Irracional gobernanza

Si el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación no se somete al Derecho, no llegará a concretar una real y verdadera transformación, sino sólo llegará a ser un simple fenómeno de complicidad y continuidad de la irracional forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador.

Es evidente que en la Constitución Política se reconoce sin cortapisa la obligación de la Primera Magistrada de la República como ente jurídico de excelencia; en la Carta de Carranza no existe mandato alguno que la obligue a someter su gobierno a complicidad alguna, por mucho menos, con la narco-política, en esa Suprema Ley se encuentran los principios básicos del respeto que se le debe de guardar a la investidura presidencial.

Siendo así que la acción de la Presidenta Constitucional frente a sus gobernados, es reglamentada con base en las mismas normas, pero controlada, más no sujeta a ningún otro Poder que no se encuentre reconocido por esa Carta Magna.

Se tiene que definir en los conceptos que expresa dicha mandataria, que la narco-política no es reconocida ni por el derecho, ni por la justicia. De ahí, que la complicidad o continuidad, violentará los límites fijados por el Pacto Federal, lo cual, por consecuencia lógica jurídica implicaría una violación a la Constitución o Norma Fundamental del Estado.

La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, debería por el hecho mismo de respeto a nuestro Mandato de determinar y desde ya el controlar la legalidad de la acción del Estado, para no transgredir, como lo hicieron otros, los límites que le son impuestos a la investidura presidencial.

Esa legalidad sólo se va a encontrar cuando tenga aplicabilidad el Código Penal Federal y sea sometida esa narco-política al propio Derecho, que es quien en realidad la repudia.

La referida legalidad se va a encontrar con una investigación efectuada conforme a estricto derecho en contra de ese despreciable fenómeno al que tanto defiende.

La investigación debería de empezarse partiendo de un hecho concreto, siendo éste, aquella alianza que se creó con la narco-política, con ese punto de partida se podrá sancionar al responsable aplicando para sólo el Código Penal Federal.

Esperemos, que en México florezca el Estado de Derecho, que nos haga avizorar un País en que el combatir a la narco-política y la corrupción, no sean más que la circunstancia y no el desiderátum de nuestro destino.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..