Requerimos en ésta Cuarta Transformación de la Nación una verdadera justicia constitucional. Muy a pesar de que el Señor Presidente de la República en fechas pasadas envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley Orgánica para mejoras del Poder Judicial Federal, que presumiblemente de ser aprobada por la Cámara de Diputados —que sin duda lo será por un Legislativo sumiso al Ejecutivo— alcanzará la protesta de toda la Abogacía de la República.
Ésta aprobación chocará de manera frontal con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera clarísima todos sabemos lo que sostiene en su numeral 97.
En ésta dicotomía de posiciones jurídicamente encontradas y diametralmente opuestas a nuestro Pacto Federal, no avizoramos otra solución que la justicia constitucional para ese punto grave de conflicto.
Es por ello que la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., sigue sosteniendo que: La consideración de la Constitución como norma directamente aplicable por los tribunales y, por tanto, dotada de consecuencias jurídicas inmediatas y concretas, es una de las inmensas aportaciones del Congreso Constituyente del 17. Dicha asistencia se dió a la luz por aquella necesidad de armonizar y delimitar las competencias de los Poderes de la Unión.
Muy pronto los abogados debemos compenetrarnos a la tarea de defender a nuestra Ley de Leyes frente a los injustos, ignorantes y malos ataques de la Cámara de Diputados.
Cuando los abogados sabemos, comprendemos y entendemos que un artículo transitorio es contrario a los valores y principios que la Constitución consagra y estipula, podemos y debemos intentar anular tal engendro político, expulsándolo de los ordenamientos legales. Así nuestros Tribunales de Justicia se convertirán en interpretes supremos del Pacto de Carranza, desplazando y evitando el criterio de diputados y senadores. Nuestra Suprema Corte de Justicia, si es que no denota sumisión, emitirá la decisión vinculante para todos los mexicanos y con ello se convertirá en el máximo intérprete del Texto Constitucional y ahí la Constitución será lo que la justicia dice que es.
Lafayette, con su cultura, pensamiento y virilidad ya lo dijo: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para la porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.
Nunca como ahora los políticos, diputados y senadores han pisoteado tanto la norma jurídica. Las elecciones que les permitieron acceder a sillas, tribunas y curules, no fueron más que una charada que hoy resulta infamante en planteamientos y resultados.
La derrota a esa ignorancia de ciertos políticos compete a la abogacía, antes de que el pueblo sea insurrecto, somos los togados y México es un semillero de ellos, los que tenemos que exigir hoy más que nunca la existencia de una justicia constitucional que garantice efectivamente los derechos y libertades fundamentales de todos los mexicanos, impidiendo la pervivencia en nuestros ordenamientos legales de normas contrarias a la letra o al espíritu de nuestra Carta Magna y con ello se hará valer y obtendremos un equilibrio entre nuestros Poderes Constitucionales, resolviendo esos conflictos en Justicia Constitucional.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
