DE PRIMERA MANO
- Consejero Jaime Rivera saca la cara
Por Omar Zúñiga
“Pero la ilegalidad encontrada o manifiesta en nuestras voces o por otras voces no nos debe de llevar a este Instituto a intentar salir adelante con otra ilegalidad”.
Esta joya filosófica en la era moderna de nuestro país se la debemos a la maestra Guadalupe Taddei, consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, en la votación en la que el Consejo General del INE, por 6 a 5, aprobó multar a los jueces y magistrados que aparecieron en los mentados acordeones, incluidos por supuesto, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En resumidas cuentas, las sanciones pecuniarias, se impusieron de acuerdo al grado en que habrían violentado la ley, apareciendo tanto en acordeones físicos como digitales, es decir, asegún el sapo es la pedrada.
Así las cosas, para la Suprema Corte, la sanción más alta es para Loretta Ortiz, por 255 mil 017 pesos; sigue Yasmín Esquivel (la ministra del plagio) por 190 mil 980 pesos; Sara Irene Herrerías por 138 mil 030 y María Estela Ríos por 125 mil 811 pesos.
Giovanni Figueroa por 94 mil 358; Lenia Batres Guadarrama con 89 mil 380 pesos; Arístides Guerrero por 80 mil 555 pesos; quien presidirá la SCJN Hugo Aguilar, con 79 mil 424 pesos y al fondo, Irving Espinosa Betanzo, con 79 mil 198 pesos.
No queda títere con cabeza, todos y cada de los unos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los próximos 12 años son sancionados, porque les encontraron mayor o menor grado de culpabilidad.
Estamos, pues, ante la Corte de los tramposos.
Y aún con esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, defendiendo lo indefendible, asegura que esto es mejor que el antiguo sistema de elección.
Todo cobra sentido a cada momento.
Convalida una ilegalidad que será la encargada del máximo tribunal del país y que además será depositaria del Poder Judicial de la República.
Ellos, los llamados constructores de la Cuarta Transformación, como José Alfredo, viven en un Mundo Raro.
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Para documentar el optimismo, el consejero Jaime Rivera (que dicho sea de paso, votó a favor de este dictamen y en contra de declarar válida la elección judicial) , advirtió que la distribución de acordeones sólo sería posible con el respaldo de grupos de poder político, ya sea partidos o incluso crimen organizado, lo cual suplanta la voluntad ciudadana.
“Tales entes políticos u organizaciones pudieron ser: gobiernos, partidos políticos, gremios asociados a partidos o grupos delincuenciales, obviamente, todos ellos tienen prohibido por la ley tal intervención en esta clase de elecciones”. Uuuufff.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
