Eduardo Sadot
La presidente – pero llamada como presidenta apetición expresa de la titular del ejecutivo violentando las reglas de la gramática del idioma – constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que “no se eliminará la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), debido a que el amparo promovido por la jueza Nancy Juárez de Coatzacoalcos, Veracruz, no tiene ningún sustento jurídico, además de que esta orden rebasa sus atribuciones.”
Si no tiene ningún sustento jurídico, habrá que demostrarlo, no solo con palabras, con fundamento legal que demuestre, que corrijan a la jueza, pero incurrir en desacato es abrir la caja de pandora ya que los servidores públicos son los que deben poner el ejemplo con su conducta, tampoco con amenazas y menos con declaraciones se combaten las injusticias, en un Estado de Derecho hay que demostrarlo con la ley, artículos y con argumentos.
El tema lo han malinterpretado en el gobierno, lo han visto superficialmente, pero lo peor, es que quienes tienen la responsabilidad de orientar a quienes toman decisiones no están haciendo su trabajo y provocan que quienes dan la cara se exhiban como ignorantes del derecho.
La Jueza Nancy Juárez – la primer mexicana jueza que tiene que reconvenir la conducta de la primera presidenta de México – resulta histórica, tanto como la primera mujer, titular del ejecutivo federal, presidente y a petición de ella “presidenta”.
El tema es que dos quejosas, acudieron a solicitar el amparo y protección de las leyes federales, porque específicamente consideraron que la reforma al poder Judicial viola sus derechos, la jueza revisó el reclamo de los derechos humanos y concluyó que sí es violatorio de los derechos humanos de ambas,
Basada en los artículos 103 y 107 constitucionales, entonces ello contradice la postura de la presidenta Sheinbaum cuando acusó a la jueza de extralimitarse en sus funciones y que no tiene sustento jurídico, el comentario mostró el talante de Sheinbaum y ratificó.
Tampoco le explicaron a la presidenta, que no está a discusión si se continúa o no la reforma judicial. Que el reclamo de las quejosas sobre derechos humanos debía – como fue – resolver la jueza, que no es declarándose en desacato, la manera de manifestar su desacuerdo para resolver inconformidades con los pronunciamientos del poder judicial sobre cualquier tema controvertido o entre poderes del gobierno, hay que saber que hay recursos legales, medios jurídicos para inconformarse y que forman parte de las garantías de la eficiencia del Estado de Derecho.
Lo que no puede negarse y se deduce de las declaraciones de miembros del poder ejecutivo y del poder legislativo, que debemos exigir que quienes tengan como responsabilidad hacer leyes y obedecer leyes, lo menos que pueden hacer, es conocer y comprender el lenguaje jurídico, saber interpretar y obedecer las leyes o al menos mantener una actitud receptiva para dejar que quienes sepan de leyes les instruyan o les orienten para realizar mejor su responsabilidad, y sí, deben aplicarse sanciones ejemplares a quienes mediante asesoría – perversa – engañen a sus asesorados y les orillen a cometer errores como los que estamos viendo con la reforma al poder judicial. Es difícil comprender y que quede para la historia que una reforma sin diagnóstico, producto del odio, el resentimiento la venganza y el revanchismo de un hombre ignorante, les deje como herencia a sus sucesores y que los pensantes lo acepten y persistan, solo por fanatismo o miedo a ser arrasado por los fanáticos del obradorato.
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