José Alberto Sánchez Nava
“El acceso a las vacunas es un derecho fundamental que no puede ser condicionado por la capacidad económica. La lucha por la equidad en la atención médica y la defensa de los derechos humanos debe trascender los intereses particulares y erigirse como un compromiso inquebrantable del Estado y la sociedad en su conjunto”
1.-En la esencia constitucional de México, se encuentra la promesa solemne de salvaguardar los derechos humanitarios de cada individuo. El artículo primero de nuestra Constitución establece de manera inequívoca la protección de estos derechos fundamentales, erigiéndose como faro moral que guía nuestras acciones como sociedad. No obstante, nos enfrentamos a una encrucijada alarmante que desafía estos principios básicos: la falta de acceso equitativo a vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud.
2.-El escenario actual pone de manifiesto una brecha insostenible entre la posibilidad real de acceder a la vacuna Pfizer, reconocida internacionalmente por su eficacia, y la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población mexicana. Este desequilibrio económico ha derivado en una privatización implícita del acceso a la seguridad sanitaria, lo que vulnera el derecho a la salud consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna, sino que también atenta contra los preceptos universales de los derechos humanos, en términos del artículo primero de nuestra Constitución.
3.-El acceso a la atención médica y a las vacunas esenciales no puede convertirse en un privilegio exclusivo de aquellos con medios económicos, mientras se deja desamparada a una gran parte de la población que lucha día a día por subsistir. La privatización del acceso a la salud no solo es una afrenta a los principios éticos básicos, sino que contradice los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos.
4.-El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son claros al establecer que los servicios básicos de salud deben ser accesibles para todos. Esto incluye no solo la atención médica, sino también el suministro de medicamentos y vacunas esenciales. El acceso equitativo a las vacunas no es solo un tema de salud pública, es un derecho humano inalienable que el Estado tiene la obligación de garantizar.
5.-La ausencia de un suministro equitativo y asequible de vacunas vulnera la esencia misma de nuestra democracia constitucional. En un país que se enorgullece de su legado de derechos y justicia, resulta inadmisible tolerar la mercantilización de la salud, un pilar fundamental de la dignidad humana.
6.-Ante esta situación, se vislumbra la posibilidad de una acción colectiva: los amparos masivos como mecanismo de defensa de los derechos humanos vulnerados. La falta de garantías y el incumplimiento estatal de proveer acceso a vacunas esenciales, reconocidas internacionalmente, podrían ser motivo de una movilización jurídica sin precedentes. Los amparos masivos podrían ejercer presión sobre las instancias gubernamentales para que cumplan con su obligación de garantizar el derecho a la salud para todos los mexicanos, sin distinción de estatus económico.
7.-Con base a lo anterior se puede deducir con meridiana claridad, que el acceso a las vacunas es un derecho fundamental que no puede ser condicionado por la capacidad económica. La lucha por la equidad en la atención médica y la defensa de los derechos humanos debe trascender los intereses particulares y erigirse como un compromiso inquebrantable del Estado y la sociedad en su conjunto. La omisión en la protección de estos derechos no solo afecta a los individuos marginados, sino que erosiona los cimientos mismos de nuestra convivencia democrática y constitucional.
8.-El poder judicial tiene una tarea crucial en esta coyuntura: ser el guardián de los principios constitucionales y de los derechos humanos. La promoción de amparos masivos se presenta como un recurso legítimo para exigir que se respeten los preceptos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, puesto que resulta ineludible que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de la salud de la población, sin discriminar por razones económicas. La priorización de la vacuna Pfizer, por su eficacia y reconocimiento internacional, debería ser una estrategia esencial para asegurar la inmunización efectiva de los grupos más vulnerables, como los niños y adultos mayores.
9.-El llamado es claro: es hora de que el Estado mexicano actúe en consonancia con sus compromisos constitucionales y garantice el acceso equitativo a las vacunas, protegiendo así uno de los derechos más elementales y vitales: el derecho a la salud de cada uno de sus ciudadanos. La emergencia sanitaria global ha evidenciado las desigualdades existentes en nuestra sociedad, destacando la fragilidad del sistema de salud y la necesidad urgente de políticas inclusivas y accesibles para todos. La pandemia no puede convertirse en un escenario propicio para la exacerbación de las brechas sociales, sino que debe ser el catalizador de acciones contundentes y solidarias por parte de las autoridades.
10.- La sociedad civil también desempeña un papel vital en este escenario. La movilización ciudadana, la presión social y la concientización colectiva son pilares esenciales para demandar un acceso equitativo a las vacunas, con el objetivo de asegurar que la salud no sea un privilegio para unos pocos, sino un derecho garantizado para todos los habitantes del país. En conclusión, la privatización encubierta del acceso a la salud mediante la limitación del acceso a vacunas es un desafío que no puede ser ignorado. Urge una acción conjunta y coordinada entre los distintos poderes del Estado, la sociedad civil y la ciudadanía en general para garantizar que la salud sea un derecho humano protegido y no un privilegio reservado para unos pocos privilegiados.
