POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.
En cientos de municipios de México, los alcaldes gobiernan con menos poder del que imaginan sus propios ciudadanos. Entre policías debilitadas, presupuestos que apenas alcanzan para lo básico y decisiones clave que se toman lejos de su territorio, la vida municipal se ha convertido en el eslabón más frágil del sistema político.
En el municipio de San Miguel Totolapan, en la sierra de Guerrero, el alcalde despacha en una oficina que parece más un refugio improvisado que un centro de gobierno para una población de alrededor de 28 mil personas. La policía municipal prácticamente no existe, de los 40 agentes que debería tener según los estándares mínimos, solo quedan 12, mal pagados y sin equipo. El tesorero, por su parte, revisa una y otra vez las cuentas esperando que llegue la transferencia federal del mes, porque sin ella no hay forma de pagar nómina ni recoger la basura. Los vecinos reclaman alumbrado, agua y seguridad, pero el gobierno local apenas puede sostener lo básico. Esta escena, que podría parecer excepcional, se repite en cientos de municipios del país.
A más de 600 kilómetros, en Zapopan, Jalisco, la escena es distinta. Una población de casi 1.6 millones de habitantes, cuenta con una policía municipal de las mejor evaluadas del país, la recaudación del predial supera la media nacional y el ayuntamiento presume programas de participación ciudadana que influyen en el presupuesto anual. “Aquí sí sentimos que nuestras decisiones cuentan”, comenta Laura, vecina de la colonia Arboledas. La diferencia entre ambos municipios no es solo económica, es estructural.
La vida municipal en México se ha convertido en el eslabón más frágil del sistema político. Aunque la Constitución reconoce a los municipios como la célula básica de la organización territorial, en la práctica su poder se ha ido reduciendo hasta niveles que comprometen su capacidad de gobernar. La combinación de violencia criminal, una creciente tendencia hacia la centralización y el ahogo fiscal ha dejado a muchos gobiernos locales sin herramientas para responder a las necesidades de su población.
El primer factor estratégico es la seguridad pública. Más de 600 municipios del país, según datos oficiales, no cuentan con una policía operativa, ya sea porque fue desarmada, absorbida por fuerzas estatales o simplemente abandonada por falta de recursos. En estados como Veracruz, Michoacán o Zacatecas, la presencia de grupos criminales ha llevado a que los gobiernos locales pierdan control territorial, y en algunos casos, incluso la capacidad de tomar decisiones sin presiones extrainstitucionales.
En teoría, las policías municipales son responsables de la vigilancia cotidiana, la proximidad con la comunidad y la prevención del delito. En la práctica, están debilitadas, desaparecidas o totalmente intervenidas por la delincuencia organizada. Tal y como ha quedado al descubierto con las nóminas del extinto capo Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”.
El segundo factor es financiero. Aunque los municipios son responsables de servicios esenciales como agua potable, alumbrado, recolección de basura, mantenimiento urbano, más del 80% depende casi por completo de transferencias federales y estatales.
La recaudación fiscal propia es mínima. Por ejemplo, el impuesto predial, que en otros países es la base de la autonomía municipal, en México aporta apenas una fracción del presupuesto. Los alcaldes gobiernan con recursos escasos, quedando al margen de los calendarios y partidas, con reglas y recortes que se deciden lejos de su territorio.
Para entender la magnitud del problema, basta revisar el presupuesto de un municipio promedio. El pago de nómina, servicio de deuda y los servicios básicos, absorben la mayor parte del presupuesto. En muchas regiones, menos del 10% del gasto puede destinarse a obras o proyectos nuevos. La inversión pública queda limitada a las transferencias del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Políticas públicas cuyos requisitos burocráticos muchas veces marginan los ayuntamientos con mayor necesidad. Así, los gobiernos locales se convierten en administradores de la escasez, no en motores de desarrollo.
La centralización también juega un papel clave. La visión de la 4T ha llevado a que los programas federales hayan absorbido funciones que antes eran municipales. Así desde la gestión de obras pequeñas en las comunidades hasta la operación de programas sociales. Tal actitud ha reducido aún más el margen de acción local. Para algunos especialistas, esta tendencia responde a una lógica política: concentrar decisiones en el nivel federal permite mayor control y visibilidad, pero debilita la capacidad de respuesta en el territorio.
Una revisión de los artículos publicados por la politóloga de El Colegio de México María del Carmen Pardo, especialista en administración pública, sobre el municipio puede resumirse en la siguiente paradoja: demasiadas responsabilidades con tan pocas capacidades. Afirmación que hace eco del diagnóstico realizado por organismos internacionales que han advertido que la debilidad municipal es uno de los principales obstáculos para mejorar la gobernanza en México.
Sin embargo, no todo es desolación. Hay municipios que han logrado innovar pese a las limitaciones. En lugares como Mérida, Yucatán, San Pedro Garza García, Nuevo León, además del citado Zapopan, la combinación de recaudación eficiente, profesionalización administrativa y participación ciudadana ha permitido construir gobiernos locales más sólidos. Estos casos muestran que el fortalecimiento municipal no es una utopía, sino una posibilidad real cuando existen condiciones políticas y financieras adecuadas.
El contraste entre estos municipios y aquellos que apenas sobreviven revela una brecha profunda en la calidad del gobierno local en México. Mientras unos pueden planear a largo plazo, otros viven al día. Mientras unos invierten en infraestructura, otros luchan por mantener encendidas las luminarias. Mientras unos fortalecen su policía, otros dependen de fuerzas externas para garantizar la seguridad mínima.
Algo queda claro. Si bien el federalismo mexicano establece como principio que los municipios son la base de la organización territorial, la realidad es muy diferentes. La consecuencia es un país donde los gobiernos más cercanos a la ciudadanía son también los más débiles.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿puede un país funcionar bien si la base de su estructura territorial está debilitada? Y más aún: ¿qué tipo de futuro puede construirse cuando los gobiernos más cercanos a la ciudadanía son también los más vulnerables?
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