José Alberto Sánchez Nava
“El gobierno de López Obrador quedará marcado en la Historia de México como un símbolo de opacidad en el manejo y desvío de recursos públicos”
1.-En medio de las discusiones presupuestarias del 2024, surgió nuevamente a la luz un tema que ha sido motivo de controversia y desconcierto para los mexicanos: el avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón. En una jugada que despierta preocupantes interrogantes y decepción en el manejo gubernamental de los recursos públicos, el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año que transcurre, revela una asignación de más de 500 millones de pesos destinados al pago de arrendamiento de la aeronave, extendiéndose hasta el vencimiento del contrato en el 2027.
2.-Al respecto, debemos recordar que el contrato de compraventa del avión presidencial y la documentación de las negociaciones entre los gobiernos de México y Tayikistán para la transacción fueron declaradas como información confidencial y bajo reserva por el gobierno federal y se podrán conocer hasta 2028. Lo único que se sabe por declaraciones del Presidente, es que el dinero se invertiría en la construcción de dos hospitales del IMSS Bienestar con 80 camas cada uno, que serán inaugurados antes de terminar el Gobierno de la Cuarta Transformación, y que estarán ubicados en Tlapa, Guerrero y Tuxtepec, Oaxaca.
Lo cual es de imposible jurídico por ser inconstitucional puesto que de acuerdo a los lineamientos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente, ningún recurso obtenido como ingreso ya sea ordinario o extraordinario, se puede aplicar de forma discrecional por parte del ejecutivo si este no se encuentra asignado ya se encuentra previsto en el presupuesto, de no ser así, el gasto público sería un caos. Por tanto el tema del avión presidencial tanto su venta, su rifa, y su opacidad en la rendición de cuentas, implica un desvió de recursos públicos en perjuicio del erario público.
3.-Es por esa razón, que lo preocupante no radica simplemente en la persistencia de este gasto, sino en la sombra de incertidumbre que envuelve al presunto acuerdo de arrendamiento. La venta proclamada por el gobierno, que se esperaba aliviaría las finanzas nacionales, no solo no se materializó, sino que ahora la nación continúa desembolsando recursos para un activo que supuestamente ya no debería ser parte pasiva a cargo del erario público.
4.-En un escenario ideal, la concreción de la venta del avión presidencial debía haber significado su salida de los gastos recurrentes del presupuesto. Sin embargo, este hecho contradice esa expectativa, manteniendo vigente una partida presupuestaria que, irónicamente, no cubre el monto de liquidación del arrendamiento. Esta situación plantea un serio cuestionamiento: ¿seguimos los mexicanos financiando un activo que es aprovechado por otro país a través de un subarrendamiento del cual se nos priva el conocimiento de sus condiciones reales hasta el 2028?
5.-La opacidad que rodea este asunto genera una sensación de engaño y frustración en la ciudadanía. La falta de claridad sobre los términos y condiciones del supuesto acuerdo de compraventa que a su vez parece subarrendamiento deja al país en una posición de desventaja, sin conocer realmente qué beneficios o compromisos conlleva para México.
6.-Este episodio se convierte en una dolorosa reminiscencia de una promesa electoral que, lejos de cumplirse, ha dejado al país sumergido en un enigma financiero. El avión presidencial, en lugar de convertirse en un activo liberado del erario público, continúa siendo un lastre financiero bajo el manto de una supuesta venta, evidenciando un desacuerdo entre el discurso político y la realidad administrativa.
7.-La persistencia de este gasto, en medio de una reserva de información que se extiende hasta el 2028, representa un desafío para la transparencia y la rendición de cuentas, pilares fundamentales en una democracia saludable. El pueblo mexicano merece claridad y transparencia en asuntos que impactan directamente en las finanzas nacionales.
8. El gobierno a solo meses de concluir de López Obrador, quedará marcado como un símbolo de opacidad en la historia de México. Proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas, Segalmex y la cancelación del aeropuerto de Texcoco, representan un monto significativo de 164 mil millones de pesos en gastos públicos por esclarecer, según la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, esta cifra apenas rasca la superficie de una complicidad perversa, evidenciada por las numerosas irregularidades, fraudes y conflictos de interés documentados pero aún no esclarecidos por el gobierno federal.
