Lilia Arellano
“La manera más rápida de perder una guerra es perderla”: George Orwell
● Intentos de desestabilizar a México
● ¿De quién es “la mano que mece la cuna”?
● Violencia: ejecución de militares y civiles
● Migración: México cumple; EU satisfecho
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2019.- “Nosotros no queremos la guerra, no declaramos la guerra”, reiteró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al lamentar la muerte de tres militares en una emboscada el jueves en la sierra de Guerrero. Sin embargo, conduce un país inmerso en una conflagración subterránea, con un saldo promedio diario de más 100 víctimas. El asesinato de 3 soldados a manos del Cártel del Sur, es sólo uno más de las decenas de ataques a las Fuerzas Armadas durante la presente administración federal; la reciente ejecución extrajudicial de 8 civiles en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es un hecho adicional de un combate general el cual suma más de 300 mil cadáveres en doce años; el asalto de esta madrugada a las instalaciones del Gran Casino Frontón México, es otro de los millones de delitos cometidos con armas de fuego, de alto poder. Y los intentos de endurecer las leyes para combatir estos ilícitos se observan inútiles, así como ineficaz se registra el despliegue de la Guardia Nacional para contener la ola criminal, distraída en la contención migratoria hacia Estados Unidos.
A esto debemos agregarle los intentos de desestabilización planeados y proyectados por una “mente maestra” –calificación de académicos universitarios y observadores nacionales y extranjeros-, como el ataque ejecutado este mismo viernes por un grupo de disidentes al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), liderado por Martín Esparza, en el cual se lanzaron cohetones, palos y piedras a la sede de ese gremio en Insurgentes Norte, esquina con Antonio Caso, en la colonia Tabacalera. Éste se viene a sumar, en unas cuantas horas, a los desmanes perpetrados por encapuchados quienes realizaron pintas y rompieron vidrios de establecimientos durante la marcha por el caso Ayotzinapa. Más de 60 inmuebles, entre comercios, monumentos históricos, edificios gubernamentales y oficinas fueron dañados por desconocidos en la movilización por el quinto aniversario de la desaparición de los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El titular del Ejecutivo federal los calificó de entrada como “conservadores” y no como anarquistas, cuando lo ideal sería investigar primero quiénes fueron, deslindar responsabilidades y sancionarlos, y no caer sólo en la descalificación, la cual de nada ayuda.
Son sumamente preocupantes los hechos ocurridos durante las últimas 48 horas, pues son sólo un botón de muestra de la fragilidad de la gobernabilidad en el denominado régimen de la Cuarta Transformación; de la indolencia con la cual se está enfrentado el grave problema del combate al crimen organizado; de la parcialidad de los legisladores en el Congreso de la Unión quienes reaccionan mal y tarde; de la incompetencia de los cuerpos encargados de la seguridad nacional, interna y externa; de la torpeza, rayando en la complicidad, de los organismos de administración y procuración de justicia en el país, elementos todos estos que conjugan un caldo de cultivo terrorífico para los ciudadanos mexicanos, quienes se encuentran literalmente acorralados, sin ningún lugar a dónde hacerse, ya ni siquiera pensar trasladarse al vecino país del norte, pues se construyó un gran muro con integrantes de la Guardia Nacional para no molestar a los supremacistas blancos encabezados por su propio presidente, Donald Trump.
Durante la mañanera conferencia de prensa de cada día, López Obrador subrayó su gobierno no quiere ni ha declarado la guerra (al crimen) porque ello significó en el pasado la muerte de muchos civiles y personal de seguridad y de las fuerzas armadas. Pero esta situación, sigue, no se ha refrenado y no se ve para cuando la nueva estrategia, si es que la hay, brinde resultados a la ciudadanía. Ya la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió los resultados van a tardar años, tal vez se concluya este sexenio y no los veamos, pero así están las cosas. El tabasqueño envió a los familiares de los tres solados fallecidos, originarios de Veracruz, su más sentido pésame. “Estamos pendientes de ellos, no vamos a arriesgarlos, que los cuidamos y que nos sentimos muy orgullosos de lo que hacen, les puedo decir que evitamos los enfrentamientos que cada vez hay más trabajo de inteligencia para cuidar al personal militar, a marinos, a todos los cuerpos de seguridad”. Sin embargo, eso no se ve.
