La centralización del poder puesta en marcha en 2018 en un inicio favoreció la narrativa antisistema del obradorismo, otorgando a su titular un amplísimo margen de acción. Sin embargo, de cara a la sucesión presidencial de 2024, esa centralización se fragmentó en aras de un supuesto equilibrio de fuerzas que evitara traiciones y “desviaciones” del programa político.
La táctica resultó eficaz a corto plazo. Sin embargo, en el presente se vislumbra una complejización de la acción la política, particularmente en la esfera de la presidencia de la República. Al parecer, el efecto no deseado de esta fragmentación de poder lograda por el partido Morena es complicar y enrarecer el ambiente político.
Si bien nominalmente Morena controla ya los tres poderes de la Unión, la verdad incómoda es que no se han simplificado las perspectivas. El aplastamiento de la oposición, llevada al extremo con la presidencia de Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República y el turbador zafarrancho durante el cierre de la Comisión permanente, es sólo un ejemplo de cómo la fragmentación política ha metido ruido a la política nacional.
Abordaremos en ésta y subsiguientes entregas como se va estructurando el ajedrez político de cara a la elección presidencial de 2030.
Hoy iniciamos con el Poder judicial a propósito de la entrada en funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia y del Tribuna de Disciplina Judicial que sustituye a Consejo de la Judicatura Federal.
La presidenta Sheinbaum ha declarado su beneplácito por el cambio en el Poder Judicial diciendo, “va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior”. No tan rápido. Bajo el loable lema de “acercar la justicia al pueblo” se pueden colar agendas políticas que poco o nada tienen que ver con la justicia.
La nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de los Poderes Judiciales en las entidades federativas que se han adherido al modelo de reforma, abre vías adicionales para la acción política en México. Hoy nos concentraremos en los escenarios de este reajuste estructural del sistema político mexicano.
“La política es el arte de los posible” es una frase atribuida al estadista español Adolfo Suárez. En efecto, el ejercicio de la política transita por donde las personas con poder de decisión optan entre lo que pueden o no llevar a cabo con los recursos a su disposición. Así, a un mayor poder, mayores resultados es posible obtener. Los sistemas políticos, por definición, tienen elementos recurrentes que permiten a los actores políticos, grandes y pequeños, basar sus cálculos para influir, competir y ajustar alianzas o rivalidades.
El 8 de abril 2008 el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que fortalecía la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Parte importante de la reforma fue la transferencia de la denominada “facultad de investigación” de la Suprema Corte de Justicia, prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución federal, a la CNDH. La reforma cobró vigencia en junio 2011.
El argumento utilizado para este cambio constitucional se basaba en el hecho que dicha facultad que, en muy contadas ocasiones, fue utilizada por la SCJN sin un resultado aparente de justicia. La situación en parte se explica porque se trata de una verdadera “arma política” que podría ser utilizada en contra del Ejecutivo o Legislativo federales, los gobernadores, presidentes municipales o mandos de las fuerzas de seguridad. Es decir, se trata de una facultad muy delicada en el contexto de los pesos y contrapesos de nuestro sistema político.
Dos casos políticamente relevantes de ejercicio de la “facultad de investigación” de la SCJN fueron la matanza de Aguas blancas y la represión en San Salvador Atenco.
“El 4 de marzo de 1996 el presidente de México solicitó a la SCJN ejercer la facultad de investigación por los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995 en “El Vado” de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, donde fallecieron 17 personas y más de 20 resultaron heridas” [1]
“El 9 de agosto de 2006 un grupo de ciudadanos mexicanos y sus representantes solicitaron a la SCJN el ejercicio de la facultad de investigación sobre los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. La Suprema Corte resolvió que dichas personas carecían de legitimación para solicitarla; sin embargo, les otorgó un plazo para aportar elementos que acreditaran la investigación para que, en caso de que alguno de los ministros lo considerase pertinente, solicitara el ejercicio de la facultad” [2]
Como se puede apreciar en la época anterior de la SCJN la facultad de investigación no tuvo mayor relevancia para beneficio de las víctimas.
A partir de 2025, la Suprema Corte de Justicia vivirá nueva época haciendo posible los consensos necesarios que se exigía del Pleno para el ejercicio de la “facultad investigadora”, tomando como base el Acuerdo General núm. 16/2007 que le otorgó reglas de operación a dicha prerrogativa. Existe una homogeneidad ideológica entre “ministras y ministros del pueblo” suficiente para pensar en la posibilidad de regresarle a la Corte esta “función investigadora”.
Toda vez que le dotaría de una fuerza institucional importante para vencer diques y resistencias institucionales a la investigación de casos políticamente relevantes.
En teoría existirían dos vías para que la Corte acceda a este poder.
Primera, existe un apoyo político tácito de sectores contrarios a la presidenta Sheinbaum en ambas cámaras legislativas que, en teoría, podrían apoyar una contrarreforma constitucional para devolver la facultad a la SCJN. Un movimiento que bien podría iniciarse desde el Senado de la República.
