La constante injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral mexicano se ha convertido en un desafío para las autoridades electorales, quienes enfrentan la tarea de garantizar la imparcialidad y la equidad durante las elecciones.
Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han llamado en repetidas ocasiones al presidente a conducirse dentro del marco legal durante el proceso electoral. Sin embargo, las advertencias han sido ignoradas por López Obrador, quien ha continuado interviniendo en asuntos electorales en sus conferencias matutinas.
La oposición ha denunciado esta conducta, acusando al presidente de vulnerar el principio de equidad y utilizar indebidamente los recursos públicos para favorecer a su partido, Morena, y a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), por ejemplo, ha presentado varias quejas ante las autoridades electorales, algunas de las cuales han sido respaldadas con sentencias firmes. Estas sentencias han abordado temas como el uso indebido de recursos públicos, la promoción personalizada y la difusión de propaganda gubernamental durante periodos prohibidos.
A pesar de las denuncias en su contra, López Obrador ha eludido ser sancionado directamente, generando frustración entre la oposición y la sociedad en general. La reciente decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral de desestimar la creación de un cuaderno auxiliar específico para documentar las irregularidades del presidente durante el proceso electoral ha generado controversia y críticas.
Los representantes de la oposición, como Xóchitl Gálvez y Guadalupe Acosta Naranjo, han exigido que López Obrador retire su influencia del proceso electoral y permita una competencia justa y equitativa. A pesar de las múltiples sentencias en su contra, el presidente ha continuado interviniendo en asuntos electorales, desafiando las normativas y el debido proceso.
El desafío para las autoridades electorales es garantizar que las próximas elecciones se lleven a cabo de manera transparente y democrática, protegiendo los principios de imparcialidad y equidad.
Con información de LaOtraOpinión
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