Japón introducirá rastreadores GPS para evitar el salto de fianza internacional

El gobierno de Japón decidió el viernes permitir que los tribunales ordenen el uso de rastreadores GPS para evitar el incumplimiento de la fianza internacional a raíz del caso del ex director ejecutivo de Nissan Motor Co, Carlos Ghosn, y otros incidentes de acusados criminales que escapan del país.

Si bien algunos han expresado su preocupación por una posible invasión de la privacidad mediante el uso de dispositivos GPS de esa manera, otros tienen la esperanza de que pueda permitir un aumento en la cantidad de personas que reciben libertad bajo fianza y frenar las detenciones excesivas, algo por lo que Japón es conocido.

Al revisar la ley de procedimiento penal del país, el gobierno planea criminalizar a los sospechosos que no comparecen ante el tribunal y a quienes abandonan su residencia obligatoria o se quitan sus dispositivos de rastreo sin permiso.

El gobierno tiene como objetivo aprobar el proyecto de ley en el parlamento durante la sesión actual. El uso de dispositivos GPS comenzará dentro de cinco años a partir de la promulgación de la ley.

La medida se produce después de una serie de casos en los que personas escaparon mientras estaban bajo fianza, incluido Ghosn, de 68 años, que huyó al Líbano desde Japón en 2019 después de ser arrestado por presuntamente subestimar las remuneraciones y malversar los fondos de Nissan.

Se espera que los monitores GPS se utilicen para ejecutivos de negocios con conexiones en el extranjero.

«Es extremadamente difícil garantizar que una persona comparecerá ante un tribunal una vez que haya huido al extranjero», dijo el viernes el ministro de Justicia, Ken Saito, en una conferencia de prensa.

«Esta es la primera vez que Japón presenta un marco legal para permitir el uso de GPS para rastrear a los acusados, y es importante no permitir que el sistema se confunda», dijo Saito.

Quienes se quiten los monitores sin permiso o ingresen a un área prohibida, como puertos aéreos o marítimos, pueden ser detenidos y sujetos a prisión por hasta un año, un castigo que se introducirá para 2025.

Además, un nuevo sistema de «supervisor» requerirá que aquellos designados con la responsabilidad de un acusado se presenten al juicio con ellos y sean responsables de producir informes sobre cómo le está yendo al sospechoso.

A un acusado se le puede negar la libertad bajo fianza si el supervisor no paga el depósito del garante aparte del dinero de la fianza.

Según los planes, los que están en libertad bajo fianza serán condenados a hasta dos años de prisión si no se presentan cuando son citados por un tribunal, o si abandonan su residencia por un período prolongado sin permiso.

Si bien actualmente no se requiere que los sospechosos comparezcan ante el tribunal durante una apelación, las reformas requerirán que lo hagan si han sido acusados ​​de un delito que exige una sentencia mínima de prisión.

Los sospechosos tampoco podrán salir del país si son sentenciados a tiempo en prisión.

El gobierno japonés también decidió el mismo día establecer medidas en sus reformas de la ley penal que harán anónima la identidad de las víctimas si se alega que han sido objeto de un delito sexual, para protegerlas de su agresor.

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