Por Aurelio Contreras Moreno
La estéril y estúpida confrontación entre el Ejecutivo del estado de Veracruz y la Fiscalía General local ha llegado a un punto en el que habría ya que pensar en fincarles responsabilidades jurídicas a los implicados.
La masacre de la noche del pasado martes en un centro nocturno de la ciudad de Coatzacoalcos tendría que ser la gota que demarrase el vaso de una historia de desatinos, perversidad e incompetencia que, si bien nos llegó a mover a risa en algún primer momento, tras la ejecución a mansalva de casi 30 personas lo único que provoca es una sensación de desasosiego y horror. Principalmente, porque las autoridades de todos los niveles, federal, estatal y municipales, son totalmente incapaces para cumplir con el más elemental de sus deberes: garantizar la seguridad e integridad física y patrimonial de la población.
Para estas alturas, a casi nueve meses de haber asumido las riendas del gobierno en la entidad, que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez siga justificando su nulidad como autoridad para enfrentar a la delincuencia con la cantaleta de que “es asunto del fiscal Winckler”, lo único que demuestra es que no tiene la más remota idea de cómo cumplir y hacer cumplir la ley, a lo cual se comprometió el pasado 1 de diciembre de 2018 en su toma de posesión.
Por el contrario, el mandatario se exhibe claramente rebasado por una realidad que por lo visto ni se imaginaba que existía en Veracruz y que le ha explotado en las manos. Porque lo sucedido hace dos noches en Coatzacoalcos no es, ni por asomo, un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de actos de violencia que azotan a todo el territorio estatal, sin que haya cuerpo de seguridad alguno –incluida la militarizada y hasta ahora inútil Guardia Nacional- que pueda ya no evitarlos, sino siquiera contenerlos.
Más allá de cuál Fiscalía –si la federal o la estatal- tuvo en sus manos a Ricardo Romero Villegas, alias “La Loca”, presunto autor intelectual de la matanza del bar “Caballo Blanco” –cuya responsabilidad en el atroz crimen ni siquiera está debidamente acreditada-, lo que se debería cuestionar el gobernador, sobre quien recae la máxima responsabilidad de lo que sucede en Veracruz, es qué coño hacen sus policías para evitar estos hechos; para qué demonios está el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado –además de servir de posición política de su poderosa pariente-; en dónde están las labores de inteligencia que deberían llevar a cabo, entre otros, el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros, que en lugar de ello prefiere autopromoverse -con cargo al erario- con libros dizque de su autoría que ni terminados están.
Sin duda el fiscal Jorge Winckler tampoco es un funcionario con irreprochable solvencia moral. Desde el gobierno anterior demostró lo opuesto. Pero de eso a querer achacarle todos los males de la entidad, en especial los que tienen que ver con la prevención del delito, además de absurdo, es infantil, más propio de un niño berrinchudo que de un gobernador de cuyas acciones y decisiones depende el destino de las más de ocho millones de personas que habitan este estado.
Todavía peor, que en aras de evadir sus obligaciones, las autoridades veracruzanas hayan “empinado” al propio Presidente de la República, que tras comprarles la versión de que “todo es culpa del fiscal”, tuvo que recular y admitir que, en el caso concreto de la masacre de Coatzacoalcos, la lumbre le llega al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues fue en la subdelegación estatal de este organismo de donde dejaron ir en dos ocasiones –la última, apenas el pasado 7 de agosto- a “La Loca”.
Y el nivel al que ya escaló la violencia –van 28 muertos por el último ataque en Coatzacoalcos, y el número crecerá muy probablemente por la gravedad de las heridas sufridas por las víctimas-, producto en buena medida de la descoordinación de las autoridades en el estado de Veracruz, no es un chiste, ni material para hacer “memes”.
Es un acto de irresponsabilidad asesina.
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