CIUDAD DE MÉXICO.– El director de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, publicó en la edición 2368 de la revista, una investigación sobre Gertz Manero y la génesis del conflicto con Julio Scherer Ibarra, en donde apunta que Alejandro Gertz Manero tronó en una reunión realizada en octubre pasado con el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el director de la revista.
El texto publicado en la edición 2368 de la revista Proceso, firmado por Jorge Carrasco Araizaga señala:
Jueves 14 de octubre de 2021. Mediodía. El entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, estaban en una sala dispuesta en la oficina del fiscal.
“¡Ustedes me han maltratado y no se vale!, ¡Ya, es demasiado!”, tronó Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, en una reunión realizada en octubre pasado con el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el director de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga. El fiscal se quejaba de varios textos que sobre sus acciones había publicado este semanario y, de manera errónea, atribuía a Scherer Ibarra el haber “pasado” dicha información. Amenazó: “A usted, don Julio, le digo: usted puede tener un fiscal amigo o un fiscal enemigo”.
El saludo del fiscal fue frío, muy distante al de las otras dos ocasiones en que lo vi en el extenso salón de techos altos con ventanales que dejan ver el poniente de la ciudad desde el piso 21 del edificio de la FGR, en la glorieta de los Insurgentes.
Aspero, duro, su saludo de mano pareció un gesto por años practicado para alargar su figura y poner distancia. Se sentó, cruzó las piernas y entrelazó los dedos de las manos. Guardó silencio.
Sin preámbulo, Scherer Ibarra intervino y me preguntó: “¿Te acuerdas la última vez que conversamos?”
Julio se refería al trabajo del reportero Juan Omar Fierro publicado el 11 de julio del año pasado y que fue la portada de este semanario con el título “Fiscal general, Alejandro Gertz enredado en la disputa por la Universidad de las Américas”. (Proceso 2332).
En esa edición el semanario publicó la historia sobre el conflicto de interés en que se ubicaron el fiscal general y su fiscal para la Investigación de Delitos Federales (ahora fiscal especial de Control Competencial), Juan Ramos López, al reabrir un expediente sobre la disputa del nombre de la Universidad.
En ese momento la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) ya estaba en la agenda pública por la intrincada disputa de los 720 millones de dólares de la Fundación Jenkins, fundadora de la institución educativa, un tema del que Proceso se había ocupado desde un mes antes con nuestra corresponsal en Puebla, Gabriela Hernández.
El reportero Juan Omar Fierro había llamado a la oficina del fiscal general, al mediodía del viernes previo a la publicación, para conocer los motivos de la reapertura del expediente sobre la disputa del nombre de la Universidad de las Américas. El fiscal reclama la marca como dueño y rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México (UDLA), cuya creación es previa a la de Puebla.
Me buscaron de la oficina de Gertz por la tarde de ese viernes y acordamos que les enviaríamos un cuestionario. Se lo hicimos llegar y al poco rato me llamó Julio Scherer. Me dijo que le había llamado el fiscal, molesto. Le dije que la reapertura del expediente que lo implicaba era nuestro tema de portada y que mi decisión era publicarlo. “Yo creo que el fiscal no tiene nada que ver con el conflicto de la Universidad”, me dijo.
“Él no está en esa disputa, pero su decisión de reabrir el caso cuando ya se había declarado el no ejercicio de la acción penal es otro tema y lo vamos a dar a conocer”, le respondí.
Antes de contestar el cuestionario, el fiscal general me llamó para decirme que él no era parte del conflicto y que además le estaba dando muy poco tiempo para responder los cuestionamientos. Le dije que aun cuando no respondiera todas las preguntas, lo que nos interesaba era su versión sobre el expediente reabierto por su fiscal especial, el mismo que como abogado litigante lo había representado y había perdido el caso al declararse el no ejercicio de la acción penal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El fiscal accedió a responder y su versión se publicó acompañando la historia.
“Me han tratado mal”
En septiembre siguiente, en la edición 2343 de Proceso, el fiscal volvió a aparecer en la portada con un hallazgo de la periodista Neldy San Martín: “Gertz oculta residencia que le cobró a la UDLA”, decía nuestro título de llamada.
La periodista contó la manera en que el fiscal general adquirió, a través de un cobro a la universidad, una casa en Las Lomas que no incluyó en su declaración patrimonial como servidor público. Neldy San Martín buscó al fiscal general, pero esa vez no quiso responder.
Eran los días en que Gertz Manero se encontraba en una tormenta mediática por la libertad en que se encontraba el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El fiscal también estaba bajo el reflector de los medios por el conflicto con su familia política a raíz de la muerte de su hermano Federico.
