La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., ha venido sosteniendo desde siempre, que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, existieron serios conflictos y fricciones en las áreas o demarcaciones donde coincidieron dos intereses diferentes e incluso opuestos como aconteció con la justicia que trató de indagar la responsabilidad jurídica de un importante narcofuncionario absolutamente responsable de la comisión de hechos criminales y, el Poder Ejecutivo, que utilizando todo su imperio, fuerza y poder evitó dicha indagatoria argumentando que la misma afectaba la Seguridad Nacional.
En la historia jurídica reciente es de recalcar y así se hace en las presentes líneas, el fatal enfrentamiento que se produjo entre la justicia y la narco-política a propósito de la investigación de un narco-funcionario protegido por el propio Poder Ejecutivo.
Entre aquél lejano neoliberalismo, pero a la vez próximo, por no querer ser investigado por ésta Cuarta Transformación de la Nación, median varias desgracias de la República. Así la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, de siempre ha venido sosteniendo una posición antijurídica proclive a fin de favorecer a tan execrable acontecimiento y por ende a no indagarlo.
Fueron varios procuradores y ahora el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero que de manera auténticamente ilegal y corruptible han venido sosteniendo que ello no se indaga por la Seguridad del Estado, la cuál estúpidamente han venido sosteniendo como escudo en contra de la ley y la justicia, para con ello brindar una cobertura de impunidad, ilegalidad, injusticia, inmunidad e impudicia al narco-político más notable de la historia jurídica nacional.
Partiendo de lo expuesto, académicos y el Foro Independiente de la República descalifican tan incorrecto actuar, sosteniendo como argumento significativo lo que a continuación se escribe.
Todos aquellos aparatos, organismos, corporaciones e instituciones que por mandato y obligación constitucional deben y tienen que velar por la seguridad nacional, llámense como se llamen, por dignidad institucional y constitucional gozan de lo que en Derecho se conoce como presunción IURIS TANTUM (salvo prueba en contrario), la cuál a dichos entes institucionales les hace ajustarse al más estricto cumplimiento de la ley.
Ahora bien, si existen, como desde luego existen, pruebas que determinen la creación de alianzas con el narcotráfico para conformar lo que jurídicamente se conoce como narco-política desde luego debe de ser investigada cualquier denuncia que sea debidamente sustentada con demostrativas de responsabilidad, dado ello ha de aceptarse también que la protección a la narco-política que le fue otorgada por el neoliberalismo y le ha sido ratificada por ésta Cuarta Transformación cuenta con un límite exiguo e insignificante y que a la vez es máximum: el respeto al principio de legalidad. Traducido a castizo lenguaje, no deben de ser ocultadas aquellas pruebas que constituyen elementos de responsabilidad fundamental para el descubrimiento de actividades delictivas vinculadas con el Estado.
México con motivo de la gravedad e importancia penal de la narco-política ahora exige, se quiera o nó el cése fulminante de toda protección y blindaje a la narco-política.
Basta ya
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
