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Columna de opinión

Justicia a destiempo y el uso penal de los litigios familiares

Fred Alvarez Palafox

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Por Fred Álvarez Palafox

 

El dicho popular asegura que «la justicia tarda, pero llega». Sin embargo, en el litigio por la herencia de la empresaria tehuacanense Socorro Romero Sánchez (1916-2009), esa máxima deja un sabor profundamente agridulce.

Originaria de Tonalá, Oaxaca, y radicada en Tehuacán, Puebla, «Socorrito» consolidó desde 1948 una de las principales industrias avícolas y porcícolas del país a partir de una pequeña granja que derivó en el grupo Socorro Romero Sánchez S. A. (SRS). Paralelamente a su trayectoria empresarial, destinó recursos al ámbito educativo, social y religioso mediante el impulso a escuelas, centros de formación femenina como el José María Goretti, la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la restauración de templos dañados por los sismos de 1999. Su labor pública fue reconocida con la presea «Carmen Serdán» en 2001, la medalla al Mérito de la Mujer Empresaria del Congreso de Puebla y la declaratoria de Día de Luto Municipal decretada por el cabildo de Tehuacán tras su fallecimiento el 4 de diciembre de 2009, a los 93 años de edad.

Sin descendencia directa, designó como heredera universal a su sobrina Estela Romero Bringas —quien vivió siempre a su lado— y como albaceas a los hijos de esta: Alfonso —fallecido en mayo de 2023— y Miguel Ángel Celis Romero.

Desde 2012, ese testamento protocolizado dos días antes de su deceso desató una larga disputa en tribunales civiles. En 2016 y 2020, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, exdirigente estatal de Morena en Puebla, promovió recursos para anularlo alegando que su tía carecía de capacidad mental al firmarlo. Para sostenerlo, presentó en 2020 una carta notarial del médico gastroenterólogo Ulises González Hernández, quien afirmó recordar —once años después y sin respaldo de expediente clínico— haberle suministrado dosis de Midazolam; versión que contrasta con los testimonios documentados en mi reportaje La historia de Socorro Romero Sánchez, “La Señorita” (http://www.youtube.com/watch?v=EL1R1Pw1aBs), donde tanto colaboradores cercanos [43:39] como el sacerdote Juan Antonio Pérez Cortés, quien le administró la extremaunción horas antes de morir, dieron fe de que conservó plena lucidez hasta el final [43:06].

Imagen de El Sol de Puebla..

 

Aunque en junio de 2022 la justicia federal dejó sin efectos un juicio intestamentario paralelo, el conflicto escaló al ámbito penal el pasado 9 de abril de 2026: mediante un operativo con elementos de la Fiscalía de Puebla, la Guardia Nacional y el Ejército, fueron detenidos el notario Ramiro Rodríguez Maclub y doña Estela Romero Bringas (q. e. p. d.), de 86 años, acusados de fraude genérico.

Vinculada a proceso y bajo arraigo domiciliario, la salud de la octogenaria se deterioró hasta su fallecimiento el 26 de septiembre.

Siete meses después de aquella detención, el 11 de noviembre, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Puebla otorgó el amparo a Miguel Ángel Celis Romero, al determinar que la acción penal por fraude genérico estaba prescrita y ordenar que se dejara sin efecto la vinculación a proceso.

Conviene ser precisos y objetivos en los alcances de esta resolución: el fallo federal no resuelve el fondo civil sobre la validez del testamento, pero establece con claridad que el proceso penal nunca debió iniciarse porque los plazos legales habían vencido.

Revivir por la vía punitiva un conflicto sucesorio que lleva más de una década dirimiéndose en tribunales civiles desnaturaliza la función del Ministerio Público.

Hoy el expediente penal queda sin sustento jurídico, pero el costo humano ya es irreversible. Por ello, más allá de la disputa patrimonial entre particulares, el caso exige revisar con transparencia si hubo tráfico de influencias o abuso de autoridad desde la Fiscalía estatal. Porque cuando la política entra por la puerta de los ministerios públicos, la justicia termina saliendo por la ventana.

¡Para la memoria inmediata!

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