El deceso lo atribuye a lo que llama una negligencia criminal de la señora Laura Morán, su excuñada, y la hija de ésta, Alejandra Cuevas, contra quien logró una orden de aprehensión. Cuevas, de 69 años, está presa en el penal de Santa Martha Acatitla desde 2020. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el próximo día 28 si le concede la libertad, en contra del deseo del fiscal de mantenerla en prisión.
La Corte pospuso la resolución luego de que se filtrara una conversación con el fiscal Juan Ramos, en la que Gertz aseguró tener influencia en el máximo tribunal para detener un proyecto con el que se abría el camino para amparar desde un juzgado a las dos mujeres de su familia política.
A mediados de octubre Julio Scherer Ibarra me llamó para decirme que el fiscal general nos invitaba a conversar con él. Cuando llegué, a la hora acordada, el fiscal ya estaba con el entonces consejero jurídico. Se encontraban en la sala instalada en una esquina del salón, en un extremo de su mesa de juntas, de más de 20 plazas, con micrófonos de mesa cada una. Su traje y corbata negros acentuaban la rigidez del fiscal. Ceñudo, apenas y contenía el enojo.
“El fiscal dice que yo estoy pasando la información que Proceso ha publicado sobre él”, me dijo Julio.
–La información que hemos publicado la hemos investigado los reporteros de Proceso –le dije al fiscal, quien seguía callado desde el saludo–. Entiendo que usted le haya llamado a Julio, por la relación que puedan tener ustedes, y a mí no me interesa afectarla. Pero le digo claramente que la familia Scherer no interviene en la línea editorial del semanario. Las decisiones de lo que publicamos las tomamos en Fresas 13 y yo soy el responsable.
“Como personaje público que es usted y por la posición que tiene en la vida pública, es lógico que los medios nos ocupemos de usted. Es claro el interés público”, expliqué.
“Yo ya los escuché a ustedes. Ahora me toca hablar”, dijo.
Empezó a enumerar lo que consideró agravios en su contra por parte del semanario:
“Yo no tengo nada que ver con lo que está pasando en la Universidad de Puebla. Sólo estoy reclamando lo que me pertenece. Yo les presté el nombre. Si el gobierno anterior decidió el no ejercicio de acción penal fue por corrupción.
“Además, tienen ustedes al señor Ricardo Raphael, quien me acusa de no sé cuántas cosas por el caso de mi hermano. No suelta el tema. Entiendo que es un articulista y puede opinar lo que quiera. ¡Pero yaaaa… está chingue y chingue! Usted conoce la historia de mi hermano”, dijo en referencia a una entrevista que le hice y que se publicó en agosto de 2017 (Proceso 2130).
“No sé cómo es que su revista sigue publicando las mentiras de ese señor”, añadió.
–Ricardo Raphael es un articulista y sus opiniones no se pueden censurar –le interrumpí.
–Yo ya escuché –insistió.
El enojo y la distancia que puso desde el principio fueron creciendo.
“Yo he estado respondiendo a Proceso, pero me han tratado mal. Su corresponsal en Washington, Jesús Esquivel, ha dado a entender que yo sabía sobre la investigación en Estados Unidos en contra del general (Salvador) Cienfuegos y que me quedé callado. ¡Una infamia, una completa mentira!”
El fiscal se refería a la información que obtuvo nuestro corresponsal sobre la investigación que había iniciado el gobierno de Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional por su supuesta relación con el narcotráfico.
–¡Y lo de la casa…! Su reportera fue y hasta se quiso meter –dijo sobre la verificación periodística que hizo Neldy San Martín–. Esa casa fue en pago a un préstamo que le hice a la Universidad. No hay ninguna ilegalidad. Y la conoce don Julio –dijo mirándolo.
–Yo a usted –le dijo–, sólo le he pedido un favor: que me ayudara en el caso de mi hermano.
–Y le dije que no podía –le respondió Scherer, sin abundar.
–¡Ustedes me han maltratado y no se vale! ¡Ya, es demasiado! –dijo–. A usted, don Julio, le digo: usted puede tener un fiscal amigo o un fiscal enemigo.
Julio se levantó. Le dijo: “No doctor, no es así”.
–Esto es un asunto entre ustedes. No de Proceso. Nuestras publicaciones no tienen nada que ver con su relación –le dije al fiscal.
Gertz Manero se levantó del sillón. Extendió la mano, aun más rígida. Julio Scherer y yo caminamos hacia la puerta de la oficina que da hacia los elevadores.
AM.MX/fm
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