Las autoridades judiciales de Israel han comenzado una investigación seria contra cuatro sospechosos por presuntas filtraciones de documentos secretos que habrían obstaculizado un acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas. Entre los investigados se encuentra Eliezer Feldstein, un colaborador cercano del primer ministro Benjamin Netanyahu.
El juez Menahem Mizrahi, del tribunal de Rishon Letsiyon, levantó este domingo la orden de embargo sobre la información relacionada, lo que permite la difusión del caso que ha sido calificado como una de las filtraciones más graves en la historia reciente de Israel. Feldstein, quien se desempeña en el gabinete de prensa de la Oficina del Primer Ministro, ha estado bajo la mira tras la revelación de documentos sensibles publicados por medios internacionales, incluyendo el tabloide alemán Bild y el británico Jewish Chronicle.
Según el juez, la investigación se inició a raíz de sospechas generadas en el Shin Bet, el servicio de inteligencia israelí, y en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Las filtraciones, que comprometieron la seguridad nacional, fueron retiradas ilegalmente del sistema de las FDI. «Esto podría perjudicar la capacidad de las fuerzas de seguridad para lograr el objetivo de liberar a los rehenes», afirmó el juez Mizrahi, quien también destacó que la investigación se lleva a cabo bajo supervisión judicial para proteger la seguridad nacional.
Feldstein, quien entró en el gabinete de prensa tras el inicio del conflicto actual, no había pasado un examen de seguridad del Shin Bet, lo que plantea interrogantes sobre su acceso a información sensible.
En respuesta a la situación, Yair Lapid, líder de la oposición y del partido centrista Yesh Atid, ha exigido la dimisión de Netanyahu. «Si no tenía control sobre su sistema, es incompetente para liderar en esta guerra. Si sabía, es cómplice de uno de los delitos de seguridad más graves», afirmó Lapid. Su colega Benny Gantz también se pronunció, denunciando que la seguridad de Israel ha sido comprometida por intereses políticos, argumentando que el uso de información sensible para fines políticos no solo es un delito, sino un «crimen nacional».
La investigación sigue su curso, con el tribunal advirtiendo que cualquier filtración adicional podría afectar su desarrollo y comprometer la seguridad nacional.
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