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Jesús Ramírez responde con un manifiesto político —no con pruebas contundentes—, a las acusaciones concretas que le formula Julio Scherer

Redacción Por Redacción
13 febrero, 2026
en Alberto Carbot
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*CUANDO LA PROPAGANDA INTENTA REBATIR ACUSACIONES*

*Alberto Carbot*

 

El comunicado difundido hace unas horas por Jesús Ramírez Cuevas no es, en sentido estricto, una respuesta documental a las acusaciones que lo rodean, sino un texto de un manifiesto político dirigido a la militancia y a los simpatizantes del proyecto gubernamental al que pertenece.

Su estructura confirma ese propósito: comienza con un encuadre histórico-ideológico del momento nacional, continúa con la identificación de adversarios y concluye con una arenga que apela al pueblo, a la patria y a la identidad de izquierda. Es sólo un discurso de movilización, no de esclarecimiento.

Desde la perspectiva del análisis político, el documento busca desplazar el debate del terreno de los hechos verificables hacia el de la legitimidad moral.

En lugar de responder con datos concretos —contratos, fechas, decisiones administrativas o documentos públicos—, Ramírez opta por afirmar su trayectoria, su “compromiso ideológico” y su cercanía con las causas sociales.

Ese recurso es frecuente en la comunicación política actual: cuando la controversia gira en torno a posibles responsabilidades administrativas o relaciones de poder, la defensa se formula en términos de convicción personal para hacerse pasar como un nuevo niño héroe, sin dar verdadera evidencia de lo que otro impresentable como Scherer y Jorge Fernández Menéndez, su entrevistador, presentan en el libro.

La pieza retórica también construye un antagonista colectivo. “Los conservadores”, “intereses extranjeros” y ciertos medios de comunicación aparecen como un bloque homogéneo que intenta golpear al movimiento político al que pertenece el autor.

Esta operación narrativa convierte una polémica individual en un episodio de confrontación histórica entre proyectos políticos.

En ese marco, la crítica deja de ser una investigación o una acusación concreta y se redefine como parte de una campaña contra la Cuarta Transformación.

Otro elemento revelador es la descalificación anticipada de la obra que detonó la controversia.

Calificar un texto como “El Móndrigo”, llamándolo “libelo” o “pasquín” no constituye una refutación de su contenido; funciona más bien como un intento de restarle legitimidad antes de discutir sus afirmaciones. Ya lo sabemos, en la tradición política mexicana, este tipo de respuestas suele aparecer cuando el poder busca contener el impacto simbólico de una denuncia pública sin entrar en el terreno de la comprobación empírica.

Su texto insiste en una fórmula jurídicamente correcta pero políticamente ambigua: “quien acusa tiene que probar”. Lo de siempre. La frase desplaza la carga de la discusión hacia los críticos, pero al mismo tiempo evita ofrecer información verificable que desmonte y derribe los señalamientos.

En términos periodísticos, sólo los ingenuos no deducen que la defensa de Ramírez —a quien Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca llama despectivamente “El Bañagatos” por sus supuestas funciones al lado del célebre Carlos Monsivais, calificativos que no comparto—, queda incompleta: niega, pero no demuestra; rechaza, pero no documenta.

La apelación autobiográfica refuerza esta estrategia. El autor se presenta como “periodista comprometido, servidor público honesto y militante de causas sociales”.

Esa autorepresentación busca sostener la credibilidad en la biografía personal más que en la explicación institucional. Sin embargo, en el espacio público contemporáneo la reputación política depende cada vez menos de la narrativa moral y más de la transparencia verificable.

El cierre de su comunicado confirma su naturaleza política. La enumeración de consignas —“que viva el pueblo”, “que viva la Cuarta Transformación”—, transforma el documento en una declaración de lealtad ideológica.

Y la verdad, no hace falta ser un abogado especialista; la respuesta no se trata de un informe ni de una aclaración administrativa, sino de un mensaje dirigido a consolidar apoyo dentro de un campo político específico.

En síntesis, su texto —este sí podría ser calificado como un libelo construido para desacreditar a alguien mediante acusaciones que privilegian el escándalo sobre la evidencia—, funciona como un acto de defensa simbólica frente a una crisis de credibilidad.

Recurre a la épica histórica, a la identidad ideológica y a la descalificación del adversario, pero evita el terreno donde se resuelven las controversias públicas reales: el de los documentos, los contratos, las decisiones administrativas y las pruebas verificables.

Muchos sabemos que, en la política mexicana, este tipo de respuestas suelen aparecer cuando la disputa no se libra sólo en tribunales o en investigaciones periodísticas, sino en el terreno de la narrativa.

Suponemos que la eficacia de su discurso dependerá menos de su retórica que de lo que ocurra después: si las acusaciones se sostienen con evidencia o si, por el contrario, se diluyen en el ruido político que las rodea.

La verdad, de los tres involucrados, no hay ni a quién irle, pero lo de Ramírez ciertamente es una desvergüenza. Poco le aprendió al brillante Monsivais y sí mucho a su mentor, el oligofrénico Mesías tropical.

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