Lilia Arellano.
“La guerra es el arte de destruir hombres, la política es el arte de engañarlos”: Jean Le Rond D´Alembert.
• Inseguridad, irresponsabilidad compartida
• Ejecutivo, Legislativo y Judicial demuestran incapacidad
• En Quintana Roo acumulan el ejemplo de las ineptitudes
• Guardia Nacional para evitar agresiones y tortura: AMLO
• Dictamen de la SCJN en favor de las represiones policiacas
• Violaciones a la Ley de Turismo al implementar el registro
• Falsedades en las policías y en el retorno de placas taxistas
Ciudad de México, 24 de marzo de 2017.- El escenario va tornándose cada vez más grotesco y temible. Al descubrimiento de fosas clandestinas cuyo contenido suma decenas e inclusive centenas de cadáveres lo cual es revelador de un número indeterminado de crímenes, ejecuciones, realizadas por la delincuencia debidamente registrada con nombre y apellido de quienes la encabezan, se suma el conocimiento de una realidad en la cual el Poder Judicial y la rama del Ejecutivo federal encargada de la seguridad, no responden, son irresponsables, siguen poniendo en peligro a los ciudadanos sin ser visto, desde cualquier ángulo, el cumplimiento de otro poder, del Legislativo. Los diputados duermen en sus curules, se hacen de la vista gorda y nada hacen para exigir cambie el panorama, retorne la seguridad y se justifiquen plenamente los miles de millones de pesos por ellos aprobados y dedicados a esta tarea.
Las fugas protagonizadas por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, siguen sin registrar culpables e igual han quedado impunes las realizadas en los reclusorios estatales. Sobre la ocurrida en Sinaloa, en donde por la puerta principal lograron salir elementos ligados a los más célebres capos de la mafia todavía no han detenido a quienes realmente la fraguaron y se ocuparon en hacerla realidad; como de costumbre están hasta incomunicados los custodios, el personal al cual no han escuchado cuando se queja de ser muy pocos, de no contar con los elementos requeridos en su trabajo, los contratados con sueldos bajos y sin prestaciones o seguro de vida. No tardan en fabricar “pruebas” para darle veracidad a los cargos hechos a quienes seleccionan como “chivos expiatorios”. No pasaron muchos días cuando en Tamaulipas, en la entidad en la cual el nuevo mandatario estatal demandó la salida del Ejército ante la multiplicación de actos delictivos, tuvo lugar la huida de 29 reos en una acción ejecutada como fiel copia de la protagonizada por El Chapo.
Ayer tuvo lugar otra riña en el penal de Cancún, una más a las registradas constantemente en el lugar y de las cuales la federación, la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong hace caso omiso. No se han atendido las solicitudes del gobierno estatal de Quintana Roo, como tampoco las de otras entidades en donde se documenta la existencia de centenas de internos de alta peligrosidad, de quienes han creado el autogobierno y delinquen tras las rejas con una protección aún mayor de la que gozan en el exterior. A lo anterior se suma la pasividad del Poder Judicial, los jueces acumulan centenas, miles de expedientes, no se dictan sentencias ni son puestos en operación los renglones marcados en las reformas y en los cuales han quedado marcados los delitos cuyos castigos pueden cumplirse haciendo trabajos sociales u otras actividades fuera de las cárceles.
Dan cifras sobre la capacitación para los juicios orales y éstas no son reales. La mayoría de los estados aún no llevan a cabo ni siquiera lo relacionado con los policías preventivos. Los miles de millones de pesos dedicados a esta tarea se han quedado en el limbo de las cuentas públicas aunque perfectamente aterrizados en los bolsillos de quienes integran un corrupto Tribunal del Poder Judicial en cada entidad. El Legislativo federal y los estatales permanecen en silencio sobre el tema, no son capaces ni siquiera de emitir algún punto de Acuerdo en el cual reclamen a la federación se cumpla de principio a fin el área bajo su responsabilidad, punto cúspide en la cadena de procuración de justicia.
Aunque tampoco cumplen con la tarea, como representantes de los millones de mexicanos, de supervisar la correcta aplicación de los recursos que aprueban anualmente o en partidas extraordinarias para cumplir con el mandato de dar seguridad a los ciudadanos obligación del gobierno federal, de los estatales y de los municipales. Eso sí, aprueban las cuentas públicas sin observaciones con consecuencias y con grandes huecos respecto a la utilización de las partidas destinadas a la seguridad. En las entidades son infructuosas y muy eventuales las comparecencias de Procuradores, Fiscales, secretarios de Seguridad tanto estatales como municipales. Quienes ocupan las curules llegan y se van sin tener en su haber señalamientos por incumplimiento de responsabilidades. Son tantas las prebendas, beneficios, prerrogativas recibidas que tornan en abismal la diferencia entre ellos y la clase trabajadora: muy pocas horas de trabajo, meses de asueto, automóvil y gasolina pagados, salarios inigualables y extras sin límite además de un rosario de gastos liquidados con nuestros impuestos. A cambio, leyes inobservadas y violadas.
