MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Pareciera que la administración saliente de Enrique Peña Nieto se esfuerza en desbrozar el camino, en materia de juicios de políticos de alto impacto, a la entrante de Andrés Manuel López Obrador, sin recato alguno y en evidente uso de facultades metaconstitucionales.
Bien que Peña Nieto, en el último tranco de su gestión, haya declinado enviar al Senado la terna para designar al Fiscal General de la República, una figura harto debatida y conocida como el “fiscal carnal” que incluso costó el cargo al último procurador General de la Republica, Raúl Cervantes Andrade, quien dejó una papa caliente con el caso Odebrecht.
Cervantes pretendió ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, luego, asumir el cargo de primer Fiscal General de la República, en un trámite en automático al desaparecer la Procuraduría General de la República. Pero el asunto se calentó y manoseó tanto, en una embestida prohijada desde la entonces oposición legislativa, que de plano en la PGR quedó un encargado y Cervantes se fue a la banca.
¿Por qué la importancia de un fiscal General y que sea Andrés Manuel López Obrador quien envíe la terna de los perfiles propuestos a examen en el Senado de la República, una vez que haya rendido protesta como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos?
Porque será responsabilidad de López Obrador contar con un fiscal de supuesta autonomía del Poder Ejecutivo Federal, es decir, del Presidente de la República, para trabajar independiente en la investigación de casos de suyo torales, como es el de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, del que el aún Presidente electo ofreció emitir, en los primeros días de diciembre próximo, un decreto para crear la Comisión Investigadora del caso, y llegar a la verdad y la justicia.
López Obrador se reunió con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, justo ayer cuando se cumplieron cuatro años de los hechos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero.
Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República, ofreció conclusiones con la llamada verdad histórica del caso, que no satisfizo a los padres de familia y derivó en un largo proceso que, en diciembre entrante y conforme con lo dicho por López Obrador, entrará en una nueva etapa que evidencia conceptos justicieros más que de justicia.
Y, mire usted, sin ánimos oficiosos, el caso debió haber sido cerrado en su momento y con la aprehensión y encarcelamiento de personajes que se hicieron de la vista gorda, lo que implica contubernio, frente a lo que era un secreto a voces, la evidencia de que en el estado de Guerrero galopaba la corrupción y una singular sociedad de narco política, de la que el entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero no pudo ser ajeno.
¿Por qué el gobierno federal asumió una responsabilidad que era de los ámbitos estatal y municipal y no desplegó los mecanismos dependientes del CISEN y de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, para dar con los responsables?
¿Se engañó al presidente Enrique Peña Nieto? Mire usted, cuando Joaquín El Chapo Guzmán se fugó de la prisión de alta seguridad del Altiplano, todos los servicios de inteligencia, con el apoyo de la DEA, se desplegaron y se logró la recaptura del capo. Un asunto grave, delicado por sus aristas internacionales, se resolvió en breve tiempo.
¿Por qué no utilizar esos mecanismos para encontrar a los estudiantes desaparecidos, con vida o sus restos, y detener a los responsables? Evidentemente no hubo voluntad política porque jugaron los intereses políticos por encima de la aplicación de la ley en toda su extensión.
Hoy, en uso de facultades metaconstitucionales opera la liberación de personajes como Javier Duarte y la omisión de no llamar a cuentas al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero.
¿Logrará López Obrador contar con un fiscal de verdad y un equipo sin compromisos políticos que resuelva el caso de los estudiantes de Ayotzinapa?
Bueno, por lo menos ha ofrecido más de lo mismo, es decir, crear una comisión especial que, de sacudirse presiones políticas, estará en condiciones de investigar y llamar a cuentas a personajes que, de alguna u otra forma, estuvieron cerca de esas decisiones que llevaron a ganar a un expriista y amigo de Enrique Peña Nieto, la gubernatura del estado de Guerrero con las siglas del PRD y, al cuarto para las doce, la del PAN, y hacer alcalde de Iguala a un comerciante cuyas ligas con el crimen organizado eran públicas.
Es posible que este tema, resolver el enigma del caso Ayotzinapa, sea el golpe que dé López Obrador para demostrar que la aplicación de la justicia, ahora sí, va en serio. Porque los asuntos de la maestra Elba Esther Gordillo y del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que está prácticamente con un pie en la calle, merced a un acuerdo de esos que sólo se logran en las ligas mayores, son temas de delincuencia de cuello blanco, aunque implique latrocinios que perjudicaron a cientos, miles de ciudadanos.
¿Se aplicará la justicia tope donde tope? ¿Ayotzinapa será el golpe del licenciado López Obrador en esto de llegar a la verdad y la justicia?
Bueno, todo indica que esto de enjuiciar a otros ex gobernadores o funcionarios de la actual administración ya no será lo suyo, debido al pacto político que se ha hecho y que se evidencia con esto de no ir contra chivos expiatorios, tal fue el adjetivo que aplicó a Rosario Robles Berlanga.
¿Habrá Comisión de la Verdad que investigará, incluso, a la distancia de medio siglo lo ocurrido en el movimiento estudiantil de 1968 y del 10 de junio de 1971 para concluir con el caso Ayotzinapa? Todo el sexenio será insuficiente para lograr ese objetivo de aplicar justicia, sobre todo cuando incluso presuntos responsables han muerto.
Es posible que vayan a prisión funcionarios de medio pelo, policías corruptos, quizá militares de bajo rango involucrados con el crimen organizado. Y punto. Digo.
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