Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“Que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta”. – C.H.Spurgeon.
Pocas instituciones generan tanta desinformación interesada como el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE). Cada cierto tiempo, versiones alarmistas reaparecen para anunciar un “colapso inminente”, casi siempre promovidas por exfuncionarios vinculados al viejo régimen o grupos políticos que buscan golpear al actual gobierno.
Sin embargo, basta revisar los datos oficiales y el contexto nacional para entender que la situación del IPE es compleja, sí, pero muy lejos de esa quiebra inmediata que algunos pretenden colocar en la conversación pública.
Lo primero que debe recordarse es que el IPE opera bajo un sistema solidario de reparto. No hay cuentas individuales, sino un fondo común donde las cuotas de los trabajadores en activo y las aportaciones de los entes públicos financian las pensiones del personal retirado. Este modelo —un acuerdo intergeneracional— funciona de manera estable cuando la base laboral crece y supera ampliamente al número de pensionistas.
Pero en México, y en prácticamente todo el mundo, las tendencias poblacionales han cambiado: más personas viven más años, mientras la incorporación de nuevos trabajadores al sector público es menor. Ahí se genera el desequilibrio estructural.
Este fenómeno no es exclusivo de Veracruz. Los institutos estatales de pensiones del país operan bajo esquemas de beneficio definido y la mayoría presenta déficit actuarial: sus obligaciones de largo plazo superan los ingresos que recibirán en el futuro.
La literatura especializada lo ha documentado durante décadas. En ese sentido, las valuaciones actuariales del IPE no divergen del diagnóstico nacional. Sostienen que cada año existe una base de futuros pensionistas en condiciones de retiro, pero sin un comportamiento anómalo que anticipe una crisis repentina.
A pesar de este panorama estructural, el IPE ha logrado mantener estabilidad operativa. Desde hace siete años, el organismo paga puntualmente todas las pensiones y prestaciones.
Esto es crucial, pues desmonta la narrativa del “colapso inmediato” repetida con insistencia por detractores del actual gobierno. En 2024, el Instituto registró ingresos por 11,507 millones de pesos y egresos por 11,428 millones, de los cuales más de 8,697 millones se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones. La ecuación financiera es apretada, sí, pero estable.
El liderazgo de la gobernadora Rocío Nahle García es determinante en este escenario. Bajo la Ley 287, el Gobierno del Estado es garante solidario del pago de pensiones, y la mandataria ha establecido como prioridad fortalecer la viabilidad del sistema.
No sólo se trata de pagar hoy, sino de ordenar el modelo para resistir mañana. Y ese enfoque se refleja en el Programa Institucional 2025-2030, que plantea una ruta responsable para contener el desequilibrio y asegurar el flujo permanente de recursos.
La estrategia financiera que acompaña esta visión incluye decisiones de peso.
Para 2026, el Proyecto de Presupuesto Estatal asigna 4,600 millones de pesos del FAFEF directamente al IPE, con ministraciones mensuales destinadas al pago de pensionistas. Esta previsión presupuestaria confirma que, más allá del discurso, el sistema de pensiones es una prioridad social.
Otro pilar es la Reserva Técnica. En 2016 contaba con 931.5 millones de pesos; para 2024 ascendió a 2,755.9 millones; y a octubre de 2025 ya suma más de 3,139 millones. Un crecimiento sostenido que refleja disciplina en la inversión, algo que durante años otros gobiernos no pudieron presumir.
El patrimonio inmobiliario del Instituto también juega un papel clave. Sus 44 inmuebles han incrementado su valor de 4,511 millones en 2018 a más de 6,193 millones en 2025. Además, generan ingresos constantes por rentas y ventas, fortaleciendo la liquidez del organismo.
A ello se suma el fortalecimiento del programa de préstamos, cuyo presupuesto creció de 305 millones en 2019 a 805 millones en 2025. Hoy mantiene más de 13,800 préstamos activos, una cartera cercana a mil millones de pesos y genera rendimientos que terminan nutriendo la propia Reserva Técnica.
¿Hay desafíos? Todos. ¿Hay riesgo estructural? Claro. ¿Hay colapso? No. Lo que sí existe es una estrategia con metas claras: aumentar la recaudación, mejorar la información de los entes incorporados, digitalizar procesos y proteger a más de 37 mil pensionistas y 98 mil trabajadores.
El reto es grande, pero la información es clara: el IPE no está quebrado. Está resistiendo, reconstruyéndose y desmintiendo, con cifras y no con discursos, las versiones interesadas de quienes apuestan por el caos para debilitar al gobierno actual.
Al tiempo.
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