Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Cerca de la medianoche de este martes 25 de noviembre, el Congreso de Veracruz consumó una reforma constitucional que tuvo exactamente durante un año en la “congeladora” y que sin más, decidieron revivir en uno de los peores momentos de la administración de Rocío Nahle, en medio de una severa crisis de imagen a unos días de cumplir sus primeros 12 meses de haber asumido el poder.
La reforma en cuestión elimina der tajo cualquier pretensión de autonomía que hubiese podido tener la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), devolviendo al Ejecutivo el control directo sobre el nombramiento y la remoción de su titular, lo que lo convierte en un subordinado más, de hecho y de derecho, del gobernador en turno.
No hay duda de que desde la reforma que transformó a la Procuraduría en Fiscalía General, su autonomía fue siempre de puro papel. Formal, más no sustantiva.
Todos los fiscales que pasaron por esa oficina se comportaron siempre como empleados del gobernador en turno, desde el duartista Luis Ángel Bravo, pasando por el yunista Jorge Winckler y la actual –y a punto de salir por piernas- “bolaochista” Verónica Hernández Giadáns.
La manera en la que llegó Hernández Giadáns a la FGE la marcó de manera indeleble desde el principio: ilegalmente, a través de una asonada pandilleril en el Congreso del Estado comandada por el entonces diputado Juan Javier Gómez Cazarín, pero cuyo “autor intelectual” fue el en ese momento poderoso secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, jefe directo –dicen que hasta la fecha- de la abogada que no tenía experiencia ni especialización alguna en derecho penal.
Verónica Hernández Giadáns se prestó a ser un ariete, un brazo ejecutor de las venganzas políticas de sus “superiores” –que en teoría, no lo eran-, léase Eric Cisneros y Cuitláhuac García. En ese orden.
Así, torció la ley cuantas veces se lo ordenaron, metió y mantuvo en la cárcel a cientos de personas inocentes, políticos o no, a través del infame bodrio jurídico de los “ultrajes a la autoridad”. Su gestión fue de todo, menos autónoma. Su inminente salida de la FGE no es algo que se vaya a lamentar.
Sin embargo, la reforma –que es el primer paso para echarla de la Fiscalía- aprobada esta noche va más allá. Le confiere el control absoluto al gobernador –la gobernadora en este momento específico- para nombrar o remover al fiscal –simulando un aparente ejercicio de control del Congreso mediante la ratificación, que es otra pantomima en una Legislatura de mayoría absoluta-, lo que desaparece por completo cualquier atisbo de autonomía, como la que por unos meses sí tuvo la Fiscalía de Winckler a la llegada de Cuitláhuac García a la gubernatura. Y que muy cara le costó.
Esta vuelta al pasado –el signo de la “cuatroté- convierte a la Fiscalía en un mero brazo punitivo del gobierno para golpear a opositores, críticos y adversarios. Lo cual es muy peligroso en un escenario de malestar ciudadano por la pésima actuación de la administración de una gobernadora irascible, hipersensible a la crítica y enemiga de la transparencia.
Se trata de una profundización de la regresión autoritaria, institucionalizando la subordinación de la justicia al poder político. Lo que antes se hacía de manera velada, ahora se hará con respaldo constitucional.
La reforma confirma que la autonomía de la Fiscalía era un mito. Solo que hoy, ese mito se derrumba y se reduce al organismo a ser un simple instrumento del gobierno para administrar la justicia según sus intereses.
Y si se confirma la llegada a la FGE de quien desde el Poder Judicial del Estado también retorció la legalidad, amenazó y persiguió a sus pares, dilapidó sus recursos en juergas y “outfits” –dicho por sus mismos colaboradores-, y que con toda facilidad les dio la espalda a sus antiguos benefactores, pues ya sabemos qué podremos esperar.
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