EJEMPLO QUINTANARROENSE
De todas estas singularidades hay un ejemplo claro en Quintana Roo. Los diputados locales se encuentran ocupados en ahondar a fondo en las cuentas públicas de los ex alcaldes, amenazan con reabrirlas y dedican horas a discutir el destino final del Auditor Superior nombrado por la Legislatura anterior y a desmenuzar el pasado de su suplente. Aunque al respecto no declaran nada sobre el castigo al que se harían acreedores, al comprobarse inconsistencias en las cuentas públicas aprobadas, quienes levantaron el dedo y las autorizaron. Ya dieron muestras de desobediencia al obligar al ex fiscal Álvarez Escalera a renunciar pese a recibir el dictamen de la Suprema Corte de Justicia señalando correcto el nombramiento.
La carta de renuncia de quien aún sigue siendo el Auditor Superior del Estado es reveladora del autoritarismo con el cual se comportan quienes, paradójicamente, no llegaron a las curules con el respaldo y la representación ciudadana sino como beneficiarios de las posiciones otorgadas a los partidos políticos bajo el argumento de equilibrar la representación en los Congresos utilizado una vez tomada la decisión de poder llevar a ese cargo a quienes se les deben posiciones por trabajos realizados en favor de sus organizaciones, y estos han sido de todo tipo. Resultaron incapaces de permitir realizaran la tarea asignada y, de comprobarse ser parciales en sus determinaciones aplicar las sanciones correspondientes, en ambos casos. Las exigencias de renuncia son reprochables en la medida en la cual ni siquiera se les permitió actuar. Por lo tanto no es descabellada la presunción de estar llevando a cabo el “quítate tú porque sigue el mío”, para seguir adelante tapando corruptelas.
Las baterías se alistan sobre el suplente de Javier Zetina, Hugo Bonilla y para ello no han dudado en emprender una campaña contra Paul Carrillo, su antiguo jefe en el municipio Benito Juárez en donde se desempeñó como director de Ingresos. Con el objetivo de eliminar a ambos, los plurinominales Eduardo Martínez Arcila y Emiliano Ramos llegaron hasta el inmueble en donde trabajan los auditores y les hicieron patente un reconocimiento a sus esfuerzos, a los realizados a quienes llevan entre 10 y 20 años de revisar las cuentas. Pretendieron así borrar las expresiones vertidas por Zetina González: “el prestigio de la Auditoria Superior estuvo siempre en riesgo, tanto o más que la autoridad moral del conjunto de sus servidores, que miraron e desconcertados el protagonismo y la exacerbada repulsa con la que fuimos tratados, desde mi toma de protesta hace ocho meses”.
En estos menesteres dedican el tiempo los diputados, jornadas en las cuales no incluyen el reto toral al que se enfrenta el estado: las mafias, las acciones de la delincuencia organizada. Guardan silencio cuando deberían estar al frente en la búsqueda y puesta en marcha de una estrategia imposible de llevar a cabo si no se aplican de manera correcta los dineros aprobados para ese renglón en el presupuesto de este año por ellos aprobado. Realizan mesas de consulta para definir qué se debe hacer con los de Uber, aún y cuando está a la vista la violación a las leyes en las cuales se definen los requisitos a cumplir para llevar a cabo la transportación pública, y no mueven un solo dedo para llamar a cuentas a los responsables de la seguridad ciudadana y mucho menos ofrecen el apoyo para formar mesas de consulta con especialistas en la materia y con las voces de ciudadanos encabezando organizaciones como “Ángel Ciudadano”.
Por cierto, como les incomodan las posiciones y reclamos de este grupo, le han dado entrada a otro, al SOS de Alejandro Martí el cual carece de representatividad en la entidad. Con ello se ejemplifica la formación de organizaciones y cuadros a su gusto. Lo han intentado con los cambios en los sindicatos de taxistas municipales, con asociaciones ciudadanas usadas para la denuncia pública en contra de quienes ya se fueron pero incapaces de cuestionar el presente. Ni que decir de la creación de grupos ambientalistas afines a las inversiones a toda costa y llegan hasta el punto de contar con empresarios llamados a defender lo hecho por el gobierno en materia de seguridad. Se desmiente a comerciantes y restauranteros sobre las causas de las agresiones provocadoras de su salida de la entidad, de abandonar Cancún y Playa del Carmen.
