CIUDAD DE MÉXICO.- Jalisco ocupa el quinto lugar en número de asesinatos a nivel nacional. En 2019, se tuvo un registro de 2,728 asesinatos y, de enero a mayo de 2020, se han contabilizado 1,117. Los datos muestran una caída del 6% en este delito en comparación con el mismo periodo de 2019.
En cuanto a feminicidios, de enero a mayo de 2020, se han contabilizado 23. Los datos muestran una caída del 8% en comparación con el mismo periodo de 2019. A pesar de que Jalisco es una de las entidades con mayor número de feminicidios, las autoridades federales han cancelado 37 millones de pesos que iban a ser destinados a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ésta y otras nueve entidades.
De enero a mayo de 2020, los registros de secuestro (se utiliza el término “registro”, pues debe recordarse que, la gran mayoría de los delitos, no se denuncian), se incrementaron un 67% en comparación con el mismo periodo del 2019. El delito de extorsión tuvo una caída del 22% en los primeros cinco meses del año respecto al 2019. En cuanto al robo con violencia, se registra una disminución del 23% en comparación a los primeros cinco meses del 2019. El robo de vehículo con violencia presenta también una caída del 22% en el mismo periodo. Aún tomando en cuenta el subregistro de delitos, y sin demerito de los avances que se hayan logrado en la reducción de algunos de ellos, hay anomalías en algunos datos, ya que se presenta un número demasiado reducido de feminicidios (23), de secuestros (10) y extorsiones (322).
La organización destaca el tema de fosas clandestinas. De acuerdo con datos oficiales, la entidad ocupa el primer lugar nacional con más cuerpos localizados en fosas. Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, se han contabilizado 487 cuerpos exhumados. Además, Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en personas desaparecidas, con 3,234.
Adicionalmente, Causa en Común realizó una investigación hemerográfica sobre el número de eventos de alto impacto que pueden considerarse como “atrocidades”, la cual indica que, en el primer semestre del año, hubo al menos 53 casos que cumplieron con alguno de los siguientes criterios: fueron asesinatos de 3 individuos o más; se cometieron actos violentos contra personas vulnerables como defensoras de derechos humanos, activistas de causas sociales, menores de edad, actores políticos, periodistas, funcionarios o actores políticos; o bien, se provocó la muerte por laceración o maltrato extremo, feminicidio agravado, descuartizamiento, linchamiento, mutilación, tortura, esclavitud, violación agravada o profanación de cadáveres.
Crimen organizado
La entidad ha sido origen de uno de los cárteles más violentos en el país: el “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), el cual ha estado en constante enfrentamiento con otros grupos delictivos que buscan tomar el control de la región, como el “Cártel Nueva Plaza”.
El CJNG es una organización criminal que se escindió del Cártel de Sinaloa en 2010. A partir de ese momento, fueron extendiendo su influencia; a la fecha, existe la percepción de que se trata del grupo delincuencial más grande del país. Se encuentra encabezada, al menos en términos de comunicación, por Nemecio Oseguera, alias “El Mencho”. Se dedica al trasiego de drogas, a operaciones de robo de hidrocarburos, secuestro y extorsión, entre otros ilícitos.
Policía estatal y Guardia Nacional
Respecto al desarrollo policial, Causa en Común publicó un estudio en 2019, el “Índice de Desarrollo Policial” (INDEPOL), en el que se señalan carencias de la Policía Estatal: no se realizaron convocatorias de ascensos entre 2015 y 2017; faltaba una instancia colegiada para otorgar estímulos; la Academia no contaba con casa táctica ni gimnasio; la corporación no contaba con un código de ética y conducta para policías; no había entonces servicios funerarios para los policías; se encontraba pendiente la renovación de certificados de control de confianza de algunos mandos y elementos operativos; y no existía una normatividad sobre el régimen complementario de seguridad social.
Además, en la encuesta realizada por la organización, llamada “¿Qué piensa la policía? – 2019”, se señalan más datos sobre la situación de las policías, entre otros: 93% ganaban menos de 15 mil pesos, 62% pagaban por sus botas, y 82% señalaron nunca haber recibido un ascenso.
Causa en Común informó que debe subrayarse el asesinato de, al menos, nueve policías en lo que va del presente año.
En cuanto al despliegue de elementos de seguridad, la organización indica que, de acuerdo con información oficial de septiembre de 2019, hay 7,453 elementos de la Policía Estatal. Sin embargo, llama la atención que, en la conferencia de prensa del día de hoy, 16 de julio de 2020, el secretario de la Defensa Nacional informe que en realidad hay 16,339 elementos. Igualmente llama la atención que, hasta septiembre de 2019, se hayan reportado 4,138 elementos de la Guardia Nacional en la entidad y que, en la misma conferencia, se mencione ahora la cifra de 4,737 elementos.
Algunas propuestas
Causa en Común propone una serie de medidas para enfrentar los problemas de inseguridad que vive esta entidad; entre ellas:
· A nivel federal, se requiere apoyar al estado en la urgente tarea de enfrentar al crimen organizado, principalmente en sus aspectos logístico y financiero.
· Se deben reestablecer los recursos federales destinados a la Alerta de Género e incrementar el presupuesto a las áreas de búsqueda de personas desaparecidas.
· De no haberse subsanado las carencias que se detectaron en el ejercicio del “Índice de Desarrollo Policial” (INDEPOL), correspondiente a 2019, el gobierno del estado debe atender los siguientes aspectos prioritarios: capacitación a las policías en materia de detención, derechos humanos, y uso de la fuerza; un código de ética y de conducta; desarrollar un régimen disciplinario; fortalecer las capacidades de la Unidad de Asuntos Internos; convocatorias de ascensos; una instancia colegiada para dar estímulos; renovar certificados de control de confianza; y dar de baja a elementos que no aprobaron el examen de control de confianza.
· Desarrollar las capacidades de investigación e inteligencia de la Policía y la de la Fiscalía del Estado.
· Igualmente, se requiere legislar y aplicar un régimen complementario de seguridad social para policías, peritos y ministerios públicos.
AM.MX/fm
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