Un pretexto para legitimar una eventual reforma constitucional que dé marcha atrás a la transferencia de referencia, podría ser el “ataque” a enemigos políticos del régimen como los ex presidentes Ernesto Zedillo (Aguas blancas) y Peña Neto (Atenco).
Sin embargo, de fondo estaría también una dimensión táctica cuyo objetivo es la candidatura presidencial de MORENA y aliados para 2030.
En otra dimensión política se podría ejercer dicha función para investigar los hechos constitutivos de desaparición forzada por las fuerzas de seguridad en las décadas de los 60, 70 y 80.
Circuló en medios de comunicación y redes sociales la posibilidad de que Vidulfo Rosales, ex defensor de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014, pudiera integrarse a la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
Destaca que ciertas cuentas cercanas al régimen “satanizaron” a Rosales por haber “dirigido” un zafarrancho de normalistas en contra de uno de los accesos a Palacio Nacional en marzo de 2024. Es decir, el oficialismo no vería con buenos ojos la integración de Rosales a la SCJN. Pero eso no necesariamente va a impedir que Rosales u otro perfil similar cuente con el apoyo de la presidencia de la SCJN para efectos de una agenda estrictamente política.
La segunda vía es un “movimiento de poder” en el que la SCJN declara la nulidad de la reforma de 2011, regresando de facto, la facultad investigadora al poder Judicial. Sería una posibilidad que marcaría un antes y un después frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo, posicionando al poder Judicial como actor político de primer nivel.
Las problemáticas históricas arriba referidas (represión política durante el príato, Atenco, Ayotzinapa) podrían convertirse en la justificación histórica para modificar el juego político de la Corte. Un poder Judicial con peso político propio podría generar condiciones objetivas que podrían alterar sustancialmente los cálculos de los principales actores de cara a 2030.
Por ejemplo, se podría buscar cerrarle el paso al secretario de seguridad Omar García Harfuch como proyecto electoral presidencial o para la CDMX. Su figura podría desgastarse si desde la presidencia de la SCJN se organiza una campaña para vincularlo con la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre 2014.
García Harfuch cuenta con un oficio de comisión que le autorizó desplazarse al estado de Michoacán en esas fechas, es decir, no estaba presente la noche de los hechos. Sin embargo, esa premisa podría ser el foco de atención de una “investigación a modo” para afectar su imagen pública.
¿Un escenario así podría ser leído como la reacción a los golpes mediáticos sufridos por “NomediganAndy” López Beltrán en fechas recientes?
Por otro lado, no es ningún secreto que algunos “centros de derechos humanos” con sede en Guerrero, de donde proviene Vidulfo Rosales, han hecho la función de plataformas de apoyo para grupos radicales que operaron hace décadas en la sierra madre de ese estado. Tlachinollan es uno de ellos y su vocación antimilitar es notoria.
Como en política a toda acción deviene una reacción, ciertos sectores militares que actualmente ven con recelo la imagen de García Harfuch podrían optar por una alianza estratégica, alineación del interés político de mantener una imagen pública positiva, frente a una SCJN capturada por la extrema izquierda.
Si desde la ponencia de la presidencia de la SCJN surgen “investigaciones” para aclarar casos de desaparición forzada a partir de los años 60s o 70s, nuestras fuerzas armadas podrían ver afectada su imagen pública, ya de por sí en delicada situación derivada de la lucha contra el narcotráfico. Existen casos más recientes como el de la represión en la ciudad de Oaxaca en 2005 y Nochixtlán, Oaxaca, en junio 2016.
Recordar que tan sólo para el caso de la APPO:
“El ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, presentó ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya información acusatoria que “puede constituir delitos de lesa humanidad” contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como contra el entonces gobernador del estado, Ulises Ruiz, por los abusos y actos de represión cometidos entre 2006 y 2007 en el contexto de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)” [3].
Es decir, habría una lógica política congruente, desde la izquierda radical, para implementar el regreso de la facultad de investigación a la SCJN. La congruencia de esta lógica no se opone al uso interesado de ciertos casos como ariete legal e ideológico. Se podría argumentar como necesidad el regreso de la “facultad de investigación” casos como el ex gobernador Ulises Ruiz y la APPO. Ruiz ha resurgido en cercanía con al proyecto “México nuevo, Paz y Futuro” encabezado por la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y que se presta para inaugurar posibles investigaciones judiciales.
Este análisis busca explorar lo puede llegar a pasar, con base en los antecedentes y posturas de los actores involucrados, a partir de las facultades normativas a su alcance. Como vemos los efectos de la reforma Judicial trae aparejados efectos no previstos que pueden meter ruido al de por sí oscilante proceso político mexicano.
SAGRADAS ESCRITURAS:
Mateo 4:8 – 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.
FUENTES:
[1] https://www.redalyc.org/journal/6761/676171179004/html/
[2] https://www.redalyc.org/journal/6761/676171179004/html/
[3] https://www.jornada.com.mx/2019/05/03/politica/003n2pol