Los cuestionamientos sobre el incumplimiento de responsabilidades no recaen sobre un solo Poder, sino en los tres sobre los cuales descansa el sistema de gobierno, sin por ellos excluir a los integrantes del federalismo, en donde aparecen alcaldes y regidores. Agreguemos a los funcionarios públicos y entonces sí se cuenta con un ejército superior al de la mafia. Lástima de objetivos.
GUARDIA NACIONAL
Ante la “práctica generalizada” de la tortura en el país a la cual se suma una “alarmante tendencia al alza” en el número de casos de desaparición forzada, ejecuciones y detenciones arbitrarias, las cuales son otras violaciones graves a los derechos humanos, cobra relevancia la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, de crear una guardia nacional “para que en México no haya tortura, ni masacres, ni se violen derechos humanos, y para no utilizar al Ejército o la Armada para reprimir al pueblo”.
Prácticamente, todos los hechos de tortura han ocurrido en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” de los sexenios de Felipe Calderón y ahora en el de Enrique Peña Nieto, para vincular a la persona al crimen organizado obteniendo confesiones autoinculpatorias, y en contra del movimiento social, como elementos desestabilizadores de la organización popular. Entre los métodos de tortura más comunes están patadas con las botas de los perpetradores en el cuerpo y cabeza de la víctima; otro método es la asfixia mediante bolsas de plástico en la cabeza; el uso de armas es común para golpear, amenazar o hacer simulacros de ejecución; en otros casos se usa la tortura sexual, pasando un arma por los genitales o los glúteos de la víctima; y amenazas tanto a la integridad del individuo como la de su familias. Estás últimas prácticas no dejan huellas físicas.
El Análisis sobre los patrones de tortura usados en México y los impactos de los sobrevivientes de esta práctica, elaborado por expertos y activistas, revela: “no sólo existe una enorme deficiencia y demora” en la aplicación de los Protocolos de Estambul, manual multidisciplinario reconocido a escala internacional para corroborar si se cometieron o no actos de tortura, sino que “no hay voluntad política para castigar este ilícito, pues no existe independencia ni autonomía de los órganos de procuración de justicia ni periciales.
Durante su quinta gira por el Estado de Veracruz, Andrés Manuel López Obrador declaró: “la parte social representa 90 por ciento de un gobierno, lo demás es que haya coordinación entre las corporaciones policíacas, profesionalismo e inteligencia, porque no es un asunto de fuerza, sino de inteligencia, y una cosa muy importante: que no se vincule la delincuencia a la autoridad, porque actualmente en Veracruz, y en todo el país, no hay frontera, no se sabe dónde termina una y donde empieza la otra”.
VA LEY ATENCO EN EDOMEX
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que las corporaciones policíacas del Estado de México utilicen la fuerza “en contra de multitudes y disturbios públicos” de manera preventiva para evitar actos de violencia, lo cual abrió la puerta para la disolución violenta de manifestaciones, aun cuando la mayoría de personas sean pacíficas y quienes realicen actos de violencia sean “pequeños grupos e incluso infiltrados”. “Dada la generalidad de la disposición y la ausencia de reglas precisas de actuación en estos casos, la manifestación podría ser considerada violenta y disuelta en violación al derecho de reunión y expresión”, alertó la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
El máximo tribunal continuó el jueves con la discusión de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos en contra de diversos artículos de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México y validó los artículos 14, 15, 16 y 39, en los cuales fue insuficiente la votación para declararlos inconstitucionales. A favor votaron los ministros Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Luna Ramos el ministro presidente Luis María Aguilar Morales. En contra, Norma Lucía Piña Hernández, Arturo Zaldívar, José Ramón Cossio y Eduardo Medina Mora. Sobre los primeros no llevará mucho tiempo contabilizar cadáveres, muertos y heridos por acciones policiacas justo antes, en y posteriores al proceso electoral en su haber.
Las reformas aprobadas señalan que cuando la petición o la protesta ante la autoridad “se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal y se procederá de conformidad con lo dispuesto en esta ley”. “Las normas son ilegítimas, porque puede usarse la fuerza “preventivamente”, lo que e incompatible con el principio de absoluta necesidad”, destacó Hernández Piña. A su vez, Arturo Zaldívar sostuvo: las normas son inconstitucionales, porque no contemplan expresamente la prohibición de disparar contra multitudes; la de usar armas de fuego para disolver una reunión; la obligación de dirigir la fuerza únicamente contra la personas que actúen con violencia, y la obligación de identificar a las personas violentas y de aislarlas del resto de los participantes.
