CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre (AlmomentoMX).- Derivado de los testimonios del nacotraficante Jesús “El Rey” Zambada durante el juicio que se le sigue a Joaquín “Rl Capo” Guzmán en Estados Unidos, la Interpol investiga al ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto.
De acuerdo con Sol de Quintana Eoo, existen dos denuncias contra el ex gobernador ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito . Y una más que está en marcha por parte de periodistas de Quintana Roo que han recibido amenazas por parte del ex senador y ex mandatario estatal Félix González Canto.
El gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento que muchas de las propiedades del ex senador Félix González Canto tienen relación con dinero procedente del comercio ilegal de drogas en Quintana Roo.
“De otra manera no puede explicarse como adquirió un costoso castillo en una alejada provincia francesa, su lujoso departamento de Dubái, su condominio de Miami, Florida, un yate que ha recorrido el mundo, y millonarios negocios en Estados Unidos”, dijo una de las fuentes cercanas a las investigaciones.
Por el momento se sabe que cuenta con un castillo en Francia que supera los 2.5 millones de euros, un condominio de lujo en la torre Hutton Grand de Dubái, con valor superior a los 200 mil euros; un departamento en Miami, Florida, de 500 mil dólares; un yate de un millón de euros, entre otras propiedades.
Como se recordará, durante su comparecencia en la corte de los Estados Unidos, Jesús “El Rey” Zambada reveló los sobornos millonarios que los ex gobernadores priistas recibieron del Cártel de Sinaloa.
En su declaración Zambada detalló la estructura montada para sobornar a diversas autoridades federales, estatales y municipales mexicanas, bajo el mando de su hermano Ismael “El Mayo” Zambada y Guzmán Loera, quienes se encargaban de comprar a los más altos niveles de gobierno, entre los que se encontraban las administraciones estatales del llamado triángulo dorado, compuesto por los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua; y otros como Quintana Roo, Guerrero, Nayarit, Tabasco, Chiapas, Baja California Sur, Sonora, Morelos, Jalisco y Ciudad de México.
Como se sabe, los sobornos permitían también desviar o paralizar cualquier investigación en marcha por las autoridades sobre asesinatos a rivales. “Se entraba en contacto con el mando para entender la línea de investigación y se le pedía directamente al comandante que actuara”, señaló Zambada.
La actual acusación contra el ex senador Félix Arturo González Canto se suma a las otras cinco denuncias en su contra, una de ellas de estatal y cuatro del fuero federal como lo ha publicado esta casa editorial. La denuncia correspondiente al fuero estatal está documentada y en manos de la Fiscalía General de Quintana Roo como es el expediente por homicidio de la menor de 16 años de edad, Mayra Beatriz Ayuso Rodríguez.
Entre las del orden federal está la que interpuso la organización Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, que encabeza Fabiola Cortés, ante la Procuraduría General de la República (PGR) misma que ha sido ratificadas por la venta a precios subvaluados de 41 predios, más lo que resulte, para que se ejerza acción penal en su contra.
Como se sabe, a Félix González Canto se le atribuye la deuda en 10 mil 500 millones pesos al estado y se ha dicho que se corre el riesgo de que huya a un país donde no se tenga tratados de extradición, según ha revelado Somos Tus Ojos.
A Félix González se le ha denunciado ante la PGR por haber vendido el patrimonio del estado a empresarios, funcionarios y amistades cercanas a él, tal y como lo hizo Roberto Borge.
La presidenta de la agrupación, Fabiola Cortés, reiteró que su denuncia fue presentada el 14 de septiembre de 2016 ante la dependencia federal, por predios desincorporados en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres durante su administración estatal y ahora está a la espera de que las autoridades actúen en contra del ex funcionario estatal.
Además, pesan sobre él dos denuncias más ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, por el delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en el estado de Quintana Roo. Y una más que está en marcha de periodistas de Quintana Roo que han recibido amenazas por parte del ex senador y ex mandatario estatal Félix González Canto.
Como se sabe, González Canto nació en Cozumel, Quintana Roo, en 1968. Ha sido presidente municipal de la misma ciudad, después diputado federal, luego gobernador de Quintana Roo y por último senador.
Sin embargo, antes de que llegara a la gubernatura, el patrimonio familiar de González Canto era una casa modesta en la isla caribeña, sin nada que denotara lujos o derroche, sin embargo, al concluir su gestión se hablaba ya de lujosos departamentos, residencias, pent-houses, cuentas bancarias en paraísos fiscales y un sinfín de propiedades que de ninguna manera correspondían a lo que había percibido como servidor público.
Durante el gobierno estatal de González Canto, también se vendieron a precios irrisorios mil 754 predios a familiares y amigos: 877 en Quintana Roo, 406 en Playa del Carmen, 176 en Cozumel, 156 en Cancún y 139 en Chetumal.
Por lo que respecta al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, este se consumó por medio de la creación de la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe SA de CV (Barcos Caribe), fundada por Roberto Borge Martín, padre de Roberto Borge y por Franco González Padrón, otro de los tíos de González Canto.
