ÍNDICE POLÍTICO
FRANCISCO RODRÍGUEZ
¿Qué onda con el senador José Narro Céspedes?
Como pareciera ser su costumbre, está inmerso en un problema tamaño caguama del que no ha podido salir por las mentiras y los enredos que éstas han causado… y aun así aspira y suspira por presidir la mesa directiva de la Cámara de Senadores que deberá renovarse a fines de este agosto.
Y es que, como seguramente usted está enterado, sobre el varias veces legislador zacatecano –plurinominal de casi todos los partidos, de los que lo han arrojado no siempre en los mejores términos–, pesa ahora la sospecha de que tiene responsabilidad en la desaparición de dos elementos de la Marina Armada, que solicitó a la alcaldesa de Acapulco para su seguridad personal.
Lleno de contradicciones, José Narro lo mismo exige transparencia en el uso de recursos del Senado y respalda la “pobreza franciscana” que plantea Andrés Manuel López Obrador en el Ejecutivo… que demanda seguridad personal con cargo al erario federal… y deja en la opacidad su responsabilidad en el caso de los marinos desaparecidos.
¿Siempre sí?
O ¿siempre no, senador?
Contradicción tras contradicción
Efectivamente, desde el 6 de marzo, no se conoce el paradero de los elementos de la Marina Armada Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, que le fueron asignados como escoltas al senador, para que lo cuidaran en un evento relacionado con la revocación de mandato en la Ciudad de México.
Tienen lógica las preguntas que sobre estos hechos han proliferado en diversos medios de comunicación:
¿Qué clase de tareas desempeñaría el legislador en la consulta para que cuidaran de su seguridad?
¿Con qué propósito niega que requirió este servicio a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y luego reconoce que sí lo hizo?
¡Una contradicción tras otras más!
De acuerdo con la versión periodística de la reportera Montserrat Peralta, las carpetas de investigación abiertas por la desaparición de los dos marinos indican que los elementos castrenses se presentaron ante el senador el 5 de marzo, en el restaurante Cambalache de la plaza Oasis-Coyoacán y que estos elementos formaban parte del equipo de escoltas del entonces secretario de seguridad el municipio, Maximiliano Serrano, quien, por cierto, renunció al cargo el pasado 27 de julio, derivado tal vez del escándalo en el que también está inmerso, junto con la alcaldesa del puerto guerrerense.
La cantidad de contradicciones en las que el senador ha caído en este caso, bastan para suponer que en la desaparición de los marinos hay un tema profundamente oscuro, que se tiene que investigar y aclarar, sobre todo si uno de los posibles implicados es quien aspire a presidir la Mesa Directiva de uno de los órganos del Estado.
El derecho a conocer la verdad en la desaparición de personas es una de las demandas más apremiantes en este país, no forma parte de ninguna compaña sucia, sino de una exigencia de miles de familiares que cargan con el dolor de no saber nada de sus seres queridos.
¿Qué onda, entonces, con el senador Narro Céspedes?
Indicios
A propósito de desaparecidos, este martes 9 de agosto el EPR irrumpió en la escena nacional con un comunicado del Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario, en el que demandan a la Suprema Corta de Justicia –que por lo visto está de vacaciones hasta enero de 2025– su actuación expedita para resolver las desapariciones de sus compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. “Sostener que las desapariciones forzadas las cometen principalmente la ‘delincuencia organizada’ y ‘particulares’ es perverso –apuntan en su mensaje–, tiene como propósito diluir la responsabilidad del Estado y garantizar impunidad a los perpetradores. En el país quien comete las desapariciones forzadas es el Estado, éste es responsable por comisión u omisión. Realidad inocultable que las víctimas denuncian, visibilizan, exigen justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales de semejante abominación; del tamaño de la injusticia es la indignación, protesta y exigencia popular. El fenómeno es de tal magnitud que, a fuerza de denuncia y movilización popular, gobierno e instituciones se ven obligados a actuar en dicha materia”. * * * Y sí, vea usted las alarmantes cifras que contrastan con la pasividad de las autoridades de los tres niveles de gobierno: desde que se lleva esta contabilidad, en 1988, suman 104 mil. De este siglo, en el sexenio de Vicente Fox fueron 811; en el de Felipe Calderón, 16 mil 763, y en el de Enrique Peña Nieto, 53 mil. En la actual fallida Administración los números van en ascenso hasta el día de hoy y, por lo que se observa, irán aumentando: ¡ya 33 mil 236 los desaparecidos! * * * Y ahora resulta que ¡también desaparecen helicópteros del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México! ¡Y eso que al frente de las instalaciones y en otras posiciones del organigrama hay almirantes y altos oficiales de la Marina Armada de México! Y así, cada vez más, elementos de las Fuerzas Armadas aparecerán en las secciones de “nota roja” de los medios, debido a los innumerables cargos públicos que les han encomendado en este sexenio. ¡Y lo que aún falta! * * * Por hoy es todo. Le agradezco que, con su lectura, me haya acompañado hasta el punto final de este escrito y, como siempre, bien sabe usted que le deseo que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
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