Por Aurelio Contreras Moreno
La ola homicida que azotó al estado de Veracruz este fin de semana demostró, una vez más, la irresponsabilidad del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al mantener a Jaime Téllez Marié como secretario de Seguridad Pública.
Más de 20 personas fueron asesinadas en ocho municipios de norte, centro y sur de la entidad entre el viernes y el domingo, siendo los crímenes de mayor impacto los del presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, su esposa Hilda Patricia Carrera y sus acompañantes, quienes fueron ejecutados la noche del viernes en Banderilla, junto a la capital del estado; así como el abandono de cuatro cuerpos desmembrados en Poza Rica.
La violencia desatada en Veracruz contrasta con la ominosa pasividad de las autoridades estatales, cuya responsabilidad preventiva está prácticamente anulada. Apenas si atinan a reaccionar para ir a recoger los cuerpos de las víctimas en las calles y cada tanto salir a declarar que “se hará justicia”.
Mientras Veracruz continúa tiñéndose de rojo, el secretario Téllez Marié es mantenido caprichosamente en un cargo para el cual repetidamente ha dado muestras de que no tiene capacidad. Pero pareciera que, emulando a su antecesor, el gobernador Yunes Linares estuviera dispuesto a primero dejar él su puesto que a relevar a su secretario de Seguridad Pública. Al grado de manipular los hechos de violencia.
A los pocos minutos de conocerse el asesinato de Víctor Manuel Espinoza Tolentino, la Coordinación General de Comunicación Social comenzó a emitir boletines en los que se inclinó, sin investigación alguna de por medio, por la versión de un asalto como móvil del crimen, que luego derivó a que fue perpetrado por una supuesta “banda delictiva que vende láminas, despensas y cobijas extraídas de bodegas oficiales en el gobierno anterior”, a la que el edil ultimado habría comprado esos materiales.
Pero casi a la par, también corrieron versiones en el sentido de que Espinoza Tolentino, su esposa y acompañantes habrían sido asesinados a mansalva por policías estatales que los habrían “confundido”. Y por supuesto, si esa versión se hubiese llegado a confirmar, sería imposible mantener a Jaime Téllez Marié en el cargo. La premura y la insistencia oficial por imponer su versión del asalto primero, y de la banda de “empleados y ex empleados” del gobierno estatal después -a los cuales dicen tener ya ubicados-, por lo menos dan qué pensar.
Con todo y las “confirmaciones” y “reconfirmaciones” que sostiene el gobierno, las dudas persisten. Dando por buena la “conclusión” oficial del asesinato del alcalde, ¿por qué asesinarían a un “cliente” que iba a pagar en efectivo por la mercancía, a sabiendas del escándalo político que esto provocaría? Sin contar con que resulta sumamente extraño que un presidente municipal –que dejaría de serlo dentro de un mes, al renovarse los ayuntamientos en Veracruz- acudiera en persona, junto con su esposa, a comprar láminas robadas y cargando 400 mil pesos en la bolsa, como se indicó en los comunicados gubernamentales.
Más extraño aún es que, a pesar de que la versión oficial implica al munícipe asesinado en un acto delictivo, Miguel Ángel Yunes Linares se haya presentado en su funeral prometiendo “justicia” porque “es mi compromiso como gobernador del estado; pero también lo haré como amigo de Víctor y de su familia”, afirmando al mismo tiempo que el edil fue “sorprendido y engañado”. Como si en la política y en el servicio público hubiera cabida para la ingenuidad.
La red para proteger la fallida estrategia –si es que se le puede llamar así- de seguridad del gobierno de Miguel Ángel Yunes es más que evidente. Sin embargo, su permanencia es insostenible. Y la violencia en Veracruz, insoportable.
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