Al término de su mandato, en abril de 2011, González Canto, fue considerado como el político más rico de todo el estado, aunque para ello heredara a los quintanarroenses una enorme deuda que sólo podría pagarse hasta los siguientes 20 años, es decir hasta el 2031, aunque con el aumento de la deuda en el sexenio de Borge Angulo se estima que será hasta después del 2050.
Con una especial visión para las finanzas, fue más empresario que gobernante y mediante una y mil formas amasó su fortuna desde el gobierno, con lo que pudo hacerse de, al menos, una veintena de propiedades, además del control monopólico de diversos negocios, desde franquicias de la cadena Oxxo, Alpura, Italian Coffe, gasolineras, constructoras, inmobiliarias, notarías, plazas comerciales, empresas de transporte (terrestre, marítimo y aéreo) y hasta el mercado negro de las placas de taxi.
En Chetumal, la familia González adquirió cuatro inmuebles contiguos en la colonia Campestre, para construir toda una mansión. Una de esas casas se la compraron a la señora Amparo Angulo en 10 millones de pesos; la mitad la pagó en efectivo y la otra mitad en concesiones para taxis.
Para entonces ya había sospechas de que se había enriquecido de manera ilícita, pues pese a su sociedad con el poderoso empresario libanés Isaac Hamuil, era un secreto a voces que el verdadero dueño de empresas, hoteles y plazas comerciales era González Canto.
Obviamente, para que el negocio funcionara, fue necesaria la intervención de familiares, socios, amigos y compadres, a los que colocó en posiciones clave, principalmente relacionadas con obras y adquisiciones públicas, entre ellos a Francisco Alor Quesada, Gabriel Medicuti Loria, Andrés Ruiz Morcillo, Ricardo Pech y a su inseparable asesor y compadre, Omar Giacoman Alborta.
Pero sin duda, uno de los mayores botines de González Canto fue Isla Blanca, en Isla Mujeres. Con la complicidad González Canto, así como operadores políticos y empresarios voraces, el neolonés Felipe Enríquez Hernández, se apoderó en 2010 de más de 440 mil metros de costa en Isla Blanca, al norte de Cancún, así como en el Ejido de Ucú, al poniente de la ciudad de Mérida, cuyo potencial turístico es calculado en cientos de millones de dólares.
Esa clase de “negocios”, que ha redituado una incalculable riqueza a González Canto, lo mismo que al frustrado presidente municipal de Monterrey, Felipe Enríquez, muestra con todo descaro el tráfico de influencias y la impunidad en todo su esplendor.
Esas fortunas solamente fueron posibles, mediante los nexos con los ex gobernadores Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán y González Canto, de Quintana Roo, así como por los vínculos entre Natividad González Parás, ex mandatario de Nuevo León y Luis Francisco Enríquez, operador financiero de su hermano Felipe.
Enríquez, con la complicidad de González Canto, creó la empresa Raíces Consultoría, S.A. de C.V., por medio de la cual se apropió de 40 hectáreas en Isla Blanca y de otras cuatro en Mérida, Yucatán, así como de otras tres para negociar las tierras que han estado en litigio desde hace años, porque el Ejido José María Pino Suárez de Quintana Roo reclama su posesión en Punta Piedra”.
Tras el desalojo y despojo de las tierras, se iniciaron operaciones en varios predios en la zona de Punta Piedra, un paraje de costa ubicado entre las ruinas de Tulum y la reserva de biósfera de Sian Ka’an. El área total del terreno, con unos 300 metros de frente al mar Caribe, es de 31 mil 274 metros cuadrados.
Lo mismo hizo el regiomontano en Isla Blanca, con el apoyo de González Canto, donde, sabedor de una serie de litigios sobre la tenencia de la tierra, se apropió de 30 kilómetros de terrenos de playas vírgenes.
También se dio a conocer que Enríquez Hernández participó en la construcción de un megaproyecto turístico de mil 400 millones de dólares, a construir en los siguientes 12 años, es decir los trabajos concluirán, en teoría, hasta el 2022, en el que 9 mil 600 cuartos de hotel, quedarían en 221 hectáreas en el municipio Isla Mujeres, de Quintana Roo.
En esa trama inmobiliaria, jugó un papel preponderante el ex gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid, quien se ostentó como propietario de 19 hectáreas de Isla Blanca, que vendió por 169 millones de pesos, a finales del 2008, a Hugo Flores Toba, cuñado de Enríquez, además de que “ayudó” a que adquirieran otras 21 hectáreas, para hacer el total de 40.
Sin embargo, cómo Villanueva ya estaba preso, los compradores decidieron darle sólo una parte y no toda la millonada prometida, por lo que, desde su celda, los demandó por fraude, presiones y amenazas, ya que, al ser enterados de la denuncia, sus abogados fueron intimidantes para que se desistieran de su acusación contra González Canto y Enríquez Hernández.
AM.MX/fm
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