del mal trato recibido en las prisiones panameñas, la cual se empeñan en comparar con la del veracruzano Javier Duarte. Demostrada está la inutilidad de estas medidas, salvo que en ese país los Derechos Humanos la contemplen como forma de tortura y entonces…
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