El primer ministro japonés, Fumio Kishida, cuyos índices de aprobación han caído a su nivel más bajo desde que asumió el cargo, se disculpó el viernes por los contratiempos en un plan del gobierno para integrar los datos fiscales y de seguridad social de las personas en una sola tarjeta de identificación.
Además de sus problemas antes del fin de semana, uno de los miembros del parlamento de Kishida renunció como viceministro más temprano en el día en medio de acusaciones de que había aceptado sobornos de una compañía de energía eólica.
«Pido disculpas por las preocupaciones que se han extendido entre el público», dijo Kishida en una conferencia de prensa realizada en un intento por aliviar las preocupaciones sobre el plan de tarjetas de identificación.
La frustración pública con el impulso de un solo sistema de tarjeta My Number aumentó después de que salieron a la luz errores en su implementación.
Dichos contratiempos han incluido la vinculación de la información del seguro médico de las personas a la cuenta de seguridad social incorrecta y pagos de asistencia social realizados a la persona equivocada.
Una encuesta del periódico Yomiuri en julio encontró que el índice de aprobación pública para la administración de Kishida había caído a un mínimo del 35% La misma encuesta encontró que el 52% de los encuestados no apoyaba al gobierno.
Más temprano ese día, los fiscales de Tokio allanaron la oficina del legislador gobernante del Partido Liberal Democrático, Masatoshi Akimoto, bajo sospecha de que aceptó sobornos por valor de decenas de millones de yenes, según la emisora pública NHK.
El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció más tarde que Akimoto había renunciado a su cargo de viceministro.
En su conferencia de prensa, Kishida se negó a comentar directamente sobre Akimoto, citando la investigación en curso, pero dijo que estaba «muy decepcionado de que la situación se haya convertido en una que genera desconfianza entre el público».
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que los presuntos sobornos aceptados de una empresa de energía renovable pudieran percibirse como una explotación de la política energética de Japón, Kishida solo dijo que la política energética del gobierno era «inquebrantable».
Las llamadas a la oficina de Akimoto quedaron sin respuesta. El portavoz del gobierno, Hirokazu Matsuno, se negó a comentar y dijo que Akimoto no había hablado con él sobre el tema.
La emisora estatal NHK y otros medios informaron que los fiscales de Tokio sospechan que Japan Wind Development Co pagó sobornos a Akimoto.
La compañía con sede en Tokio se negó a comentar y remitió las preguntas a su abogado. Reuters no pudo comunicarse con el abogado de la compañía para hacer comentarios.
Un abogado que representa al presidente de la empresa negó haber sido sobornado, informó el periódico Sankei.
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