Un grupo de 820 jueces y magistrados mexicanos ha solicitado la intervención urgente de la ONU y la CIDH para frenar la reforma al Poder Judicial que está por aprobarse en el Senado.
En una carta dirigida a estos organismos internacionales, los juzgadores denuncian violaciones a los derechos humanos y consideran que la reforma compromete la independencia judicial y la estabilidad democrática de México.
El documento, que fue enviado tanto al Comité de Derechos Humanos de la ONU como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pide que se suspenda el trámite legislativo de la reforma o, en su defecto, se detenga su implementación.
Los jueces argumentan que la propuesta es contraria a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales México está obligado a cumplir.
“Defenderemos la democracia, el Estado de derecho y la división de poderes por todos los medios a nuestro alcance”, señalaron los juzgadores. Afirmaron que la reforma, impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, amenaza con desmantelar al Poder Judicial y eliminar su independencia. «Esta ruptura del orden democrático es un golpe de estado y una violación al equilibrio de poderes», advirtieron.
Además, los jueces subrayaron que los efectos de la reforma podrían ser devastadores no solo para la estabilidad política y democrática de México, sino también para su economía y reputación internacional. “La aprobación de esta reforma generará daños irreversibles, tanto a nuestra frágil democracia como a nuestra posición económica ante el mundo”, concluyeron.
Esta carta se emitió de forma paralela a las protestas que trabajadores del Poder Judicial realizaron frente a la sede del Senado, ubicada en Reforma e Insurgentes, para manifestar su rechazo a la reforma. Ante los bloqueos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, convocó a los legisladores a sesionar en la antigua sede de Xicoténcatl, en el centro de la Ciudad de México.
Los jueces y magistrados insisten en que aún hay tiempo para frenar la reforma en el Senado y evitar lo que consideran un retroceso en los derechos y libertades del país.
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