Redacción MX Político.- El empresario Javier Joaquín López Casarín, operador y mano derecha de Marcelo Ebrard Casaubon, ejerce un poder fáctico dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): sin ser servidor público ni diplomático, tuvo interlocución en el más alto nivel con el gobierno de Donald Trump, gozó de un pasaporte diplomático, ha realizado misiones en nombre del canciller y, durante por lo menos tres años, tuvo como empleado al actual oficial mayor de la dependencia.
En la última década este personaje amasó una fortuna en contratos con gobiernos estatales, militó en la corriente Movimiento Progresista de Ebrard en el PRD, fue prófugo de la justicia e incluso pasó una noche en el penal de Topo Chico por un fraude millonario perpetrado en perjuicio de 26 mil 500 maestros de Nuevo León, con 23 carpetas de investigación vigentes.
En varias ocasiones la SRE minimizó la influencia del empresario en el círculo de Ebrard: por ejemplo, desmintió a Julie Hirschfeld Davis y a Michael D. Shear, corresponsales de The New York Times en Washington, quienes documentaron que, en pleno periodo de transición, López Casarín negoció en secreto con la administración de Trump los lineamientos del polémico plan Quédate en México.
Una carta en poder de Proceso refuerza la versión de los periodistas estadunidenses: el 4 de febrero de 2019, a dos meses de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, Kirstjen Nielsen, entonces titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos, envió una carta a la sede de la Cancillería dirigida al empresario, al que identificó como “Javier López Casarín, jefe de Asesores del secretario Marcelo Ebrard”.
“Querido Javier –escribió la encargada de aplicar la política antimigrante de Donald Trump–, quería agradecerle por su liderazgo y hospitalidad durante el periodo de transición entre la administración pasada y la administración de López Obrador y, ahora que están en el gobierno, por su cercana cooperación con nosotros en un rango de temas de importancia mutua.”
En la misiva, Nielsen reconoció al empresario por su “cercana cooperación con nosotros” y agregó: “Confío en que Usted y el secretario Ebrard seguirán siendo socios esenciales para el DHS y Estados Unidos”.
Inmediatamente la funcionaria dio las gracias “tardías” a López Casarín por el “regalo” que el mexicano le envió el año anterior: una “pintura hermosa de un águila”. “Fue un regalo muy encantador y un gesto amable, aprecio su generosidad y su consideración”, abundó.
Al respecto, el vocero de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, dice a Proceso que a principios de año Ebrard ofreció a López Casarín el cargo de director general eventual. Éste aceptó en un principio, pero en marzo pasado prefirió no entrar en el gobierno “por motivos personales”. Velasco no explica por qué Nielsen lo identificó como “jefe de asesores”. El vocero reconoce que el empresario es amigo de Ebrard y “facilitó” encuentros con el gobierno de Trump durante el periodo de transición, pero insiste en que nunca tomó “ninguna decisión” ni participó en las reuniones sobre migración que se llevaron a cabo el año pasado.
Tras afirmar que el papel de López Casarín ha sido “sobredimensionado” en los medios, resalta que desde octubre pasado el empresario preside de manera honorífica el Consejo Técnico Académico y Científico de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Según los periodistas, Washington ejerció presión sobre Ebrard y su equipo: Nielsen, Mike Pompeo –el secretario de Estado– y Taylor afirmaron que Trump podría volverse “loco” y cerrar la frontera en caso de que México no aceptara el plan. Finalmente la delegación mexicana accedió, a condición de que en el futuro se presentara como una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos.
Después del periodo de transición, López Casarín volvió a aparecer en el círculo de Ebrard. El 1 de diciembre de 2018 organizó la cena para la delegación del gobierno estadunidense que asistió a la toma de posesión de López Obrador; nueve días después viajó a Marrakech para la cumbre de la ONU en la que México destacó en la firma del Pacto Mundial sobre Migración.
Por estas fechas Ebrard le encargó a López Casarín que buscara un local en Washington para instalar una suerte de “oficina paralela”, donde fungiría como enlace del canciller con el gobierno de Trump sin pasar por la embajada, a cargo de Martha Bárcena Coqui, según reveló la periodista Martha Anaya en enero de 2019 y fuentes cercanas al caso lo confirmaron a Proceso. La diplomática, quien no fue nombrada por Ebrard, sino por López Obrador, se quejó con el presidente y la oficina nunca se abrió.
El 17 de enero de 2019 la Cancillería le entregó a López Casarín el pasaporte diplomático D00058887, en el que aparece como “director general en la Secretaría de Relaciones Exteriores”. Con ese documento, el empresario viajó, por ejemplo, a Nueva York el 18 de enero de 2019, donde participó en el proceso de compra de 571 pipas destinadas a distribuir gasolina, en plena ofensiva de la administración contra el robo de hidrocarburos. El pasaporte diplomático de López Casarín fue cancelado en marzo pasado.
Todavía el pasado jueves 9 la SRE le ofreció a López Casarín otra oportunidad de lucirse: fungió como moderador en una ponencia de la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules, titulada “El impulso del conocimiento y la innovación en la política exterior de México”. López Casarín, quien se ostenta como filántropo y promotor de la innovación tecnológica, y presidente de la fundación Reinventando a México, construyó su fortuna al amparo del sector público: entre 2011 y 2019 su empresa Soluciones y Programas Integrales SPI, SA de CV, obtuvo contratos millonarios para distribuir tarjetas destinadas a repartir dinero de programas sociales, al menos con los gobiernos de Oaxaca y Baja California.
López Casarín también dirige la empresa Focim Construye, SA de CV, que comparte domicilio y sitio de internet con la consultora CRIPTO. Entre sus clientes tuvo a Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno de Morelos. En este último estado, Focim obtuvo un contrato de 39 millones de pesos en consorcio con Desarrolladora Cava, propiedad de Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca; el primero es senador panista y ambos son hermanos del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Además, Jorge Espino Ascanio, quien laboró entre 2013 y 2016 en Focim, es actualmente el auditor superior de Tamaulipas.
afm