Según los propios informes oficiales, la emboscada a militares este jueves en Guerrero, fue perpetrada por miembros del Cártel del Sur, el cual opera en la zona. De acuerdo a investigaciones periodísticas y las autoridades estatales, el ataque fue perpetrado por la organización criminal dirigida por Isaac Navarrete Celis, quien controla el paso de heroína desde su lugar de producción en esa entidad, hasta su envío a Chicago, lo cual se enlaza con el caso Ayotzinapa, donde ésta es una de las principales líneas de investigación para dar con el paradero de los normalistas desaparecidos. Desde hace tiempo, la población de la zona había pedido la intervención de la Fuerzas Armadas ante la creciente violencia de los integrantes del Cártel del Sur en la sierra de Guerrero, quienes al parecer son dirigidos desde el territorio del estado de Illinois, en Estados Unidos. Además de la pérdida de vidas humanas, la actividad de esta organización criminal ha ocasionado desabasto de la canasta básica y servicios médicos en toda la región.
Otro grave hecho aún no aclarado pero si sumamente polarizado políticamente, lo es el montaje sobre el presunto “enfrentamiento” entre policías estatales y supuestos criminales del Cártel del Norte, el cual dejo ocho pistoleros muertos en la colonia Valle de Anáhuac, el 5 de septiembre pasado. Sin embargo, de inmediato el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), en Tamaulipas, presentó evidencias las cuales echan abajo esa versión del gobierno del Estado. Mostraron una serie de fotografías, un reporte de tránsito en el cual se acredita el uso de una grúa para “sembrar” una camioneta en la que se dijo viajaban los presuntos criminales, así como testimonios de algunos sobrevivientes, para acreditar no se trato de un enfrentamiento, sino de una ejecución de ocho personas –cinco hombres y tres mujeres- a manos de agentes del estado, caso similar al de Tlatlaya, Estado de México, y que después se hizo un “montaje” para justificar el crimen. La CDHNL documentó se trató de una ejecución extrajudicial, donde las víctimas habrían recibido “un tiro en la cabeza a corta distancia, e incluso algunos estaban sometidos en el piso o acostados sobre una cama”. Subrayó las fotografías filtradas de los cuerpos sin vida de los presuntos criminales evidencian que “las armas se les colocaron de manera burda”, además de que vestían uniformes de tipo militar de tallas mucho más grandes a sus complexiones e incluso portaban el calzado al revés, entre otros muchos elementos y testimonios de familiares de las víctimas, las cuales fueron capturadas, secuestradas y asesinadas por cuerpos de seguridad de la entidad, de acuerdo con las denuncias presentadas hasta el momento.
Es evidente la intención de ocultar la complicidad de las autoridades estatales de Tamaulipas con los cárteles criminales y de la droga, los cuales operan desde hace varios sexenios en esa entidad, cuya actividad y denuncias e investigaciones han llevado no solo al asesinato de un candidato a gobernador en los últimos años, sino al encarcelamiento de un ex mandatario por sus nexos con organizaciones criminales, como “Los Zetas” o el “Cartel del Golfo”. Ahora las investigaciones están apuntando al actual gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, actualmente incluido en la mancuerna de negociación de gobernadores entre legisladores de Morena y el PAN en el Congreso de la Unión, junto con el mandatario de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a cambio de las cabezas del gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y el de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en donde también el crimen organizado ha sentado sus reales.
Frente a estos hechos, en la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria de Morena propuso sancionar de uno a tres años de cárcel, a quienes lesiones o pongan en peligro la vida de cualquier elemento de las Fuerzas Armadas, además de dos a cinco años, a quienes hagan uso indebido de los símbolos patrios e insignias militares. Raúl Eduardo Bonifaz presentó la iniciativa la cual propone adicionar el Artículo 302 del Código Penal Federal, para sancionar a aquellos quienes infieran lesiones que pongan en peligro la vida, integridad corporal y el patrimonio de los elementos de las Fuerzas Armadas, a quienes se les aplicarían dichas sanciones. El legislador morenista expuso que, desde diciembre de 2018 a marzo de este año, el Ejército Mexicano ha sido atacado en 82 ocasiones por integrantes del crimen organizado. De esos hechos, resultaron lesionados 26 elementos y cuatro más perdieron la vida, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución que no ha actualizado esa información de los enfrentamientos ocurridos en el segundo trimestre del año y lo que va del tercero.
SINDICATOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES INFILTRADOS
Los intentos de desestabilización del país no solo se registra en la actividad del narco en las entidades federativas, sino en eventos, manifestaciones y marchas de movimientos sociales y sindicales, ocurridas en la capital. El último es sin duda el ocurrido en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), liderado por Martín Esparza, un ex aliado de los ahora miembros de la Cuarta Transformación. Un grupo de disidentes al SME lanzó cohetones, bombas molotov, palos y piedras a la sede de ese gremio en Insurgentes Norte, esquina Antonio Caso, en la colonia Tabacalera. La pandilla contraria al liderazgo de Esparza, encabezados por Jorge Sánchez García, secretario general interino del SME, se manifestó en Palacio Nacional en el aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, y entregaron un oficio con más de 32 mil firmas en apoyo a la expulsión del dirigente, al cual señalan destituyeron en la pasada asamblea del 17 de septiembre por “traición al sindicato”.