La norma considera la ilegalidad de las reuniones a partir del contenido del mensaje, lo cual sólo es válido en situaciones excepcionales que tendrían que estar plasmadas en la ley y que no lo están, subrayó Zaldívar.
EDOMEX: SUBE COMPRA DE VOTOS
Mediante la entrega masiva de apoyos sociales en el Estado de México sigue a toda marcha la compra de votos en la cual participan funcionarios estatales y federales, y de diversas agrupaciones vinculadas al PRI. De ahí presentara el PAN su tercera denuncia ante la Fiscalía Especializada para Atender Delitos Electorales (Fepade). El dirigente nacional blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés, y el líder del panismo mexiquense, Víctor Hugo Sondón, se presentaron en las oficinas de la dependencia en Toluca y presentaron una denuncia de hechos por la compra de 3 mil credenciales de elector en municipios del Estado de México, entre ellos Atlacomulco.
Responsabilizaron a la Central Campesina Independiente (CCI), dirigida por Maricruz Cruz, de distribuir entre habitantes de la zona norte del Estado, principalmente a los originarios de la región mazahua, miles de subsidios en especie, incluidos insumos para el campo y materiales de construcción, así como monederos electrónicos. Nueve de los once diputados locales panistas acudieron al Órgano Superior de Fiscalización para solicitar formalmente se auditen todos los programas sociales, con el objetivo de verificar su correcta aplicación en territorio mexiquense.
El reparto masivo de apoyos está al margen de las reglas de operación de cada uno de los programas, con la clara intención de favorecer al PRI. Funcionarios solicitan a quienes reciben los apoyos copias de sus credenciales de elector, lo cual podría configurar un delito. “Queremos que se revisen todos los programas sociales para ver si se está cumpliendo la normatividad. Vemos un desdoblamiento inusual de los funcionarios por repartir todo tipo de apoyos previo a la elección, y no vamos a permitir que sigan estas prácticas”, indicó Anuar Azar, coordinador de los diputados panistas.
El Artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales señala: se impondrá de 200 a 400 días de multa y hasta 9 años de prisión al servidor público que destine, utilice o permita el uso ilegal de fondos, bienes o servicios a su disposición en apoyo o perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato. Letra a todas luces muerta al no registrarse, pese a la compra permanente de sufragios, a ningún funcionario encarcelado, multado, por lo menos inhabilitado.
FALLAN EN REGISTRO DE TURISMO
Finalmente, resultó que el Ejecutivo federal violó la ley a la hora de implementar el Registro Nacional de Turismo (RNT), previsto para 18 categorías de prestadores de servicios turísticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió esta semana los primeros amparos contra la aplicación del RNT pues los prestadores de servicios que deben inscribirse fueron ilegalmente determinados en marzo de 2016 por el secretario de Turismo, Enrique De la Madrid. La Segunda Sala de la Corte afirmó: “El Presidente de la República indebidamente delegó a favor del Secretario de Turismo la potestad para determinar en forma específica a los prestadores de servicios turísticos obligados a inscripción en el Registro”.
Los togados declararon inconstitucionales el artículo 87 fracción primera del Reglamento de la Ley General de Turismo, expedido por el presidente Enrique Peña Nieto en 2015, así como tres acuerdos de la Secretaría de Turismo, determinando a los prestadores de servicios turísticos el deber de registrarse, y los trámites y formatos para hacerlo. El artículo 46 de la ley únicamente faculta al Presidente para definir, vía “disposiciones reglamentarias”, el catálogo de prestadores de servicios, que por tanto no pueden estar en acuerdos administrativos de categoría normativa inferior.
En el catálogo, Sectur incluyó 18 categorías de prestadores de servicios, desde hoteleros, agencias de viajes, balnearios y transportistas, pasando por restaurantes, campos de golf y hasta quienes ofrecen vuelos en globos aerostáticos. El reglamento contempla incluir en el RNT un Sistema de Clasificación Hotelera, la cual provocó múltiples amparos, luego de que en marzo de 2016, la Sectur publicó el cuadro en cuestión.
