La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un duro golpe a la política de seguridad del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, al decidir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe solicitar un pedido formal a un gobierno extranjero antes de poder congelar cuentas. Esta medida afecta directamente la estrategia de García Harfuch para combatir el tráfico de fentanilo, que incluye rastrear el flujo de dinero hacia las redes delictivas.
Hasta ahora, la UIF podía actuar solo con información sobre investigaciones en curso de agencias extranjeras. Sin embargo, las nuevas exigencias complican el proceso, ya que a menudo estas órdenes requieren de judicializaciones previas, lo que puede alertar a los sospechosos y darles oportunidad de eludir la justicia. Esta situación ha levantado serias dudas sobre la efectividad del plan de García Harfuch, quien había prometido a la consejera de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, que continuaría siguiendo el rastro del dinero vinculado al fentanilo.
Desde el Gobierno, se percibe esta decisión de la Corte como una represalia por el rápido avance de las leyes secundarias de la reforma judicial en el Congreso. Se espera que, de no haber cambios, la reglamentación de la reforma quede aprobada este fin de semana. Este escenario ha llevado a que el Poder Judicial emita 82 trámites de amparo contra la reforma desde el 23 de septiembre, lo que podría paralizar la actividad en los tribunales y generar un impacto económico negativo de más de 8,000 millones de pesos.
Por otro lado, la ministra Norma Piña, en medio del conflicto, ha mostrado una postura cada vez más política. A pesar de sus reuniones con senadores de Morena, el avance de las leyes secundarias sigue su curso, y la Corte ha emitido fallos que van en contra del Gobierno, incluyendo un revés contra la reforma eléctrica respaldada por Claudia Sheinbaum.
La tensión entre el Poder Judicial y el Gobierno podría incitar a los ministros a explorar interpretaciones más audaces de la Constitución, lo que complicaría aún más el panorama para las reformas en curso. En este contexto, el oficialismo mantiene su enfoque en la centralidad electoral, como se evidencia en los 35 millones de votos que obtuvo en las recientes elecciones, en contraste con la baja afluencia a las marchas en defensa de los jueces.
Mientras tanto, el sector empresarial se encuentra en un estado de incertidumbre. Aunque el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, se reunió con Sheinbaum, persisten las dudas sobre el clima de inversión. La presidenta busca atraer capital privado para aliviar el déficit en las cuentas públicas, pero la inestabilidad del marco jurídico relacionado con las reformas genera recelo entre los inversionistas. Esta contradicción es especialmente evidente en el sector energético, donde las inversiones a largo plazo requieren un entorno más seguro y predecible.
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