Joel Hernández Santiago
De forma reiterada, el presidente de México dice que las cosas en materia de seguridad están bien, que a diferencia “del pasado”, durante lo que va de su gobierno todo está mejor y que va a mejor. Por supuesto son sus datos y está en su papel de defender su estrategia de la seguridad pública en todo el país.
Sin embargo el panorama de lo que ocurre día a día dice otra cosa. La terca realidad nos muestra otro estado de las cosas: muertes diarias, homicidios dolosos aquí o allá, ejecuciones diarias en distintos estados del país, feminicidios, atentados con armas de fuego, agravios, robos con violencia, confrontaciones entre maloras y fuerzas del gobierno, impunidad… y tanto más, sin fin…
Sobre todo, está el predominio de un fenómeno viejo que parece haberse fortalecido durante este gobierno: el del crimen organizado; el del narcotráfico, el de los grupos violentos que hoy parecen haberse apoderado de grandes zonas del país y para los que no hay fronteras, sino espacios de influencia y de interés y para los que no hay mano de gobierno, sí “abrazos, no balazos”.
El dolor social está a la vista. La tragedia de muchas familias cala fuerte en el ánimo nacional. Se ha generado un estado de miedo social. Un estado de indefensión y de terror. A la luz del día a día se sale con temor a las calles; se acude a las tareas con miedo. Y si bien ocurre la holgura necesaria luego de más de dos años de encierro por la pandemia, también es cierto que ese solaz es casi locura.
Pero eso: el gobierno de México dice que aquí todo está bien. Que aquí todo está bajo control. Que no hay ingobernabilidad y que el Ejército mexicano y la Marina –nuestras gloriosas instituciones militares—hacen todo en ley por controlar la situación y –dice- lo consiguen.
Y si todo es como se dice, si las cosas están bajo control y si todo camina sobre rieles para conseguir la tranquilidad social, la seguridad pública y el alto a la violencia criminal, entonces no se explica por qué el mismo gobierno insiste en aumentar el número de elementos en el Ejército, el mismo al que se le han asignado muchas tareas fuera de su jurisdicción militar y que, por lo mismo, en su interior ya comienzan a mostrar inconformidad…
Los gobiernos estatales y municipales hacen lo que pueden con las fuerzas de seguridad que tienen a su disposición aunque les queda claro el mandato supremo: Será el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional los encargados de enfrentar a la violencia criminal y de conseguir la paz social. Si. Pero no.
Y no es que no puedan hacerlo. Lo que ocurre es que tienen órdenes supremas para actuar de la manera como lo hacen en medio de esta situación de crisis. Está claro que el jefe supremo de las fuerzas militares está señalado en la Constitución: está en Palacio Nacional.
Y con todo, se ha puesto en la mesa del futuro nacional que el Ejército mexicano sume a la Guardia Nacional bajo su responsabilidad, estrategia y mando. Esto es: la militarización de la seguridad pública del país. Esto es: que el Ejército mexicano y la Marina Nacional son responsables de nuestra seguridad personal y patrimonial. Históricamente la Constitución ha señalado que esta tarea corresponde a la sociedad civil.
Y para aumentar este predominio castrense en México, a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se envió la iniciativa para que las fuerzas armadas permanezcan fuera de los cuarteles hasta 2028, que son cuatro años más luego de que concluya esta gestión. ¿Con qué objeto? ¿Proteger a la sociedad mexicana del crimen organizado que –hoy- se dice que está bajo control y que aquí todo está bien? ¿O para proteger a quienes habrán de dejar el mando en 2024?
Y a través de Alejandro Moreno (Alito) como de Rubén Moreira, mandamases del PRI, se envió una iniciativa para que las fuerzas armadas permanezcan en las calles del país hasta 2028, no al concluir este gobierno, sino cuatro años después.
Y éstos la presentaron a través de una obscura diputada por Durango, Yolanda de la Torre, quien ahora, como por encanto, pidió licencia como diputada federal, para conseguir una posición de alto rango en su estado de origen: “”Pedí licencia porque en Durango vivimos nuevos tiempos y me interesa estar cerca de mi estado.” Si. Ajá.
Pero nada, que lo que se había aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados, no lo fue –por el momento- en el Senado de la República. Lo que enojó mucho a Palacio Nacional, desde donde se amenazó con llevar a cabo una consulta nacional para que “el pueblo bueno” decida si quiere que las fuerzas militares permanezcan en las calles mexicanas hasta 2028.
Especialistas en la materia afirman que ese ejercicio es inconstitucional porque no se puede llevar a consulta este tipo de materias de seguridad pública o nacional; que en todo caso, las consultas –cualquiera que sea- deberán ser organizadas, coordinadas y supervisadas por el Instituto Nacional Electoral y no por la Secretaría de Gobernación, como se propone.
Así que todo está bien en México, pero se hace crecer la fuerza militar y sus atribuciones y posiblemente el tiempo de estancia en operaciones.
En todo caso lo que importa es que pare ya el estado de violencia que vive el país, el de inseguridad, de terror, de miedo y de dolor y tragedia. ¿A alguien le importa parar esto, en serio? ¿A quién?
