Francisco Rodríguez
La reforma laboral de la 4T resultó un fiasco. Aprobada a troche y moche por el Poder Legislativo, únicamente medio satisfizo a los legisladores del Partido Demócrata del gabacho, quienes condicionan ahora su inmediata aplicación para ellos entonces sí dar luz verde al tan traído, llevado y nocivo T-MEC.
Entre las muchas deficiencias de la enésima reforma laboral está el hecho de que se mantuvo la carta blanca que la corrupción tiene en las Juntas de Conciliación y Arbitraje que pronto se transformarán en tribunales, creando además un enorme y pesado aparato burocrático. Sólo como ejemplo: En el caso de Ciudad de México, las 20 Juntas existentes deberán ser sustituidas por más de 300 tribunales, toda vez que las referidas 20 juntas celebran aproximadamente 1000 audiencias diarias, mientras que cada uno de los tribunales podrá celebrar cuando mucho 3. De manera que el costo de construcción, de equipamiento, de capacitación y salarial de esos 300 Tribunales resultará verdaderamente oneroso, máxime si se considera que los salarios actuales en los tribunales son muy superiores al de las juntas, de manera que, por poner otro ejemplo, un actuario de la Junta Federal percibe aproximadamente 10 mil pesos mensuales, y uno de los tribunales federales 40 mil del águila cada mes.
Mención aparte merece el hecho de que no se determinó, ni siquiera se mencionó ningún tipo de medidas para combatir la corrupción y la inmoralidad generalizada que campea en todas esas Juntas que, otra vez en el caso de la Ciudad de México, comienza por los presidentes que son designados sin ningún tipo de concurso o carrera Judicial y sin cumplir ninguno de los requisitos que la Ley del Trabajo establece, sino que son nombrados por simple compadrazgo, por nepotismo o como pago de compromisos políticos o partidistas y sin contar con los conocimiento y la experiencia mínima, todo lo cual origina que no posean ninguna autoridad jurídica o moral respecto del personal o de los litigantes.
De nada sirven las prédicas moralizadoras
Los actuarios de la Junta Local tienen establecidas tarifas para cualquier tipo de diligencia que deban realizar, desde 300 pesos por una notificación hasta 2 mil, o en el colmo, un porcentaje de lo cobrado en una diligencia de requerimiento de embargo.
Pero lo más evidente, público e incluso descarado, es que a las mecanógrafas de audiencias se les debe pagar por cada uno de los litigantes un mínimo de 20 y hasta 100 pesos por cada audiencia o por cada oficio que hagan, sin que ninguna autoridad ni auditoría haga absolutamente nada, como tampoco se toman medidas respecto a las cuotas que existen por cada trámite que se realiza en las dependencias de contratos colectivos y huelgas.
También es plenamente conocido, principalmente por las autoridades, desde la Secretaría del Trabajo y hasta los presidentes de las Juntas Federal y Local en la Ciudad de México, que los actuarios están “obligados” a pagar de su peculio la cantidad de 100 pesos diarios y el desayuno a los choferes de la Junta que los llevan a notificar, con lo cual éstos justifican a su vez la exigencia de las dádivas por cada diligencia.
De la violencia e inseguridad que impera en esas instalaciones, por parte de golpeadores profesionales, se puede escribir toda una novela de terror.
Está visto que ni las prédicas cotidianas contra la corrupción ni los sermones moralizadores llegan hasta aquellas olvidadas catacumbas que, dicen, procuran justicia a trabajadores y a sus empleadores.
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