Mucho se ha escrito en ésta y en anteriores épocas políticas sobre la justicia, toda la historia del actuar político en últimas décadas demuestra que no se ha logrado procurarla o impartirla de manera perfecta, es decir, exenta de los fenómenos de corrupción, de la incorrecta interpretación y por sobre todo de la subordinación a aquellos caprichos o mandatos jerárquicos los cuales la convierten en una justicia de subordinación.
Por todos los estudiosos presentes y pasados del derecho se sabe que la justicia es el Supremo Valor del Derecho, junto con la seguridad jurídica, el bien común y el orden público.
En éste segundo piso de la llamada Cuarta Transformación de la Nación, los creyentes y/o afines del derecho afirmamos que él debe de concretar la justicia en actos libres de corrupción y subordinación de quienes la procuran e imparten.
La justicia es un fin del derecho y, por lo tanto, luz que lo engrandece y orienta y esa luz no requiere de la subordinación la cual interfiere con esa procuración e impartición, esas injerencias en la esfera jurídica la afectan por la corrupción.
La Primera Magistrada de la Nación, cuenta por mandato Constitucional, con la autoridad para repeler, evitar y cancelar esa interferencia que no se encuentra autorizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese mandato que la propia ley le confiere le otorga la facultad de interferir en aquellas despreciables conductas que la corrompen.
En consecuencia, con un criterio jurídico o político simplemente lógico se puede establecer, con apoyo en la Carta Magna la interferencia máxima para cesar esas conductas que afectan la adquisición de esa justicia reluciente que nuestra Patria requiere.
Las órdenes, que en su caso fueran emitidas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, estarían indiscutiblemente ligadas con la seguridad jurídica y el bien común que requiere nuestra Nación. Ese mandato le concedería un valor inminente a su misión constitucional, ya que el mismo se encontraría orientado en el sentido de garantizar una justicia sin subordinación.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
