MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Creada a instancias de los propios legisladores federales en el ánimo de la estricta fiscalización y transparencia del gasto público, la Auditoría Superior de la Federación, desde el año 2000, cuando una reforma legal le dio vida, se convirtió en un órgano incómodo para la administración pública y todos los entes que reciben dineros públicos.
El primer auditor superior, Arturo González de Aragón, se quejó recurrentemente por el bajo presupuesto asignado anualmente a la ASF, que implicaba un impedimento para ampliar el abanico de entes públicos auditados, situación que generaba ínsulas de opacidad por donde se fugaban miles de millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Así, la Auditoría no alcanzaba con mucho los niveles mínimos internacionales de fiscalización; además, merced a que no se impulsaba reformas que adecuaran los tiempos de rendición de cuentas del sector público federal, las auditorías se realizaban extemporáneamente y, con ello, se facilitaba la impunidad.
Empero, no obstante que se han acortado los tiempos, prevalecen espacios de opacidad, aunque lo cierto es que gracias a reformas impulsadas en el Legislativo la ASF tiene un abanico más amplio de facultades, lo que indudablemente incomoda en la administración pública en los tres niveles de gobierno y entes receptores de recursos del erario federal.
Las denuncias de desviaciones de dineros públicos hacia áreas no especificadas o triangulados con empresas fantasmas y gastos no realizados, mas sí cobrados, han generado incomodidad en el sector público pero se han convertido en elemento del escándalo político y fundamento para perseguir y encarcelar a funcionarios del nivel de gobernadores.
Sin embargo, debido a la ausencia de consensos entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, desde el pasado 31 de diciembre de 2017, la Auditoría Superior de la Federación carece de titular; sus tareas están bajo la responsabilidad del auditor especial de Cumplimiento Financiero, Juan Javier Pérez Saavedra.
Y es que, cumplido el periodo (2009-2017) de gestión del auditor Juan Manuel Portal Martínez, para evitar un vacío de poder en las delicadas tareas de la ASF, se debió recurrir a lo previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y el Reglamento Interior de éste órgano fiscalizador, para que Pérez Saavedra asumiera temporalmente, como encargado de la oficina del auditor superior.
No hay un plazo previsto en dicha disposición, aunque tampoco se establece que sea por tiempo indefinido.
El caso es que la renuencia de las principales bancadas para llegar a acuerdos en el periodo ordinario de septiembre-diciembre del año pasado, provocó esta situación en los 14 años de gestión de dos auditores que, desde el año 2002, una vez promulgada dos años antes la ley reglamentaria que dio origen a la ASF y desapareció a la Contaduría Mayor de Hacienda, que databa del siglo XIX.
Y es que, para elegir al auditor superior se requiere de mayoría calificada de los integrantes del pleno de la Cámara de Diputados, como ocurrió con la elección del primer auditor Arturo González de Aragón, en el periodo 2002-2009, y de Juan Manuel Portal Martínez, cuya gestión inició en 2009 y concluyó el 31 de diciembre del año pasado.
Es posible que este jueves, en la sesión del pleno cameral en el Palacio Legislativo de San Lázaro, finalmente sea votada la terna de aspirantes a suceder a Portal Martínez, pese a que ayer no hubo consenso entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; incluso, una conferencia de prensa anunciada al término de la reunión de esa instancia legislativa, se canceló y cada coordinador parlamentario salió por su lado.
De acuerdo con el coordinador de loa diputados federales del PRD, Francisco Martínez Neri, la Junta acordó que, este jueves, se votará mediante cédula la terna para designar al auditor para el periodo 2018-2025.
La terna que se votará está integrada por Salim Arturo Orci Magaña, David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel José Trinidad Saldívar, los finalistas de entre 41 aspirantes que se registraron y fueron entrevistados por los diputados.
¿Por qué la renuencia a llegar a los consensos? La oposición legislativa duda de la imparcialidad y el perfil de los tres finalistas; hay suspicacias porque estiman que el PRI estaría blindándose en la fiscalización de la cuenta pública del último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin duda, la ASF es un órgano incómodo creado por los partidos políticos que hoy tienen sospechas de su imparcialidad futura; ¿alguien quiere evitar darse un tiro en el pie? Conste.
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