Por Aurelio Contreras Moreno
Luego de una semana sometida a una intensa presión mediática, política y social, la Procuraduría General de la República presentó –ahora sí- argumentos jurídicos sólidos y suficientes para que el juez que lleva el caso del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa decidiera vincularlo a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A diferencia de lo sucedido el lunes pasado, esta vez el equipo que envió la PGR para realizar la imputación formal contra Duarte durante su audiencia de vinculación a proceso logró acreditar datos de prueba de que el ex mandatario encabezó una “empresa criminal” desde el Gobierno del Estado de Veracruz, misma que operaba con una jerarquía y reglas de disciplina, tipología que sustenta la acusación por delincuencia organizada que mantendrá en prisión a Duarte al menos por los próximos seis meses.
Se preguntará por qué tan poco tiempo. El juez de control Gerardo Moreno García le dio a la Procuraduría un plazo de seis meses para concluir las investigaciones y presentar todas las pruebas de su acusación, de modo que pueda estar en condiciones de dictar una sentencia para Duarte de Ochoa.
El plazo del juez a la PGR vence el próximo 22 de enero de 2018. Exactamente en la víspera de la definición de las candidaturas a la Presidencia de la República y a la gubernatura de Veracruz.
¿Será la política un factor de presión sobre la decisión judicial? Ya se verá entonces.
Mientras tanto, la PGR e incluso la Fiscalía General del Estado podrán recabar mayores pruebas para reforzar el proceso en contra de Javier Duarte. Pero no solo contra él, sino contra sus cómplices, y en particular una: su esposa, Karime Macías Tubilla.
A diferencia del resto de las acusaciones en contra de Javier Duarte y sus colaboradores, en esta ocasión, durante la presentación de los 82 elementos de prueba aportados por la PGR ante el juez, se incluyeron señalamientos directos de la participación de Karime Macías en la red criminal que dispuso de recursos públicos para pagar propiedades, joyas y viajes a todo lujo prácticamente desde que inició aquel sexenio.
A decir de los testigos del caso, los abogados Alfonso Ortega López y Juan José Janeiro, así como el mismísimo ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, Karime Macías tomaba decisiones y giraba instrucciones para los movimientos irregulares de dinero, la adquisición de bienes y el depósito a cuentas bancarias. Incluso ella y el otro operador de Duarte, Moisés Mansur, sin contar con atribuciones legales para hacerlo, daban órdenes a los secretarios de despacho duartistas. Ello consta ya en el expediente de la Causa Penal 97/2016 abierta contra el ex gobernador veracruzano.
Al existir una acusación de este tipo, Macías Tubilla tendría que ser imputada también por la Procuraduría General de la República, pues ya no se trata de rumores o especulaciones. La señora fue señalada dentro del proceso penal en curso como jefa –pues daba órdenes- de la red criminal que devastó al estado de Veracruz en menos de cinco años desde el gobierno. Ya no se puede decir que no hay nada que la vincule con actividades delictivas.
Como suele suceder en estos casos, la red de protección con la que la esposa de Javier Duarte se había mantenido a salvo, está deshaciéndose gracias a sus mismos cómplices, que con tal de salvar el pellejo, no dudaron en implicarla en lo más alto de la toma decisiones de la jerarquía duartista. Algo que, por lo demás, siempre fue sabido en Veracruz.
Karime Macías también debe ser enjuiciada. Y traída desde donde esté para enfrentar a la justicia.
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