En tanto, el grupo de Martín Esparza había advertido de las acciones planeadas y luego ejecutadas, por una tropa de choque el cual llamó en redes sociales a obstruir la movilización del SME para evitar su arribo al Zócalo capitalino. En un oficio firmado por Juan Manuel Fonseca Moreno, los electricistas solicitaron el apoyo de la CNDH, como una medida preventiva y en calidad de observadores para la marcha sindical desde la sede en la colonia Tabacalera hasta la Plaza de la Constitución. “Solicitamos su intervención dado que un grupo de personas encabezadas por Ramón Ramírez Saldívar, Pablo Rodríguez Álvarez, José Rodolfo Bonilla Gómez, Jorge Sánchez García, Alfredo Arenas Pluma y Mario Flavio Benítez Chávez”, habían advertido en redes sociales la obstrucción de la movilización del SME hacia el Zócalo.
La amenaza se cumplió y ese grupo de disidentes electricistas trató de entrar al auditorio en la sede de Insurgentes Norte, y lanzaron piedras hacia el local sindical, pero no lograron su objetivo por la resistencia encontrada en el interior. La policía debió intervenir e impidió las cosas se salieran de control. Esparza advirtió antes de una intervención gubernamental para quitarlo de la dirigencia, a través de Jorge Sánchez, quien, dijo, fue expulsado del sindicato.
Unas horas antes, otra pandilla de jóvenes encapuchados infiltró la marcha para conmemorar la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y destrozar inmuebles y dañar monumentos. Los desconocidos rompieron ventanales, dañaron fachadas e incluso intentaron quemar una librería. Edificios gubernamentales como el Tribunal Superior de Justicia, la representación del gobierno de Nuevo León, o de la Secretaría del Bienestar fueron dañados. Ya en Palacio Nacional, golpearon y rayaron la puerta Mariana y pintarrajearon la fachada, sin que las autoridades intervinieran, lo cual fue justificado posteriormente por el titular del Ejecutivo federal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “conservadores” a los jóvenes quienes realizaron destrozos en la marcha de ayer por Ayotzinapa, y dijo perjudicaron el movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos. “Decirles a los que participaron en estos actos que se portan mal, muy mal, que no tienen respaldo de los ciudadanos, que no son de izquierda, son conservadores, que perjudican el movimiento legítimo, justo, de los familiares de los jóvenes que quieren encontrar a los estudiantes desaparecidos (…) Lo que tiene que ver la ciudad y lo que corresponde a nosotros lo asumimos porque se tiene que actuar con prudencia para no caer en las provocaciones”.
Visto lo anterior, tan perjudicial es la “mano dura” de un régimen como la “mano blanda” de un gobierno el cual no acaba de asumir sus responsabilidades constitucionales, y además enfrenta serios intentos de desestabilización.
DE LOS PASILLOS
Tras los señalamientos de Donald Trump en el sentido de usar a México y su Guardia Nacional para proteger la frontera sur del flujo migratorio, ante la falta de cooperación de los demócratas, el presidente López Obrador aseguró que su administración representa al país “sin balandronadas”. “No tengo ningún problema de conciencia, pues que no se preocupen, nosotros, sin balandronadas, sin exageraciones, representamos con dignidad a nuestro país y no tenemos nada de qué avergonzarnos”, aseguró el tabasqueño y sostuvo: “se defiende la soberanía de México, al mismo tiempo no queremos confrontación. Tenemos la mano franca, abierta, tendida a todos los gobiernos del mundo y abrazamos a todos los pueblos del mundo”. También reiteró AMLO a su gestión le interesa mantener una buena relación con Estados Unidos, de cooperación y respeto mutuo… Mientras, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, estará presente en México hasta el 30 de septiembre para observar la respuesta humanitaria y la coordinación entre la Acnur y el gobierno mexicano… En lo que va del año, México ha recibido más de 46 mil solicitudes de asilo, un incremento de 231 por ciento con respecto a mismo periodo del año pasado… Estados Unidos ha consultado a la Acnur sobre el establecimiento de mecanismos de tercer país seguro, lo cual ha sido rechazado por la gestión del tabasqueño, aunque en los hechos ya se cumplen condiciones de esa categorización internacional.
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