La Corte concedió amparos a Hotel Royal Plaza y a la agencia de viajes Promociones Turísticas Nacionales, pero es previsible el criterio será aplicable a muchas otras empresas que se ampararon. Como se recordará la Ley General de Turismo fue publicada en 2009 y provocó un fuerte debate en el Pleno de la SCJN sobre la facultad constitucional del Congreso para expedirla, aunque a fin de cuentas, en enero de 2013, le dio visto bueno por 6 votos contra 4. Durante largo tiempo se discutió la reglamentación y ahora es cuando se están viendo las consecuencias.
DE LOS PASILLOS
El peso registró su mejor jornada en 4 meses. El dólar spot cerró este viernes en 18.7865 unidades, acortando la distancia con respecto a los 18.4215 que se tenían antes de que Donald Trmp ganara las votaciones del 8 de noviembre del 2016, de acuerdo con datos publicados por el Banco de México. Durante el viernes, el peso avanzó 18.70 centavos, equivalentes a 0.99 por ciento. Tras el cierre del mercado, y tras conocerse que fracasó el proyecto de salud de Donald Trump, el cual buscaba eliminar el Obamacare, el peso aumentó sus ganancias y el dólar bajó hasta 18.75 unidades. En ventanilla bancaria el billete verde se vendió en 19.10 unidades…
Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, logró imponer a Dolores Padierna como coordinadora de su bancada en el Senado, para lo cual utilizó una convocatoria de última hora a fin de efectuar su elección. Padierna logró tejer alianzas con senadores que ya habían votado por Raúl Morón para convertirlo en su coordinador. La noche del jueves, ocho de los 20 integrantes de la bancada se reunieron para elegir a Padierna y designaron vicecoordinador a Fernando Mayans, quien tres horas antes había firmado una carta para respaldar a Morón. Por cierto, la ex azafata, decidió ya no cobrar ningún salario por presidir a nivel nacional al Sol Azteca, con lo cual se desconoce si las percepciones obtenidas del Senado le alcanzarán para pagar la hipoteca del departamento en Miami…
“El Bronco”, Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, calificó de delincuente al líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien admitió tener 18 concesiones para taxis en esa entidad, aunque aseguró no las obtuvo del anterior gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, de extracción priísta, sino las compró a particulares. “Mal hecho. Es un delincuente. Punto. No tenía porque hacer eso, está delinquiendo, es un delito”, expresó el mandatario quien adelantó analizará la eventual cancelación de esas concesiones y llamó a Ochoa a regresarlas de manera voluntaria. Tal vez regrese las 18, pero le seguirán quedando 62, porque el pago del servicio prestado sumo 70 concesiones. Los autos sin placas se irán al servicio de Uber y así… nadie perdió…
Algunos aseveran fue con la propuesta de Vicente Fox como candidato a la presidencia que se llevó a cabo la primera alianza de facto del PRI con el PAN, sin embargo ésta se dio en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y empezaron por la gubernatura de Baja California y la alcaldía de Mérida. Ahora pretenden revivirla con tal de impedir la llegada de AMLO a la presidencia. Dados los resultados de los sexenios encabezados por ambos partidos se duda les fructifique esa unión, con todo y la compra de votos permanentemente realizada y fortalecida con el trabajo del Verde…
Grande y muy costosa es la farsa de las Academias de Policía, de esos centros a los cuales poco se acude y en los cuales supuestamente se prepara a quienes portarán uniformes. Sin embargo resulta ser se realizan convocatorias para aspirantes a policías y hasta señalan especialidades. ¿Primero contratan, pagan sus salarios y luego los llevan a la Academia? ¿Y si reprueban? ¿Aprenden a ser vigilantes del orden o se suman a la organización delincuencial autorizada? Ya no se sabe…
Los ciudadanos en Chihuahua están en extremo molestos a raíz de la exculpación hecha por Javier Corral sobre César Duarte, relacionada con el crimen de la periodista. Se advierte existieron muchas críticas sobre el desempeño del ex gobernador, el manejo de los recursos, la indolencia para aclarar asesinatos incluyendo el perpetrado a las puertas del palacio de gobierno. Los funcionarios del primer círculo resultaron señalados casi de manera permanente por abusos y desviaciones presupuestales y, si bien también incluyó a la mafia dentro de sus reportajes, lo cierto es que fue mayor el número de señalamientos sobre el mal gobierno… Habiendo sustentado la campaña por la que obtuvo el respaldo de los ciudadanos en críticas sobre el entonces todavía gobernador, la explicación de su exoneración en un caso sobre el cual se ha vertido el hartazgo ciudadano y el descubrir sus huidas a jugar golf en tiempos críticos le viene retirando masivamente el apoyo popular al panista y al panismo.
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